LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 7 May. (EUROPA PRESS) -
De este modo, de acuerdo con el veredicto unánime emitido el pasado 25 de abril por el tribunal popular encargado de enjuiciar el caso, el magistrado y presidente del jurado, Pedro Herrera, ha declarado al acusado culpable de un delito de asesinato por alevosía y de un delito leve de hurto.
Además la sentencia le impone al acusado la obligación de indemnizar a la familia de la fallecida con un total de 100.000 euros, según recoge la sentencia.
El fallo declara probado que entre el verano y el otoño de 2016 el acusado contactó en varias ocasiones con la joven fallecida, que se dedicaba a "la prestación de servicios sexuales a terceros a cambio de un precio", encuadrándose dentro de tal ámbito "la proximidad y relación que hubo entre ellos".
Además, se recoge que el 23 de octubre de 2016 el militar, tras contactar con la víctima, se personó en su domicilio y tras mantener una relación sexual, "aprovechó un momento en el que ella, por causa desconocida, se encontraba inconsciente o con pérdida del conocimiento, para trasladar su cuerpo inerte o inactivo hasta el cuarto de baño", dejándola tirada en la bañera, expone el magistrado.
Posteriormente, el acusado, "sabedor de la situación de desprotección y de la previsible falta de reacción de la víctima", colocó el cable de la ducha alrededor de su cuello y, "con la finalidad de acabar con su vida, presionó con fuerza hasta provocar su estrangulamiento y finalmente su muerte por asfixia".
Así, tras este "letal" resultado y después de que el cuerpo de la joven sin vida quedara en la bañera, el militar cortó los cables del router y de línea telefónica, además de revisar las diferentes dependencias de la casa, saliendo de la misma pasadas las 16.00 horas y llevándose consigo las sábanas, el móvil de la fallecida y otros efectos.
