SEVILLA, 13 May. (EUROPA PRESS) -
El tribunal ha tomado esta decisión ante la circunstancia de que el testigo principal de la causa, el perito contable que realizó el informe financiero sobre los gastos desaviados no ha asistido a la vista oral.
De otra parte, los representantes legales de C.E.R y L.A.B. han pedido previamente la nulidad del procedimiento al alegar la indefensión de sus representados toda vez que han asegurado que no se les ha notificado el auto de apertura de juicio oral.
Ante esta situación, la fiscal ha apuntado que no concurre esa petición toda vez que tenían "pleno conocimiento" de las actuaciones y que el auto de apertura de juicio les fue notificado a sus procuradores.
Cabe recordar que en esta causa, la Fiscalía Provincial de Sevilla pide dos años de cárcel y una multa de 665.718,91 euros, con 60 días de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, para los tres acusados. Así, en el escrito de acusación, al que tuvo acceso Europa Press, el Ministerio Pública inculpa a los tres encausados de un delito de apropiación indebida y un delito societario y solicita que indemnicen, de manera solidaria, a la empresa chipriota damnificada, con responsabilidad subsidiaria de las entidades que administraban, así como que abonen todas las costas procesales de manera proporcional.
En la exposición de los hechos, la Fiscalía señala que C.E.R. en calidad de administrador y apoderado de una empresa de inversiones industriales, "en connivencia" con L.A.F. y L.A.B., "a los que nombró administradores mancomunados" de una entidad dedicada a la explotación minera --en la que la empresa de inversiones ostenta el 99 por ciento del capital social--, acordaron "apoderarse en su propio beneficio" de parte de los fondos con los que una entidad chipriota y su filial española financiaban su participación en la futura apertura de una mina asentada en una parcela propiedad de la empresa que administraban dos de estos tres acusados.
Los acusados, de esta manera y tal como relata el Ministerio Público, aprovechaban que la empresa chipriota y su filial estaban obligados, a través de un acuerdo de intenciones y un contrato de inversión, a financiar con 250.000 euros al mes a la empresa minera siempre y cuando "dicho efectivo se destinara exclusivamente a cubrir el coste de cuidados y mantenimiento ordinarios de la maquinaria y las instalaciones" de la mina, para "desviar" esos fondos "en su provecho".
Así, la Fiscalía señala que además de estos fondos, los acusados usaron "otras cláusulas que regulaban la posibilidad de financiación previa justificación del gasto" para "simular pagos de prestaciones y gastos que afirmaban necesarios del proyecto minero y que respondían a gastos y deudas de las empresas y de sus administradores acusados".
En concreto, los acusados destinaron esos fondos euros para pagar "a diferentes despachos de abogados y otros profesionales" para intereses personales, así como "abonar facturas" del año 2005 que el consejo de administración de la empresa minera "se negó a abonar por considerar que no respondían a servicios realizados".
