MADRID, 19 (EUROPA PRESS)
Pablo Lucas es miembro de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo desde noviembre de 2001, fecha en la que ingresó en la carrera judicial por el turno reservado a juristas de reconocida competencia con al menos 15 años de ejercicio. El magistrado fue nombrado por primera vez para estas funciones relacionadas con la autorización de actividades del CNI el 19 de noviembre de 2009 y renovado el 20 de noviembre de 2014.
Asimismo, el CGPJ también ha acordado nombrar al magistrado de la Sala de lo Penal del alto tribunal Andrés Martínez Arrieta como sustituto del anterior en caso de vacancia, ausencia o imposibilidad. Martínez Arrieta ya fue designado para este cometido el 20 de diciembre de 2017, como consecuencia del cese del inicialmente elegido, Julián Sánchez Melgar, al ser nombrado fiscal general del Estado.
Andrés Martínez Arrieta es miembro de la Sala Segunda del alto tribunal desde 1998. Ingresó por oposición en la Carrera Judicial en 1979 y, antes de llegar al Supremo, sirvió en Juzgados de Azpeitia, Lerma, Móstoles y Madrid y en la Audiencia Provincial de Madrid.
Estos nombramientos se han hecho en virtud a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial, que señala que el magistrado del Tribunal Supremo competente para conocer de la autorización de las actividades del CNI que afecten a los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 18.2 y 3 de la Constitución --entrada en domicilio y secreto de las comunicaciones-- se nombrará por un periodo de cinco años, a propuesta del presidente del CGPJ. La elección se hará entre magistrados de la Sala Segunda o de la Sala Tercera de ese órgano judicial que cuenten con al menos tres años de servicios en la categoría, dice la ley.
Según informa el CGPJ en un comunicado, en la propuesta elevada al pleno, Lesmes destaca respecto de Lucas y de Martínez Arrieta "su respectiva trayectoria profesional, con amplia experiencia en el ejercicio de la jurisdicción, su cualificación, su sólida formación jurídica y la solvencia y profesionalidad con que han ejercido hasta ahora el cargo les acreditan como profesionales idóneos para el ejercicio de tan importante función jurisdiccional".
En el debate de este punto del orden del día no ha participado el vocal Enrique Lucas, hermano del magistrado que ha sido renovado para desempeñar las funciones relacionadas con el Centro Nacional de Inteligencia.
OTROS NOMBRAMIENTOS
Por otro lado, el Pleno ha acordado también el nombramiento de Ángeles Huet de Sande y Esperanza Córdoba Castroverde nuevas magistradas de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, quienes ocuparán las vacantes producidas por las jubilaciones de José Manuel Sieira Mínguez y Juan Carlos Trillo Alonso, respectivamente.
Huet de Sande ha obtenido el apoyo de 14 de los 21 miembros del Pleno, mientras que Córdoba ha obtenido el aval de 15 miembros del CGPJ, ha apuntado el órgano de gobierno de los jueces.
Ángeles Huet de Sande ingresó en la Carrera Judicial en enero de 1983, siendo sus primeros destinos los juzgados de distrito de Manzanares y de San Martín de Valdeiglesias y el juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Loja. Entre los años 1984 y 1996, ocupó cargos como asesora responsable del Área de Justicia en el Defensor del Pueblo y como letrada del Tribunal Constitucional.
En julio de 1996, fue nombrada vocal del Consejo General del Poder Judicial, puesto en el que permaneció hasta su reincorporación al servicio activo, en noviembre de 2001, como magistrada de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde sigue prestando servicio en la actualidad.
Como asesora responsable del Área de Justicia en el Defensor del Pueblo, Ángeles Huet de Sande realizó funciones de asesoramiento técnico jurídico en la labor de supervisión que dicha institución realiza respecto de la administración de justicia, la administración penitenciaria, colegios de abogados y procuradores, notarías y Registro Civil, entre otros. Fue asimismo la encargada de la redacción de los capítulos correspondientes de los informes anuales que el Defensor del Pueblo remite a las Cortes Generales.
Redactó, en cumplimiento de las funciones encomendadas por ley al Defensor del Pueblo, numerosas recomendaciones cuya finalidad fue proporcionar criterios de interpretación legislativa o sugerencias para la eventual modificación de las normas vigentes. Sus estudios, realizados siempre al amparo de la jurisprudencia constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, afectaron, entre otras normas, al Código Penal, al Código Civil, a la Ley de Enjuiciamiento Criminal o a la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Asimismo es autora de numerosas ponencias sobre libertad de expresión, derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, garantías constituciones del internamiento de enfermos mentales y jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre extranjería y asilo o los juicios paralelos.
En cuanto a Esperanza Córdoba, sus primeros destinos judiciales fueron los juzgados de distrito 2 de Benidorm (Alicante) y 31 de Madrid tras ingresar en la carrera judicial en marzo de 1985. Ascendió a la categoría de magistrada en diciembre de 1988, prestando servicios en el juzgado de primera instancia 8 de Madrid.
En noviembre de 1991 fue nombrada Letrada de los órganos Técnicos del Consejo General del Poder Judicial, donde ocupó durante ocho años la Jefatura de la Sección de Recursos y trabajó asimismo en la Sección de Estudios e Informes. Como Letrada dicha Sección, participó, entre otros asuntos, en la redacción del Reglamento 171995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial y en la elaboración del Informe al Anteproyecto de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
De noviembre de 1999 a febrero de 2014, fue magistrada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. En febrero de 2014, fue nombrada por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial Jefa de su Servicio de Inspección, cargo en el que continúa en la actualidad, tras ser renovada en el mismo en enero de 2019.
En este tiempo ha llevado a cabo una profunda reorganización del Servicio de Inspección, lo que ha posibilitado la obtención del sello de excelencia europea EFQM (European Foundation for Quality Management), convirtiéndose el Servicio de Inspección del CGPJ en la primera organización española en el ámbito de la Justicia que ha conseguido una certificación europea en esta materia.
