VALLADOLID, 10 May. (EUROPA PRESS) -
En su fallo, de 120 páginas, del que ha sido ponente el magistrado Miguel Donis, la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Provincial ha impuesto la mayor pena a Luis Alberto Samaniego, en concreto siete años y ocho meses, seguido de su primo Antonio Bernardo Samaniego, condenado a cuatro años y ocho meses, mientras que sobre el hijo del primero, Luis Javier, y el contable del grupo, Miguel Ángel Rodríguez Patín, han sido condenados a dos años, según informaron a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
Los cuatro habrán de indemnizar al Ayuntamiento con más de 177.00 euros.
Durante el juicio celebrado el pasado mes de marzo, Luis Alberto Samaniego y su hijo, Luis Javier, como cabezas del clan familiar, defendieron la legalidad de sus operaciones y lo ajustado de sus facturas y coincidieron al señalar, en palabras del primero, que en "quince años de trabajos para el Ayuntamiento jamás ha habido queja alguna".
Padre e hijo vinieron a indicar que la contratación de sus empresas por parte del Ayuntamiento, más de una docena, para la realización de obras menores fue absolutamente legal, una práctica "de toda la vida, desde la década de los setenta", con sus mercantiles y otras de la competencia.
"Hemos estado trabajando quince años porque todos esos servicios ofrecidos eran baratos y buenos", incidió Luis Alberto Samaniego, quien insistió en que "nunca jamás en la vida ha habido una queja ni se ha abierto expediente alguno porque no se hubiera ejecutado una de las obras ejecutadas o se hubiera aplicado un sobrecoste".
La acusadora pública y exfiscal jefe, Esther Pérez, había sido categórica al afirmar en su informe final que "hay pruebas incontestables de que los cuatro acusados actuaron de común acuerdo y se concertaron" para asegurarse la adjudicación de buena parte de las obras menores del Ayuntamiento de Valladolid, trama que les dio sus frutos al asegurarse contratos entre 2001 y 2014 por importe no inferiores a los 10 millones de euros.
En este sentido, entendía que no era "fruto de casualidad" que tanto Luis Alberto como su hijo Luis Javier recibieran "pagos en metálico" de su grupo empresarial, integrado por trece mercantiles, al tiempo que consideró "absolutamente probada" la comisión por parte del primero de un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios, ya que su condición de funcionario en el periodo investigado como responsable de Mantenimiento, con competencia en dirección, supervisión y fiscalización, le prohibía contratar con sus sociedades.
"EL DINERO A UNA CAJA COMÚN"
"Se adjudicara a quien se adjudicara, el dinero ha ido hacía una caja común desde la que se hacía luego el reparto", aseveró entonces la fiscal, quien veía probable que en el presente caso fallaran los controles de la Administración local, que durante casi quince años no descubrió lo ocurrido, pero se mostró firme al asegurar que "aquí lo único que ha fallado es que un funcionario, por intereses bastardos, se aprovechó de tal condición".
En la misma línea que la acusación pública, el letrado del Ayuntamiento recordó que en 2014 el propio Luis Javier Samaniego, tal y como durante el juicio certificaron el secretario y el interventor municipales, llegó a reconocer su culpa y se 'confesó' con la responsable del Departamento de Patrimonio, su jefa jerárquica.
"!Sabía que me iban a pillar!", son las palabras que el acusador particular puso en boca del acusado durante el encuentro mantenido con Isabel Page.
El letrado censuró que incluso los trabajadores de las empresas de los Samaniego entraban en el Ayuntamiento para aprovisionarse de material que luego cobraban a la institución local y, asimismo, dejó entrever que la trama podría alcanzar todavía mayores proporciones por cuanto sólo se investiga la adjudicación de obras menores por parte de tres empresas de los procesados, en referencia a que el clan llegó a crear cerca de una treintena.
Pero además, el abogado del Ayuntamiento advirtió de que en el momento de destaparse la trama y abrirse expediente disciplinario a Luis Alberto Samaniego se produjo el borrado de un total de 65.436 archivos de los ordenadores, a lo que añadió que trabajadores del Centro de Mantenimiento llegaron a reconocer que en aquellas fechas se produjo un traslado de trituradoras a dicho espacio que durante un día entero destruyeron "montañas de papel".
Con respecto a las peticiones concretas de las acusaciones, la fiscal del caso, que imputó por delitos continuados de fraude a la administración, negociaciones prohibidas a funcionarios, falsedad en documento mercantil y estafa, había pedido para el principal inculpado, Luis Alberto Samaniego, un total de once años de cárcel--en el delito de falsedad le aplicó la agravante de prevalerse del carácter público--, su inhabilitación para empleo o cargo público por espacio de 18 años y multas por importe de 7.776 euros.
Para su hijo, Luis Javier; su primo y expresidente de la Asociación Vallisoletana de Empresarios de la Construcción (Aveco) en la década de los 80, Antonio Bernardo Samaniego, y el contable del grupo de empresas, Miguel Ángel Rodríguez Patín, pidió ocho años para cada uno, multas por importe de 19.980 euros y su inhabilitación por espacio de cinco años para optar a subvenciones o ayudas públicas.
Pidió también que, de forma conjunta y solidaria, indemnizaran al Ayuntamiento de Valladolid con 760.146 euros por los sobrecostes y facturas indebidamente percibidas y en aquellas otras cantidades que se acrediten en el juicio oral, cantidades que devengarán el correspondiente interés legal, con la responsabilidad subsidiaria de las empresas del grupo familiar implicadas.
Por su parte, el Ayuntamiento de Valladolid elevó a 45 años el conjunto de penas solicitado por delitos de prevaricación, fraude y exacción ilegal, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios, tráfico de influencias, falsedad y estafa, y solicitó para Luis Alberto Samaniego 15 años de prisión y 39 de inhabilitación, mientras que para el resto rebajó las condenas solicitadas a 10 años y 23 de inhabilitación, junto con multas en todos los casos de 632.849 euros, en los que ya aparecen incluidos los 537.849 de supuesto beneficio ilícito obtenido por ellos.
El procedimiento contra todos ellos obedece a los sobrecostes por importe de 2.464.647 euros percibidos por el grupo de empresas de los Samaniego entre 2000 y 2014, de ellos 671.8677 en concepto de perjuicio por sobrecostes en la facturación, 893.268 como perjuicio de ausencia de baja, 537.849 de perjuicio como beneficio ilícito de los investigados y 361.653 de perjuicio por los intereses de demora.
