MADRID, 7 (EUROPA PRESS)
El auto, al que ha tenido acceso Europa Press, fue dictado el pasado 5 de junio y se refiere a la pieza 'Pit' del caso Villarejo, que investiga el contrato de 10 millones de euros que el naviero suscribió con el comisario para que desplegase su influencia dentro y fuera de España a fin de conseguir que la causa de corrupción por la que le reclamaba Guatemala, así como el proceso de extradición incoado en consecuencia en la Audiencia Nacional quedasen en nada.
Según expone, "los avances en la investigación demuestran la existencia no solo de los contratos firmados en fecha 29 de abril de 2016 y corroborados a través de las grabaciones realizadas por el propio Sr. Villarejo, sino también los pagos que se fueron realizando a los distintos investigados hasta noviembre de 2017".
Expone que Villarejo y sus presuntos colaboradores "no dudaron, tal y como señala el Ministerio Fiscal, en justificar algunos de esos cobros en supuestas contrataciones como la del Sr. Garzón o gestiones con terceras personas vinculadas con la Administración de Justicia, justificaciones éstas carentes de toda verosimilitud y sin soporte probatorio alguno, como ya se ha puesto de relieve por la propia Fiscalía Anticorrupción el pasado 8 de mayo de 2019, y reconocieron además los propios investigados en sus declaraciones posteriores a la detención".
En concreto, según el sumario de actuaciones al que tuvo acceso Europa Press, el abogado Enrique Maestre contactó por encargo de Pérez-Maura y su hermano con el empresario Adrián De la Joya, amigo de Villarejo, en busca de ayuda ante la inminencia de un procedimiento de extradición. Estos dos vieron "oportunidad de negocio" y pactaron repartirse "a pachas" una cantidad que estimaron en 10 millones de euros, aunque la causa ha acreditado hasta la fecha el pago de 7,6.
2,5 MILLONES A CAMBIO DE 'MAGIA'
Tanto en las reuniones entre ellos como en las mantenidas con sus clientes, a quienes se referían despectivamente como "ratones", "roedores" o "ratoncitos Pérez", Villarejo aseguró haber mantenido reuniones en la Audiencia Nacional con miembros de la Fiscalía para lograr frenar el procedimiento, mientras estaba cobrando de los Pérez-Maura en torno a 120.000 euros al mes.
En este contexto, dijo a sus clientes que debían aportar más dinero porque para acabar con la causa debían contratar a 'el Mago', "plenamente identificado" por la unidad investigadora como Baltasar Garzón. A cambio de 2,5 millones de euros, habría de frenar a Iván Velasquez, el comisionado de Guatemala que impulsaba la causa por corrupción y convertirse en su único enlace con la justicia española para poder aplacar sus posibles quejas ante los retrasos en la extradición. No constan en la causa rastros de que aquel pago o aquel encargo se efectuasen, como tampoco hay audios de las supuestas reuniones con fiscales de la Audiencia Nacional.
Sí hay, por contra, constancia de los contratos firmados entre los Pérez-Maura y una empresa de Villarejo, así como intercambios de dinero por la prestación de aquel supuesto servicio. El juez, instado por Anticorrupción, abunda en este particular y ordena que se investiguen los movimientos de cuatro cuentas bancarias a otras tantas entidades financieras, pertenecientes a dos sociedades y dos personas físicas en el plazo en que tuvieron lugar las gestiones: de enero de 2016 a noviembre de 2017, cuando Villarejo fue detenido.
