MADRID, 18 (EUROPA PRESS)
La decisión se adopta en plena paralización de nombramientos por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que adoptó esta inédita decisión el pasado 16 de enero "en la confianza de una pronta renovación de la institución, una vez constituidas las Cámaras después de las últimas elecciones generales y formado Gobierno", tras constatar que la falta de acuerdo entre PSOE y PP impide por el momento la designación de los nuevos vocales por el Congreso de los Diputados.
Actualmente, entre las plazas pendientes de nombramiento por el CGPJ dos corresponden a las Presidencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y de la Audiencia de Orense, y otras tres en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
FÓRMULA A LO SALA DEL 61
La fórmula adoptada, que aún debe ser redactada, se denomina "propuesta de sustitución para cuando una sala o sección tenga que ser completada por magistrados de otra", y completa criterios de formación en las cinco Salas del alto tribunal (Civil, Penal, Contencioso-Administrativa, Social y Militar).
El sistema imita la denominada Sala del artículo del 61, que integra a los magistrados más mayores y más jóvenes de todas las salas y tiene competencias en asuntos como el enjuiciamiento de miembros de la cúpula judicial.
Así, y ante la falta de magistrados que pueda darse en alguna de las Salas, por estar éstos 'contaminados' para entender de los asuntos o bien por bajas de enfermedad, se establecerán unos turnos de modo que el tribunal en cuestión se complete con los magistrados más mayores de otras Salas diferentes, excluyendo a sus presidentes. Se establecería además un turno por salas, de modo que la primera en acudir para buscar sustitutos sería la Primera (de lo Civil) y la última la Quinta (de lo Militar).
La advertencia de Marchena ante la magistrados en lo Penal tiene su origen en el hecho de que, actualmente 13 de los 15 magistrados que integran la Sala de lo Penal ya hayan tenido relación con este asunto en sus fases de instrucción o enjuiciamiento. La hizo pública a mediados del pasado mes de octubre ante la Comisión de Calificación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), donde presentó su proyecto para ser renovado en el cargo por otros cinco años.
Así, apuntó que a los 7 magistrados que han integrado la Sala del procés hay que sumar al instructor, Pablo Llarena, a los tres magistrados de la sala de recursos durante la instrucción, otro magistrado que sustituyó a uno de ellos que se puso enfermo y la juez Carmen Lamela --contaminada por haber instruido la causa contra el mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluis Trapero en la Audiencia Nacional--.
Existe necesidad de renovación pese a que, como ya apuntó el propio Marchena en su momento, existe jurisprudencia del Tribunal Constitucional que avalaría que los mismos siete magistrados que vieron la causa contra el exvicepresidente Oriol Junqueras y los otros 11 líderes independentistas pudiera enjuiciar a los huidos. Añadió que, no obstante, lo cierto es que esta circunstancia sitúa actualmente a la Sala de lo Penal del Supremo en una "situación difícil".
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