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Magistrado de la Sala de lo Penal

Vicente Magro, magistrado del TS: "Que la víctima de maltrato se retracte no puede comprenderse como una denuncia falsa"

26/04/2019
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El magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) Vicente Magro Servet ha afirmado que cuando las víctimas de violencia de género deciden retractarse de sus anteriores declaraciones "hay que leerlo en un contexto de temor o miedo", e incluso, de "protección" a su agresor. "No podemos comprenderlo como una denuncia falsa", ha incidido.

MADRID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

Así lo ha manifestado durante su intervención en I Congreso Internacional 'Justicia con Perspectiva de Género', organizado por el Instituto de la Mujer. Es la primera vez que se celebra en España este evento, donde se analiza la importancia de incluir la perspectiva de género en todas las jurisdicciones: penal, social, civil y contencioso administrativa.

Durante la primera mesa redonda sobre la jurisdicción penal, Magro ha explicado que en aquellos casos en los que las víctimas llegan al juicio oral "retractándose" de las declaraciones que ha hecho previamente, hay que tener "cuidado" porque "puede ser por miedo o por su propio arrepentimiento de meter en la cárcel" a su presunto agresor, que puede ser también el padre de sus hijos.

En este contexto, el magistrado ha apuntado que los jueces pueden basarse en declaraciones anteriores, tanto ante la policía como durante la fase de instrucción, que pueden constituir una "prueba suficiente para dictar una sentencia condenatoria".

Magro ha comentado varias sentencias dictadas por el Supremo en 2018 y 2019 que concluyen que "no se puede convertir" a la mujeres víctimas de violaciones, abusos sexuales y maltrato de género "en las culpables y acusadas del procedimiento penal".

Asimismo, tras recordar que el Supremo ha dado 11 criterios a seguir para valorar la declaración de una víctima de este tipo de violencia, ha aconsejado "siempre" hacerlo por videoconferencia para "evitar la victimización" que supone estar a "tres metros" del agresor. A su juicio, la víctima de maltrato "no es un testigo más", sino que "es el sujeto pasivo de la violencia de maltrato.

"Para mí lo más importante es tener el criterio del miedo, del temor. El 'me callo' o respuestas cortas y temerosas", ha subrayado. A su juicio, esto "es entendible que ocurra" ya que las víctimas "tienen miedo de estar" en el juicio, teniendo en cuenta que ya ha declarado "tres o cuatro veces más" y está "harta de contar años de sufrimiento".

"LAS VÍCTIMAS SE CANSAN DEL SISTEMA Y DE LOS JUECES"

"La víctima va cansada al juicio oral. La acabamos cansando de declarar tantas veces: está harta de nosotros, del sistema", ha agregado. Según ha añadido, las "declaraciones repetitivas pueden provocar contradicciones" y eso "no hay que verlo como algo negativo" contra su credibilidad, sino "como que está cansada de todo".

Entre otras cosas, ha enumerado resoluciones judiciales en las que se aplicó la perspectiva de género, o casos en los que el Tribunal apostó por una condena de asesinato en vez de homicidio o en los que se aplicó la agravante de género por tratarse de un ataque con ella por el mero hecho de ser mujer, más allá del ámbito de la pareja o expareja.

En esta misma mesa redonda ha participado la vicepresidenta emérita del Tribunal Constitucional y catedrática de derecho penal, Adela Asúa, quien ha advertido de la existencia de "sesgos" y ha reivindicado la necesidad de aplicar la perspectiva de género pare lograr reconocer que la sociedad es "heredera" de una cultura que llevaba a las mujeres a la "inferioridad" y "subordinación".

Según ha afirmado, estos "patrones" machistas "son iguales en todo el mundo", a pesar de que haya lugares en los que se producen menos que en otros. En este sentido, ha defendido que los códigos penales deben "cambiar la interpretación" y comprender que "lo que se lesiona es la libertad e igualdad de la mujer"

También han intervenido magistradas de otros países, como Grecia, Portugal o Libia, que han puesto encima de la mesa la situación de la mujer así como de sus legislaciones. Muchas de ellas han coincidido al señalar que existe un "problema de tradiciones y normas que ponen trabas a las mujeres".

Clara Sottomayor, magistrada del Tribunal Constitucional de Portugal, ha afirmado que la cultura machista "persiste", también en las leyes que tipifican los delitos sexuales. En su país, según ha explicado, pese a haberse abordado cambios, éstos no han sido "suficientes" ya que los jueces siguen condenando violaciones considerando que "no es violencia física" si se produce sin que la víctima se resista.

Sofia Karistineou, magistrada de la Corte Suprema de Grecia, ha lamentado que su país haya sido "el último país de la UE en aplicar leyes y jurisprudencia" en materia de género y ha dicho que "se sigue discriminando".

En la inauguración del evento ha participado la secretaria de Estado de Igualdad, Soledad Murillo, quien ha reivindicado la necesidad de que la Justicia "cumpla con el principio de imparcialidad e igualdad de trato". "Sin igualdad de trato, no hay democracia", ha dicho.

Asimismo, ha recordado la "falta de mujeres" en puestos de responsabilidad relacionados con el ámbito judicial. "En 40 años, la única y primera presidenta del Tribunal Constitucional fue María Emilia Casas", ha destacado. Citando a Clara Campoamor, Murillo he recalcado que "la igualdad se aprende, y se aprende solo ejerciéndola".

En esta misma línea se ha pronunciado la vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Pilar Sepúlveda, quien ha dicho que 15 comunidades autónomas hay mayoría de juezas, "pero existe una sola presidenta de tribunales superiores de justicia". Asimismo, ha declarado que, a pesar del "esfuerzo", el Tribunal Supremo contaba en 2014 con 9 juezas, y hoy en día existe 15, frente a 68 varones. "Sigue siendo una cantidad absolutamente desproporcionada", ha incidido.

En el Congreso, que se celebra durante hoy y mañana, participarán 48 intervinientes de 21 países, en 6 mesas de debate, y asistirán juezas de 35 países, entre ellas magistradas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de Cortes Constitucionales y Cortes Supremas o magistradas responsables de órganos administrativos de justicia de países de Asia, Oriente Medio, Norte de África y África Subsahariana, Norteamérica, América latina y Europa.

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