VALLADOLID, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -
Esta iniciativa se enmarca en un convenio firmado con la Diputación de Valladolid que contempla también la mediación vecinal comunitaria de un letrado en aquellos municipios de menos de 20.000 habitantes y la ampliación a toda la provincia del Turno de Segunda Oportunidad del Icava.
Con el objetivo de hacer ver a los jóvenes "qué comportamientos pueden suponer un delito" y advertir de las consecuencias penales de determinadas acciones que los menores "no suelen considerar peligrosas", los letrados del Icava recorrerán los colegios y asociaciones juveniles de la provincia para impartir charlas de asesoramiento legal a jóvenes, según ha destacado el decano del Colegio, Javier Garicano, durante la presentación de este acuerdo firmado el pasado mes de diciembre con la Diputación.
Entre el jueves y el viernes, estos 220 abogados han asistido a las jornadas formativas del ICAVA, donde la psicopedagoga y trabajadora social Cristina Crespo ha mostrado las distintas estrategias psicopedagógicas para llevar a cabo con jóvenes junto a la fiscal de Menores María Teresa Vicente Calvo, quien se ha encargado de la parte jurídica.
Los abogados que han realizado el curso --no orientadas a la parte jurídica sino a "cómo tratar a los jóvenes", como ha precisado Garicano-- pasarán a formar parte de una bolsa creada para impartir sesiones informativas y coloquios-debates en centros educativos, asociaciones juveniles, puntos de información y colectivos de la provincia de Valladolid.
"Muchos jóvenes desconocen que ciertas acciones suponen un delito y es importante que estén bien informados", advierte el responsable de los servicios del turno de oficio del Icava, Javier Martín, quien ha puesto como ejemplo que presentarse por otro a un examen conlleva penas de seis meses a tres años", mientras que "algunos de los casos más graves, como homicidios imprudentes, lesiones, violaciones o robos, están penados con prisión de uno a seis años".
Sin embargo, Martín ha advertido de que existen delitos "menos conocidos" que también pueden suponer penas de cárcel, como negarse a realizar un control de alcoholemia (de seis meses a un año), amenazar a padres o hermanos (de seis meses a un año), denunciar algo falsamente y lucrarse de ello (de seis meses a tres años) o mentir en un juicio o en una declaración judicial (de seis meses a dos años). "La pena es para el joven, pero la indemnización por responsabilidad civil es para los padres", ha apuntado Martín.
MEDIACIÓN VECINAL
El convenio con la Diputación recoge también la mediación vecinal en la provincia de Valladolid, un servicio de resolución de conflictos completamente gratuito por el que los vecinos podrán contar con el servicio de mediación del Colegio de Abogados en casos como los problemas de proximidad vecinal, de utilización de espacios y mobiliario público, de convivencia, de asociaciones y de asuntos familiares intergeneracionales.
Los encargados de llevar a cabo esta labor serán los profesionales que forman parte del Centro de Mediación del Colegio de Abogados de Valladolid (Cemicava), que funciona desde 2015 y que actualmente está formado por 46 letrados.
Este organismo, especializado en mediación civil y mercantil, trabaja con proyectos en los juzgados de primera instancia de Valladolid, la Audiencia Provincial y el juzgado de Medina de Rioseco.
Por otro lado, el acuerdo se completa con el asesoramiento jurídico y la atención legal a ciudadanos con sobreendeudamiento y en riesgo de exclusión, según recoge la Ley 25/2015 de Mecanismo de Segunda Oportunidad.
De esta manera, la labor del Turno de Segunda Oportunidad, creado en Valladolid en 2016 "de forma pionera a nivel nacional", se ampliará a toda la provincia. Los profesionales informarán a los ciudadanos sobre las herramientas legales que están a su disposición, entre las que se encuentran los acuerdos con sus acreedores y un calendario de pagos.
El vicepresidente de la Diputación, Víctor Alonso, ha destacado las ventajas de este convenio para "ayudar a los vecinos" de la provincia en aspectos como la reducción de procesos judiciales que "no evitan el conflicto" y que "se puede resolver mediante el acuerdo" o la segunda oportunidad para que las familias puedan disfrutar de una "vida normal" a pesar de las dificultades económicas que puedan padecer.
