HACIA UNA JUSTICIA EUROPEA COMÚN
La Unión Europea es un proyecto que avanza lentamente y con gran esfuerzo entre interminables debates políticos. Uno de los pilares básicos sobre los que se debe asentar el proyecto europeo es la justicia, así se recoge en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea. Recientemente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado dos sentencias -una, de 27 de febrero de 2018 sobre la asociación de jueces portugueses y otra de 24 de junio de 2019 sobre incumplimiento de Polonia- que suponen un gran avance en el proceso de integración europea. Más allá de las declaraciones programáticas y los tratados, el Tribunal de Justicia ha desarrollado los requisitos imprescindibles que deben reunir los sistemas judiciales en los países europeos.
La sentencia de 24 de junio de 2019 se ha dictado como consecuencia de la reforma aprobada en Polonia, que entró en vigor el 3 de abril del año pasado y que disponía la reducción de la edad de jubilación de los magistrados del Tribunal Supremo de 70 a 65 años, afectando a un tercio de los mismos, que debían cesar en el momento de su entrada en vigor. Preveía la posibilidad de mantener la condición más allá de la edad de 65 años, pero con la autorización discrecional del presidente de la República de Polonia. La ley dejaba la configuración del Tribunal Supremo al criterio del presidente de la República. El Tribunal de Justicia suspendió la vigencia de la reforma polaca, aún a pesar de tratarse de una norma de organización institucional interna, y, posteriormente, declara en la citada sentencia que incumplió el Tratado de la Unión Europea al no garantizarse la independencia de los jueces del Tribunal Supremo.
El Tribunal de Justicia considera que todo órgano judicial de los estados que componen la Unión Europea que interprete y aplique el Derecho de la Unión tiene que estar garantizada su independencia. Los órganos judiciales deben desarrollar sus funciones con plena autonomía sin estar sometidos a ningún vínculo jerárquico o de subordinación y recibir órdenes o instrucciones de ningún tipo, debe estar protegido de injerencia o presiones externas. Las garantías de independencia e imparcialidad se extienden a los nombramientos, a la duración del mandato y a las causas de recusación y cese de sus miembros y, sobre todo, a la inamovilidad para garantizar la libertad de los que tienen la misión de juzgar. La independencia exige que las normas que rigen el régimen disciplinario de los jueces y magistrados otorguen las garantías necesarias para evitar cualquier riesgo de que dicho régimen puede utilizarse como sistema de control político de contenido de las resoluciones judiciales.
Los Estados miembros deben cumplir las obligaciones que les impone el Derecho de la Unión, también, al organizar sus instituciones judiciales. Es aquí donde radica el enorme salto hacia la integración europea al extender el Tribunal de Justicia el control a la organización interna de los tribunales de los Estados miembros y garantizar los valores del Tratado de la Unión Europea. De nada serviría reconocer derechos a los ciudadanos europeos si los sistemas judiciales de los Estados miembros no los garantiza de manera uniforme y coherente por falta de independencia e imparcialidad. Esperemos que a este paso le sigan otros que vayan configurando un espacio común de derechos y libertades europeo, aunque sea vía pronunciamientos judiciales.
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