ALMERÍA, 3 May. (EUROPA PRESS) -
"Es la primera vez que se celebra en toda la historia de la Audiencia de Almería un juicio de estas características, que supera todas las previsiones", ha reconocido Molina en una rueda de prensa, en la que ha apuntado que la Junta de Andalucía última los proyectos para desarrollar obras en la sala más amplia de la segunda planta, lo que permitirá acoger la vista sobre la que aún no hay fecha.
En esta línea, la presidenta ha indicado que se cambiará el mobiliario, el sistema de grabación, de audiovisuales, por lo que las alteraciones en la sala que permitirán acoger no solo a todos los acusados, sino también a las diferentes partes y al tribunal. "Van a estar un poco estrechos, pero creo que se celebrará con todas las garantías, que es lo importante", ha dicho.
Estos cambios, además, tienen vocación de permanencia, de modo que la sala de vistas quede "preparada ante posibles causas parecidas", según ha advertido Molina, quien ha apuntado que la otra opción pasaba por trasladar el juicio a la Ciudad de la Justicia, lo que habría dificultado la labor de los magistrados puesto que "no se paralizan el resto de los asuntos" y al mismo tiempo que se celebran las sesiones se "sigue trabajando en otros temas".
De igual forma, la presidenta ha explicado que para el seguimiento del juicio "se va a arbitrar el mismo sistema que se ha seguido para el juicio de los ERE", de modo que se instalará una cámara mediante circuito cerrado de televisión que permita un seguimiento a la prensa una dependencia anexa.
"Me consta que en la Sección Tercera no están de brazos cruzados, están examinando las pruebas, hay un funcionario de refuerzo ayudando para ordenar toda la documentación. Cuando todo esté examinado será la Sala la que establezca la fecha", ha explicado la presidenta en relación a este caso que sacudió el municipio ejidense hace casi diez años y por el que la Fiscalía Anticorrupción pide 64 años de prisión para el exalcalde de El Ejido Juan Enciso.
MÁS DE 71 MILLONES DE EUROS "DEFRAUDADOS"
La presunta trama de corrupción política y empresarial en torno a la empresa mixta Elsur, participada por el Ayuntamiento de El Ejido y la multinacional Abengoa, habría retraído de las arcas públicas del consistorio casi 71,5 millones de euros entre los años 2002 y 2009 bajo una red en la que también estaría implicado el exinterventor municipal José Alemán, quien también se enfrenta a 64 años de prisión.
La acusación que el Ministerio Público ha elevado al Juzgado de Instrucción 2 de Almería indica que el saqueo de las arcas públicas se realizó "orquestando la creación" de una red de sociedades que se dedicaban a "subcontratar" con la empresa mixta Elsur con "una doble finalidad: engordar artificialmente el canon anual que tenía que recibir como contraprestación por parte del Ayuntamiento, y, por otra, aumentar más sus ingresos defraudando a la Hacienda Pública".
La Fiscalía Anticorrupción sitúa en el epicentro de la presunta trama para "aprovechamiento ilícito" al grupo empresarial Abengoa como socio privado de Elsur, con un 30 por ciento del accionariado, y le acusa de haberse apoderado de poco más de 31 millones de euros con "sobrefacturación", todo ello, según remarca, "con la connivencia" del exalcalde y del exinterventor municipal.
En total, entre 2002 y 2009 se facturó al consistorio ejidense 232,6 millones de euros de los que 31 millones de euros correspondieron a "sobrefacturaciones" de los distintos grupos empresariales y sus propietarios, entre ellos José Amate o Juan Antonio Galán, para el que pide la máxima pena de 174 años de cárcel.
El Ministerio Público calcula que el grupo de empresas controlado por el primero sobrefacturó 24,7 millones de euros, habiendo obtenido un beneficio del 53,49 por ciento con el que los 13 acusados vinculados al citado grupo han conseguido reunir un importante patrimonio inmobiliario, tanto rústico como urbano.
Mientras, el grupo empresarial vinculado a Galán, sobrefacturó presuntamente a Elsur, "aumentando el perjuicio patrimonial sufrido en detrimento de las arcas municipales", 15,6 millones de euros, "habiendo obtenido un porcentaje de beneficio del 48,21 por ciento, muy superior al que hubiera sido normal si no se hubieran aumentado artificialmente los costes de la subcontratación".
Asimismo, el grupo Abengoa supuestamente llevó a cabo mediante un entramado de sociedades una "sobrefacturación" en concepto de "gastos de apoyo a la gestión y el asesoramiento", ya que, tal y como destaca el fiscal, eran servicios "que en realidad no se prestaron pues no constan actas de reuniones de seguimiento, informes, estudios o documentos en los que se ponga de manifiesto la veracidad de los mismos y tenían como única finalidad el apoderamiento ilícito por parte del socio privado de unos fondos que sabían que era de naturaleza pública, incrementando de esta manera los costes de Elsur para así justificar ante el Ayuntamiento el incremento de los precios en beneficio propio".
