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  • EDICIÓN DE 27/09/2019
 
 

La ministra recibe al consejero de Políticas Migratorias y Justicia

Justicia acuerda con el Gobierno de Navarra la creación de una delegación de la oficina judicial en la prisión de Pamplona

27/09/2019
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La ministra de Justicia, Dolores Delgado, y el consejero de Políticas Migratorias y Justicia del Gobierno de Navarra, Eduardo Santos Itoiz, han firmado un convenio para la creación de una delegación de la oficina judicial en el centro penitenciario de Pamplona I. El acuerdo, rubricado durante el encuentro que ambos han mantenido hoy y que también será ratificado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tiene por objeto mejorar el servicio en relación a las personas privadas de libertad en dicho centro penitenciario.

La nueva delegación de oficina judicial, dependiente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, y que contará con dos funcionarios, servirá para agilizar trámites como las notificaciones, requerimientos, citaciones o emplazamientos procedentes de juzgados y tribunales. También facilitará las comparecencias de los internos mediante videoconferencias y ejecutará los mandamientos de libertad, así como otros pronunciamientos judiciales. Al mismo tiempo, se encargará de la remisión de las propuestas de liquidación de condena a los órganos judiciales y también de los recursos penitenciarios que los reclusos quieran presentar.

Para la creación de esta nueva oficina, el Ministerio de Justicia se compromete a aprobar la plantilla de personal, mientras que Interior pone a disposición las dependencias y el Gobierno de Navarra asume los gastos de la puesta en marcha del sistema de gestión, así como del pago de las nóminas. La instalación, que ya ha sido creada en otros centros penitenciarios, evita el desplazamiento de los funcionarios de justicia y garantiza a los internos un servicio inmediato y cercano.

Durante su encuentro, Delgado y Santos también han abordado la implantación de la Nueva Oficina Judicial en Navarra y las perspectivas para la futura asunción por parte de esa comunidad autónoma de la organización y gestión de los funcionarios de la Administración de Justicia de su territorio. Por último, la ministra y el consejero han estudiado los efectos que la entrada en vigor de la Ley de Registro Civil tendrá en los juzgados de paz que, hasta ahora, se encargan de esas funciones.

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