MADRID, 16 (EUROPA PRESS)
El alto tribunal ha dictado una sentencia, con fecha del pasado 9 de mayo, en la que se desestima el único recurso planteado contra las penas fijadas en enero de 2018, el presentado por Chafik Jalel Ben Amara el Medjeri, condenado a cinco años y medio de cárcel por el delito de colaboración con organización terrorista. Se trata del único de los condenados para quien la resolución de la Audiencia Nacional no era firme, ya que no llegó a ningún acuerdo con la Fiscalía, como sí hicieron las otras cinco personas juzgadas.
Con su recurso, Ben Amara ha intentado anular la causa, denunciando las entradas y registros y las intervenciones telefónicas autorizadas por el juez instructor de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, pero sus alegaciones no han prosperado, ya que el Supremo comparte los criterios adoptados por el magistrado para llevar a cabo la investigación.
"No nos hallamos ante simples conjeturas ni meras hipótesis subjetivas, tal y como afirma el recurrente, sino auténticos datos fácticos que permitieron al juez de instrucción concluir de forma racional la suficiencia de las sospechas policiales, la necesidad y proporcionalidad de la medida solicitada por los agentes actuantes en relación con la gravedad del hecho investigado justificativo de la restricción del derecho constitucional", dice la sentencia.
SE DESVINCULÓ DE LA RED DICIENDO QUE TRABAJABA LA "PAELLA AMBULANTE"
Ben Amara el Medjeri se presentó en el juicio, que se celebró en diciembre de 2017, como alguien que defiende el "antiterrorismo" y, al contrario que el resto de acusados, rechazó cualquier vinculación con el líder de la célula para fines de captación. Afirmó que su colaboración con la justicia es "incondicional" y que, por ello, si hubiese sospechado que Maya trabajaba con fines terroristas lo hubiese denunciado.
En este sentido, negó haberle facilitado documentación francesa falsa para tales objetivos, justificando que sus viajes a este país tenían el objetivo de visitar a la familia y la comercialización de "la paella ambulante".
Sin embargo, Maya Amaya --de ascendencia gitana que se convirtió al Islam--, considerado el promotor y director de la célula que operaba desde Melilla y Málaga, y otros cuatro miembros del grupo, Paul Audren Lawrence Cadic, Sylvain Bertrand Guillaume Decker, Farid Cheikh y Davide de Angelis, sí que reconocieron los hechos imputados, por lo que la Fiscalía rebajo su petición de pena. El líder fue condenado a ocho años de prisión y sus colaboradores a seis años de cárcel.
Según la sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, se trataba de "una de las mayores redes de captación y envío de radicales para su incorporación a organizaciones terroristas de corte yihadista, insertadas en el movimiento e ideario de la 'yihad global'". Una red que, desde 2012, ayudó a, al menos, una treintena de personas a llegar desde Malí, Siria o Libia para su integración en Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), EI o Jabaht Al Nusra.
INFORMACIÓN A UNA CIFRA "EXAGERADA" DE PERSONAS
La Sala define a Maya Amaya como el "líder y dinamizador" de la célula y quien se mantenía la "permanente comunicación con musulmanes europeos, asentados principalmente en Francia, a los que captaba por Internet para su desplazamiento a las zonas de actuación de las citadas organizaciones terroristas".
Así lo explicó además el propio acusado durante la vista oral, que confirmó que dio "información" a través de redes sociales a una cifra "exagerada" de personas que "querían trabajar, que querían buscarse una vida" o que querían "aprender el Corán" para después hacer la yihad. Apuntó que él no sabía concretamente en qué grupos yihadistas iban a ser integrados.
Por otro lado, los acusados condenados a seis años de prisión reconocieron ante el tribunal que ellos esperaban en casa hasta que Maya Amaya les daba instrucciones de cómo realizar sus respectivos viajes. Eso sí, negaron haber participado en las labores de captación de voluntarios.
Los integrantes formaban parte de una organización se asentaban en España, Bélgica, Luxemburgo, Turquía, Túnez, Libia, Mali, Francia y Marruecos desarrollando distintas funciones como captadores, falsificadores, financiadores, facilitadores, pasadores y receptores de nuevos combatientes, destaca la resolución de la Audiencia Nacional.
