TODO EN MANOS DEL TRIBUNAL SUPREMO
A la vista de la sentencia dictada ayer por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, debe precisarse lo siguiente:
1) El relato construido por las defensas a raíz de su publicación es falso de toda falsedad. Entre otras cosas porque no distinguen entre la inmunidad estricta y la necesidad de permitir el acceso a la condición de diputado de Oriol Junqueras, que son cosas distintas. El Tribunal Supremo sigue teniendo un amplio margen de acción.
2) El TS no está obligado indefectiblemente a poner, en este momento, en libertad a Junqueras. Una lectura estricta de la sentencia lo que exigiría, en todo caso, es someter a la consideración del Parlamento Europeo la gravedad de su puesta en libertad para los intereses de la justicia, y esperar su decisión.
3) Puede también el TS no hacer nada si considera que carece de sentido plantear un suplicatorio cuando existe una condena firme, y se da la paradoja de que el señor Junqueras ha sido inhabilitado. Es una decisión arriesgada, y podría tener consecuencias muy negativas en el devenir judicial, pero puede defenderse de forma razonable. El Supremo tendrá que estudiarlo con detenimiento.
4) Aun con esta resolución, Carles Puigdemont sigue siendo un rebelde a la Justicia española, carece de estricta inmunidad y se encuentra en flagrante delito, con lo que ello supone si volviera a España. Al Tribunal Supremo le queda ahora una impresionante labor, pero no hay duda de que ha garantizado las exigencias de un proceso justo.
En cualquier caso, decía Jaime Gil de Biedma que “de todas las historias de la Historia la más triste es la de España porque termina mal”. No es un destino irremediable, más bien es consecuencia de la capacidad de autodestrucción y odio de los que habitan esta tierra. También, no conviene olvidarlo, de su estulticia. Así, hay quienes pretenden un mandato del Parlamento Europeo cuando su actividad se ha caracterizado por el ataque sistemático a la función esencial del Poder Legislativo: hacer la ley. Puigdemont y Junqueras quieren ampararse en las garantías que protegen a los representantes del pueblo sin ser capaces de reflejar su grandeza. Habría que recordar su infantilismo frente al carácter mítico de las palabras de Robespierre a los miembros de la Convención en 1793: “Os corresponde hacer libres a los hombres mediante las leyes”. Ellos, en cambio, inciden en delito al intentar destruir el ordenamiento jurídico. No parecen muy coherentes.
El Parlamento llevó a sus últimas consecuencias la idea de que “en el principio fue el verbo”. Basta leer los discursos de Barnave, Brissot o Mirabeau, ejercicio bien útil cuando tantas simplezas se escuchan, para darse cuenta de que las palabras movieron el mundo. En nuestra civilización, “la libre comunicación de los pensamientos y de las opiniones constituye uno de los derechos más preciosos del hombre”, como decía el artículo 11 de la Declaración de Derechos de 26 de agosto de 1789. La función de los parlamentarios tenía tal fuerza, y no sólo en los tiempos revolucionarios de Robespierre, que se hubiera considerado inconcebible, fruto de la más pérfida reacción, intentar limitarla ni siquiera mediante instrumentos jurídicos. Para su protección se crearon las prerrogativas.
Con este origen histórico, el artículo 71.2 de nuestra Constitución señala: “Durante el periodo de su mandato los diputados y senadores gozarán asimismo de inmunidad y sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. No podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva”.
Sin embargo, la crisis del parlamentarismo, el hecho de que el pueblo no se sienta ya representado, ha reducido la autonomía de las Asambleas hasta el punto de que sus garantías son puestas en cuestión. Con respecto a la inmunidad, el descrédito de la institución está generalizado: ¿qué sentido puede tener que unos señores por el simple hecho de titularse representantes del pueblo queden sustraídos al juez? No tiene lógica, se trata de un privilegio decimonónico. Pero, además, el principio de igualdad ante la ley, que domina nuestro constitucionalismo, hace especialmente rechazable el abuso de derecho. Si está claro que Puigdemont y Junqueras pretenden con la adquisición de la condición parlamentaria sustraerse a los jueces y tribunales, ¿por qué protegerlos? Es una burla.
Lo han intentado por todos los medios, desde la huida a la presentación de candidaturas al Congreso de los Diputados, al Senado y ahora al Parlamento Europeo. Podría calificarse todo de ridículo si sus consecuencias no fueran tan graves. Pero éste es el problema real que ha dado lugar a la resolución del Tribunal de Justicia que fue dictada ayer: quieren eludir sus responsabilidades. Y la verdad es que las instancias jurídicas internacionales no hacen más que ponernos obstáculos. Sin embargo, hoy por hoy, incluso con los términos de esta sentencia, la cuestión sigue en manos de nuestros Tribunales de Justicia.
Por otra parte, en Europa siguen sin comprender cómo nuestros Gobiernos no fueron capaces de solucionar un problema político con instrumentos de ese género. Pero nuestros independentistas no sólo fueron desleales, incidieron en tipos delictivos frente a los que la sociedad no puede dejar de reaccionar. No es sensato que la decisión de un Parlamento autonómico suprima la soberanía del pueblo español, no es normal. Y la única posibilidad que le quedaba al Estado era la de utilizar los instrumento en su poder, entre ellos el punitivo, pero hay que saber explicarlo.
Una parte importante del pueblo catalán se ha desgajado de España, nos odia. Al final, como señalaba un político tan prestigioso como Ramón Jáuregui, parece necesario encontrar una solución. Desde luego, con respeto al hecho de que todos somos catalanes y titulares de la soberanía en su conjunto. Así, hay que evitar pactos de gobierno que nos sometan a las pretensiones desleales, incluso delictivas, de los independentistas. Nadie en su juicio puede aceptar que nuestro porvenir se encuentre en manos de Rufián y Lastra. Azaña lo hubiera considerado infantil y tonto.
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