BARCELONA, 5 (EUROPA PRESS)
En dicha diligencia, se hace constar que el 8 de mayo los procesados, la mayoría cargos o excargos del Govern, consignaron casi 3,7 millones de euros de la fianza solidaria, pero que faltaban 2,1, por lo que el día 20 se dictaron decretos de embargo sobre sus saldos por valor del esta cantidad restante.
El 22 y 23 de mayo, partidos y entidades consignaron 702.000 euros (ERC); unos 626.000 euros (Caixa de Solidaritat) y 100.000 euros más (Associació Catalana pels Drets Civils), lo que sumaba 1,42 millones.
Posteriormente, el 27 de mayo, cumpliendo con la orden de embargo de las entidades bancarias, se retiraron unos 580.000 euros de las cuentas de los procesados, con lo que la fianza exigible, según la diligencia, se redujo a 119.161,38 euros, una cantidad que fue aportada el 30 de mayo por la Caixa de Solidaritat.
Tres de los procesados --el exsecretario general del Diplocat, Albert Royo; el director general de Comunicación de la Generalitat, Jaume Clotet, y el exsecretario general de la Presidencia, Joaquim Nin-- habían ofrecido al juzgado cuatro viviendas para cubrir esa cantidad. Por lo que la magistrada del Juzgado 13 de Barcelona dictó una providencia teniendo por ofrecidos los cuatro inmuebles y ordenando trabar el embargo sobre los mismos.
La juez añadió en esa providencia que, una vez efectuada la anotación preventiva en los respectivos Registros de la Propiedad, se podría alzar el embargo sobre las cuentas de los procesados.
Finalmente no ha sido necesario proceder al embargo puesto que la fianza se cubrió con la cantidad de las cuentas embargadas y el dinero de la Caixa de Solidaritat, según han explicado fuentes jurídicas.
Así, en la citada diligencia del 3 de junio, la letrada confirma que en el juzgado se han consignado 5.817.859,43 euros, cantidad que supera en 14.790,56 euros lo exigido en la fianza.
También constata que se designaron, fuera de plazo, unas fincas de algunos procesados sobre las que trabar embargo, si bien "la fianza ya está completa".
La magistrada Alejandra Gil fijó en 5.803.068,67 euros la fianza solidaria por responsabilidad civil para los 17 procesados por malversación, por la cantidad supuestamente gastada o comprometida con la celebración del 1-O.
