MADRID, 31 (EUROPA PRESS)
La decisión corresponde en todo caso al Ministerio del Interior, si bien Instituciones Penitenciarias ya comunicó el pasado martes a la Sala las peticiones de los nueve presos en Soto del Real (Madrid) y la cárcel de mujeres de Alcalá-Meco para esperar la sentencia en cárceles de su comunidad autónoma, donde ya estuvieron en prisión preventiva antes de que empezara la vista oral.
Así lo han señalado a Europa Press fuentes jurídicas, que restan importancia a manifestaciones realizadas desde el ámbito político referidas el tiempo previsto para que se conozca l sentencia o la incidencia del calendario del tribunal en el traslado o no de los presos a Cataluña.
El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha pronosticado este jueves que la sentencia podría dictarse en julio y que por ello es probable que los presos permanezcan en centros penitenciarios de Madrid. Uno de los magistrados de la Sala, Antonio del Moral, ha manifestado no obstante tras su participación de un curso en Melilla que la previsión es que la sentencia esté lista para finales de septiembre y principios de octubre.
Las fuentes jurídicas consultadas recuerdan que por el momento no hay motivo para mantener a los presos en Madrid y que, en todo caso, antes de dar el visto bueno a su traslado la Sala debe resolver sobre las peticiones de libertad que han realizado siete de ellos, todos menos los líderes de ERC Junqueras y Romeva.
Al finalizar la instrucción del caso hace ahora un año el magistrado Pablo Llarena ya dejó en manos del departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska la decisión de trasladar a los nueve presos a Cataluña, lo que se ejecutó a principios del mes de julio.
NO HAY RAZONES PROCESALES
La Sala, por su parte, confía en ser informada y la respuesta más probable sería un 'níhil óbstat' (no hay objeciones). Sólo podrían pedir otra cosa si existiesen razones de orden estrictamente procesal, lo que no parece que vaya a producirse por el momento.
Además de a los diputados y al senador suspendidos, la decisión de un futuro traslado afectará al expresidente de Ómnium Cultural Jordi Cuixart, a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y a los exconsejeros Dolors Bassa y Joaquim Forn.
Los Jordis ingresaron en prisión el 16 de octubre de 2017 y el 2 de noviembre del mismo año lo hicieron Junqueras y varios de sus consejeros. Menos los exlíderes de organizaciones sociales, el exvicepresidente y Forn todos salieron poco después en libertad condicional.
Tras el auto de procesamiento, en marzo de 2018, se acordó mantener en prisión preventiva en Madrid a los nueve líderes independentistas a los que se atribuyó indiciariamente el delito de rebelión, si bien en julio el Ministerio del Interior acordó su traslado a Cataluña.
El pasado febrero, a petición del tribunal y por el inicio del juicio, los nueve presos fueron trasladados de nuevo a las cárceles madrileñas de Soto del Real (los hombres) y Alcalá Meco (Forcadell y Bassa), donde permanecen desde entonces.
TRASLADOS
Según las previsiones de Interior, para el traslado los presos serán reunidos en la cárcel madrileña de Valdemoro, desde donde saldrán y, mediante conducción ordinaria a cargo de la Guardia Civil, serán llevados a la prisión de Zuera (Zaragoza) para una parada.
Desde allí, los presos irán hasta la cárcel de Brians 2, en Barcelona, y en este punto serán agentes de los Mossos d'Esquadra los que se los llevarán a las cárceles que disponga Servicios Penitenciarios de la Consejería catalana de Justicia.
