MURCIA, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -
Según se desprende de la sentencia, la Orden de 30 de marzo de 2017 impugnada "no crea ni autoriza nuevas unidades educativas. Las unidades concertadas son las mismas, y en los mismos centros que ya venían funcionando en cursos anteriores como privados".
Continúa indicando que la Orden impugnada "no autoriza ni renueva unidades escolares en régimen de concierto educativo, sino que se limita a implementar los criterios establecidos en la Ley Orgánica de Educación y a establecer el procedimiento para la aplicación del régimen de conciertos educativos regulado en la Ley". La parte recurrente alegaba, en este sentido, que la orden destinaba fondos públicos a concertar con centros privados en régimen de total gratuidad enseñanzas que la L.O de Educación no considera de oferta gratuita.
Además, la Sala de lo Contencioso señala que el establecimiento de un procedimiento para la aplicación del régimen de conciertos educativos, en la forma en la que se prevé en la Orden de 30 de marzo de 2017, "deriva de una opción que tiene respaldo legal y que
tiene por objeto -según se motiva en la orden- promover el ejercicio del derecho a la libre elección de centro para las familias, así como la mejora laboral del profesorado a través del sistema de conciertos educativos regulados en la Ley".
Apunta, también, que "el procedimiento previsto en la Orden para la financiación pública del Bachillerato y la Formación Profesional de centros privados en la Región de Murcia no es contrario a la Ley ni a la Constitución".
Ante el alegato de los sindicatos de que la Orden lleva implícita la supresión de unidades hasta ahora en funcionamiento en numerosos centros públicos afectados por la caída de matrícula derivada de nuevos conciertos relativos a enseñanzas de bachillerato, la Sala insiste en que ésta "no autoriza nuevos conciertos educativos a Centros docentes privados, no suprime unidades en centros públicos y no pone en funcionamiento nuevas unidades escolares en régimen de concierto educativo", como alegaba las organizaciones sindicales en su recurso, y que se limita a "establecer el procedimiento para la aplicación del régimen de conciertos educativos".
El TSJ rechaza, así, todos los motivos del recurso interpuesto por organizaciones sindicales, también la necesidad de un dictamen del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, basándose en que la Orden "no es una Disposición reglamentaria de desarrollo o ejecución de la Ley Autonómica y carece de la categoría de reglamento ejecutivo o de desarrollo de una Ley o conjunto de leyes".
Se trata, hace hincapié la Sala, de "una disposición de naturaleza reglamentaria que tiene como fin establecer el procedimiento para la aplicación del régimen de conciertos educativos a los centros docentes privados de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por el que se regirá la suscripción por primera vez de conciertos educativos, la renovación de los existentes, así como las modificaciones que en ellos puedan producirse durante los cursos 2017/2018 a 2022/2023".
