MADRID, 8 (EUROPA PRESS)
Conforme detalla la sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Javier Vieira, la justicia colombiana atribuye a este ciudadano con nacionalidad española desde 1999, los delitos de cohecho, utilización ilícita de redes de comunicaciones, acceso abusivo a un sistema informático, si bien se acuerda la extradición por el primero ya que los dos últimos no están tipificados de forma equivalente en el Código Penal español.
Los hechos se remontan a 2015, cuando la coreana Hyundai Motor decidió retirar el derecho de distribución en exclusiva de sus vehículos a Hyundai Colombia Automotriz, cuyo mayor accionista era Matto. Según el relato aportado a España por la justicia colombiana, esta empresa demandó a la primera un 29 de febrero de 2016, día en que se advirtieron "una serie de irregularidades ligadas con el sistema de reparto de esa demanda específica" que fueron denunciadas ante la Fiscalía.
En la investigación de aquellas irregularidades, se descubrió que "hubo una intromisión indebida en el sistema" para modificar el reparto alterando una base de datos, de modo que el software enviase la demanda a un juzgado concreto, pues "ya había acordado con el juez titular de ese despacho y su oficial mayor el pago de coimas" para que diera trámite y acordase "una medida cautelar favorable a los intereses del señor Mattos".
"En una reunión celebrada en el apartamento del procesado, el aquí acusado ofreció al juez y al oficial mayor la suma de setecientos millones de pesos (192.000 euros) a dividirse en una proporción establecida posteriormente por estos funcionarios", explica el escrito de las autoridades colombianas, que incide en que se pactó además "una prima de éxito", mil millones de pesos (274.000 euros) si mantenían la medida un año.
Tras recibir y analizar la orden internacional de detención dictada desde Colombia, la Fiscalía de la Audiencia Nacional informó favorablemente a la extradición, por entender que reunía los requisitos legales y procesales y que pese a tener nacionalidad española, "es colombiano de origen, no ha roto sus vínculos" con aquel país y "el principio de proporcionalidad aconseja" enviarle allí porque es donde están todas las pruebas para su enjuiciamiento.
PODRÁ CUMPLIR CONDENA EN ESPAÑA
El tribunal respalda este criterio y dice que si bien que tenga nacionalidad española puede ser causa para denegar la extradición, esta previsión es "una cláusula potestativa que se puede actuar cuando se den condiciones especiales, objetivas y subjetivas" pero no es una norma general y depende de cada caso.
En el de Matto, la Sala dice que "concurren varias circunstancias que aconsejan el enjuiciamiento de los hechos en el lugar donde se realizaron los posibles actos delictivos" pues "las pruebas materiales" se hallan en Colombia y toda prueba susceptible de ser practicada "depende de la comparecencia de numerosas personas residentes" en aquel país, lo que dificultaría llevar a cabo el procedimiento en España.
Recuerda además que su nacionalidad "le permitirá en su caso, solicitar el cumplimiento en España de la pena que pudiera serle impuesta", haciendo posible así "su proximidad con las personas de su familia más próxima".
En este sentido, la defensa de Matto rechazaba la entrega alegando además de la nacionalidad y el arraigo en España, que podía ser enjuiciado aquí a instancia de las autoridades colombianas. Sostuvo además durante la vista de extradición que la reclamación tiene "trasfondo político", dado que el actual fiscal General de Colombia fue su abogado en estos procedimientos, extremos estos rechazados por el tribunal.
