Dolores Delgado ha realizado estas declaraciones durante la inauguración, en el Ministerio de Justicia, de la tercera reunión de la Red Europea de los Derechos de las Víctimas. Este grupo, integrado por expertos y responsables gubernamentales de una veintena de países, tiene el objetivo de mejorar el acceso a los sistemas de Justicia para todas las víctimas de delitos.
Durante su intervención, la ministra ha subrayado el papel que, con este objetivo, desempeñan las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito (OAV) cuya organización y supervisión depende de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia. Estas oficinas ofrecen un servicio multidisciplinar compuesto por personal de la Administración de Justicia y psicólogos que prestan una asistencia integral y especializada a las víctimas, de carácter público y gratuito. Las OAV están obligadas a atender a cualquier persona que acuda a consultar cómo ejercitar sus posibles derechos como víctimas sin que se exija la presentación previa de una denuncia ni la nacionalidad española.
Delgado ha recordado que las primeras oficinas empezaron a funcionar hace 20 años y, desde entonces, el Ministerio de Justicia ha asumido un compromiso “firme y decidido” en la implantación de servicios especializados en la atención a víctimas especialmente vulnerables, entre las que se encuentran las mujeres que sufren la violencia machista y sus hijas e hijos menores de edad y las víctimas de violencia sexual.
Delgado ha subrayado, precisamente, que una de las medidas incluidas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género suscrito en diciembre de 2017 es desplegar nuevas oficinas de atención a las víctimas y reforzar sus recursos materiales y personales para un mejor servicio asistencial.
La ministra ha señalado también como prioritaria la reforma de los delitos sexuales en el Código Penal para adaptar nuestra legislación al Convenio de Estambul. La reforma suprimirá la calificación de ‘abuso sexual’, caracterizará como agresiones sexuales todos los actos de contenido sexual realizados contra una persona sin su consentimiento, y como violaciones, los casos más graves. Se cambiarán las multas por penas de cárcel en las agresiones sexuales y se incluirá la circunstancia agravante de género para castigar con mayor dureza los delitos sexuales cuando se comentan contra quien sea o haya sido esposa o haya estado ligada al autor de los hechos por una relación de afinidad.
Por último, se establecerá para los responsables de estos delitos la imposibilidad de acceder a los beneficios penitenciarios, permisos de licencia, clasificación en tercer grado y el cómputo del tiempo para la libertad condicional hasta el cumplimiento efectivo de la mitad de la condena impuesta.
