BRUSELAS, 23 May. (EUROPA PRESS) -
La Justicia europea, en concreto, ha dictaminado que la reestructuración "no constituía ninguna vulneración desmesurada e intolerable" del derecho de propiedad de los bonistas incluso aunque no hayan dado su visto bueno a la medida.
La denuncia de los acreedores afectados es que el BCE no formuló ninguna objeción contra la ley griega que amplió los efectos de una reestructuración de su deuda pública a aquellos inversores que no dieran su conformidad al acuerdo de canje de títulos. Tras su aprobación, un 86% de los bonistas dieron su visto bueno al canje y el resto se opuso, aunque se les obligó a participar en él.
En su sentencia, el tribunal de Luxemburgo ha señalado que el instituto emisor no estaba obligado a pronunciarse sobre si Grecia había cumplido sus obligaciones en virtud de los contratos de compra de deuda. Además, subraya que la reestructuración de deuda "no entrañó una violación del respeto de las obligaciones contractuales".
En este sentido, el TUE apunta que la compra de deuda soberana implica siempre el riesgo de un perjuicio patrimonial, así como que, si se producen imprevistos, el Estado emisor "tiene derecho a intentar renegociar esas obligaciones".
Por último, la Justicia europea reconoce que obligar a participar en la reestructuración a aquellos acreedores que no habían dado su conformidad vulnera su derecho de propiedad, pero este hecho "responde al objetivo de interés general consistente en garantizar la estabilidad del sistema bancario de la zona euro" y "no constituye una vulneración desmesurada e intolerable" de dicho derecho.
