MADRID, 8 (EUROPA PRESS)
"En España, contrariamente a lo que sucede en la inmensa mayoría de los países, está reconocida en nuestra Constitución y regulada en diversas normas de nuestro ordenamiento jurídico la asistencia jurídica gratuita como servicio público", recuerdan en un comunicado, para luego añadir que ese servicio va destinado "a todas aquellas personas que carezcan de los necesarios recursos para costearse dicha asistencia".
Tras apuntar que la gestión de ese servicio está encomendada a los colegios de abogados, indican que hay más de 45.000 abogados prestando esta asistencia en el país, y que de ellos, más de 5.300 lo hacen en el Turno de Oficio de la Comunidad de Madrid, a los que suma 176 para los Servicios de Orientación Jurídica.
"Estos profesionales están permanentemente a disposición de todos los ciudadanos que, conforme a las disposiciones legales, tengan derecho a recibir esta asistencia jurídica gratuita, en cualquiera de los órdenes civil, penal, social y contencioso administrativo, especialmente en estos momentos de grave crisis sanitaria y económica", insisten.
En este sentido, hacen un llamamiento a los abogados y a los diferentes despachos a que "respeten y conozcan" este tipo de servicios públicos y gratuitos a los que tienen derecho los ciudadanos, en alusión a los ofrecimientos de bufetes que buscan representar a afectados de la pandemia por coronavirus.
Desde el ICAM añaden que si bien se "puede aceptar la intención loable de algunos de los abogados y despachos colectivos que han ofrecido públicamente asesoramiento gratuito al conjunto de la ciudadanía", esa ayuda puede ser innecesaria y "colisiona con el trabajo de los cerca de 5.500 abogados que voluntariamente están adscritos a los diferentes servicios de asistencia jurídica gratuita en Madrid".
Al hilo, recuerdan que cualquier abogado que así lo desee y cumpla con los requisitos a los efectos establecidos, entre ellos los de la necesaria especialización, "puede incorporarse al Turno de Oficio del ICAM". Además, señalan que "las normas deontológicas son de obligado cumplimiento para todos los abogados (...) con independencia de la intención que abrigue sus decisiones".
"Por ello, cualquier actividad jurídico-asistencial que se realice o pretenda realizarse en estos difíciles momentos por los que atraviesa la sociedad española deberá respetar tales parámetros y, además, deberá acomodarse a lo dispuesto en la normativa deontológica, respetando así los preceptos que proscriben determinadas prácticas publicitarias y de competencia que pudieran merecer el calificativo de desleales", concluyen.
