VALÈNCIA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -
En concreto, el tribunal les condena por ser cooperadores necesarios de un delito continuado de prevaricación y otro de malversación de caudales públicos. También les ordena que abonen conjunta y solidariamente a Divalterra --antes, Imelsa-- la suma de 74.968,6 euros, correspondiente a los salarios indebidamente percibidos por Mañez entre los meses de abril de 2005 a agosto de 2007 y el finiquito, según consta en la sentencia consultada por Europa Press.
La Audiencia nombra en su resolución al exdiputado provincial y exgerente de Imelsa Rafael Soler como autor material de los hechos enjuiciados pero aclara que su posible responsabilidad penal está extinguida por prescripción, ya que no se dirigió acción penal contra él antes de que transcurrieran 10 años.
Según consta como probado en la resolución, Mañez estuvo contratado como asesor del grupo popular de la Diputación de Valencia en el periodo 1999 a 2003, durante el cual trabajó de asesor del también diputado Huguet.
Tras las elecciones municipales de mayo de 2003, Mañez cesó. Ambos dos eran compañeros del mismo partido político y vecinos de Quartell, en cuya corporación municipal Huguet desempeñaba el cargo de alcalde y Mañez de concejal. Tenían negocios en común y les unía una relación de amistad.
Con la finalidad de sortear la ley, para que Mañez pudiera seguir ejerciendo de facto las funciones de asesor o similares de Huguet, el primero contactó con Soler para que Imelsa le contratara simulando que la contratación era de Coordinador de Brigada Forestal pero con la intención de que no desempeñara funciones como tal, sino que siguiera ejerciendo como asesor.
Así, Mañez, una vez cesó como asesor en julio de 2003, fue contratado en agosto por Soler como Coordinador de Brigadas Forestales de Imelsa encadenando varios contratos hasta hacerlo indefinido.
En realidad, Mañez nunca trabajó como Coordinador de Brigadas y siguió realizando para Huguet las mismas funciones que ejercía en la anterior legislatura, burlando así la ley. De esta manera, cobraba todos los meses el sueldo correspondiente a Coordinador sin realizar dichas funciones, hasta que fue despedido en agosto de 2007 por el nuevo gerente de Imelsa después de cobrar 61.626,7 euros en concepto de salarios entre los meses de abril de 2005 a agosto de 2007 y recibir 13.341,9 euros en concepto de finiquito.
Los magistrados recuerdan en su resolución que entre las funciones de Imelsa se encuentra principalmente el desarrollo local de municipios y la coordinación de las brigadas forestales provinciales. La totalidad del presupuesto tiene su origen en los fondos públicos de la Diputación.
