DECRETO 524/2019, DE 23 DE JULIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL CAMBIO DE DENOMINACIÓN DEL COLEGIO OFICIAL DE DIPLOMADOS EN TRABAJO SOCIAL Y ASISTENTES SOCIALES DE SEVILLA, QUE PASA A DENOMINARSE COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE SEVILLA.
El artículo 79.3.b) del Estatuto de Autonomía para Andalucía dispone que corresponde a la Comunidad Autónoma, en lo no afectado por el artículo 149.1.18.ª 
de la Constitución, la competencia exclusiva sobre los colegios profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas de acuerdo con el artículo 36 de la Constitución y con la legislación básica del Estado, que en esta materia se encuentra recogida en la Ley 2/1974, de 13 de febrero , sobre Colegios Profesionales.
Los Colegios Profesionales se rigen en Andalucía por la Ley 10/2003, de 6 de noviembre , reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía y el Reglamento de Colegios Profesionales de Andalucía, aprobado por Decreto 216/2006, de 12 de diciembre . En todo lo no previsto en la normativa citada, es de aplicación, en lo que proceda, la Ley 39/2015, de 1 de octubre , del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y la Ley 9/2007, de 22 de octubre , de la Administración de la Junta de Andalucía.
La Ley 10/2003, de 6 de noviembre , establece en el artículo 12 que “1. La denominación de los colegios profesionales responderá a la titulación académica oficial requerida para la incorporación a los mismos o a la profesión que representen, no pudiendo coincidir ni ser similar a la de otros colegios profesionales existentes en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, ni inducir a error en cuanto a los profesionales que los integran. 2. El cambio de denominación de un colegio, que requerirá su aprobación por Decreto del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, se realizará a solicitud de la corporación interesada de acuerdo con lo que dispongan sus estatutos, requiriendo informe de los colegios afectados y, en su caso, del Consejo Andaluz de Colegios respectivo, si estuviera creado”.
El artículo 14 del Reglamento de Colegios Profesionales de Andalucía dispone que “El cambio de denominación de los colegios profesionales deberá adecuarse a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 12 de la Ley 10/2003, de 6 de noviembre. A la petición del colegio o colegios profesionales afectados se deberá acompañar una memoria que justifique la necesidad del cambio de denominación, en la que se acredite que la modificación del nombre afecta a toda la organización colegial”.
El Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Sevilla ha solicitado, con fecha 14 de febrero de 2019, el cambio de su denominación para pasar a denominarse Colegio Oficial de Trabajo Social de Sevilla, habiéndose aprobado en su Asamblea General Extraordinaria de 10 de diciembre de 2018, siendo informado favorablemente por el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Diplomados de Trabajo Social y Asistentes Sociales. De conformidad con el artículo 12.2 de la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, se ha solicitado informe a los Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén y Málaga, no manifestando ninguno de ellos oposición al cambio de denominación.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12.1 de la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, la denominación propuesta responde a las titulaciones académicas oficiales existentes y tiene por objeto adaptarse a la regulación establecida en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre , por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. Asimismo, se evita el error que puede plantearse con la denominación actual al hacer referencia a titulaciones que ya no se imparten y se da cabida a las nuevas titulaciones impartidas.
En cuanto que la ordenación de las nuevas enseñanzas universitarias tiene aplicación a todo el territorio nacional, queda acreditada que la modificación del nombre afecta a toda la organización colegial, de conformidad con lo señalado en el artículo 14 del Reglamento de Colegios Profesionales de Andalucía, al haber quedado obsoleta la denominación “Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales”. Ya se ha procedido al cambio a esta denominación en otras corporaciones profesionales del resto de España.
Por último, con el cambio de denominación de esta corporación profesional se da cumplimiento a lo establecido en el artículo 11 bis.4 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, que dispone que colegios profesionales de Andalucía deberán adaptar su denominación a un uso no sexista del lenguaje.
En su virtud, de conformidad con el artículo 12.2 de la Ley 10/2003, de 6 de noviembre, a propuesta del Vicepresidente de la Junta de Andalucía y Consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión de 23 de julio de 2019,
DISPONGO
Primero. Cambio de denominación.
Se aprueba el cambio de denominación del Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Sevilla, que pasará a denominarse Colegio Oficial de Trabajo Social de Sevilla.
Segundo. Inscripción registral.
La nueva denominación del Colegio deberá ser inscrita en el Registro de Colegios Profesionales de Andalucía.
Tercero. Publicación y notificación.
El presente decreto se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, sin perjuicio de su notificación a las personas interesadas.
Cuarto. Recursos.
Contra el presente decreto, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a su publicación, o interponer, directamente, el recurso contencioso-administrativo ante los correspondientes órganos de este orden jurisdiccional, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía; en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
