MADRID, 9 (EUROPA PRESS)
Los cinco fueron condenados hace justo un año: tres de ellos reconocieron los hechos y llegaron a acuerdo de conformidad con la Fiscalía, mientras que los otros dos se sometieron a juicio. Sin embargo, y tras estudiar el recurso de los últimos, el Supremo comprobó que los abogados de los dos últimos no pudieron interrogar a los tres primeros, de modo que ordenó repetir la vista oral.
Según el escrito de acusación, los acusados formaban una estructura perfectamente jerarquizada que había asumido los idearios del Estado Islámico y su fin era crear un grupo entre la comunidad musulmana para adoctrinarle en la causa salafista radical.
El líder, Aziz Zaghanane --quien logró la condición de 'sheik' (jeque) dentro de la red--, llegó incluso a prohibir donar sangre a los musulmanes de Pinto aduciendo que esa sangre podía ir destinada "a salvar vidas de infieles". Igualmente, publicó en sus cuentas de redes sociales cantidad de imágenes, comentarios y vídeos (algunos de ellos editados por él mismo) ensalzando el Estado Islámico e incitando a la yihad masculina y femenina.
Zaghanane ejercía un "permanente control" sobre otro de los acusados, Jdey Hicham, con el que puso en marcha la labor de captación, creando para ello un grupo de Whatsapp denominado 'Musulmanes de Pinto'. Hicham incluso llegó a tener en su poder las llaves de la mezquita, disponiendo del uso de las instalaciones para lograr la cohesión del grupo y poder realizar los entrenamientos físicos con el fin de prepararse para la acción terrorista.
ADOCTRINAMIENTO EN LAS REDES
Fue de esta forma como consiguieron embelesar a los también acusados Anas Balla y Moussen Balla, quienes comenzaron un proceso de adoctrinamiento pasivo principalmente a través de las redes sociales. En sus respectivos perfiles interactuaban con otros radicales en zona de conflictos y compartían abundante material violento.
Así, en las publicaciones de Anas Balla se observan comentarios a favor del Estado Islámico (DAESH o ISIS) y de su amigo Said Al Hsaini, que murió haciendo la yihad en Siria. Moussen Balla, por su parte, también compartió vídeos tales como masacres donde aparecían cadáveres desmembrados o un recital de un líder del Islam que prohibía la música tildando a una famosa cantante árabe de prostituta.
El fiscal precisa en su escrito que Moussen Balla llegó incluso a gestionar la adquisición de fondos de la mezquita de Ciempozuelos, de la que tiene la custodia, mientras que de la quinta y última acusada, Ana Marilú Reyna Castillo, de nacionalidad mexicana, argumenta que desde el año 2010 tuvo "como única preocupación encontrar un marido musulmán".
El Ministerio Público acusa a Zaghanane y Hicham de colaboración con organización terrorista; a los hermanos Balla, de autoadoctrinamiento; mientras que Reyna Castillo está acusada de enaltecimiento. Hicham y los hermanos Balla reconocieron los hechos y aceptaron cuatro y dos años de prisión, respectivamente, si bien ahora tendrán que volverse a sentar en el banquillo.
