MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -
El juicio oral, el cuarto relacionado con los negocios de la trama empresarial liderada por Francisco Correa, tiene en concreto 19 sesiones señaladas, que se celebrarán entre el 2 y el 20 de junio, entre el 1 y el 11 de julio y entre el 10 y el 19 de septiembre, según el auto dictado por la Sección Segunda que cambia la programación inicial.
En esta ocasión, Correa, que se encuentra cumpliendo condena por las otras tres piezas ya juzgadas, afronta siete años y nueve meses de prisión en este nuevo procedimiento, igual que su número dos, Pablo Crespo, y sus trabajadores Isabel Jordán y Javier Nombela.
Todos fueron sentenciados ya por la primera época de la trama Gürtel en la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción les acusa en esta cuarta pieza separada de prevaricación, falsedad cometida por funcionario público, fraude a las administraciones y falsedad en documento mercantil.
Asimismo, serán juzgadas las interventoras municipales del Ayuntamiento de Jerez María del Milagro Pérez y Milagros Abascal, el que fuera director del Instituto de Promoción y Desarrollo de la ciudad José Agüera, la empleada de este organismo Lourdes Montenegro y el antiguo secretario del consistorio Manuel Bárez.
Anticorrupción pide para ellos siete años de prisión por prevaricación, falsedad cometida por funcionario público y fraude a las administraciones públicas excepto para Abascal, que afronta una petición de dos años de cárcel por prevaricación y fraude en las administraciones.
En este caso, el procedimiento versa sobre la contratación de tres empresas vinculadas a Correa (Special Events, Down Town Consulting y Teleanuncio) para el montaje del expositor en Fitur 2004 por más de 355.000 euros mediante adjudicaciones "sin concurso público" que incurrieron en "groseras ilegalidades", tal y como explicó el juez instructor José de La Mata en el auto con el que enviaba la pieza a juicio.
"GROSERAS ILEGALIDADES"
Según concluyó, las sociedades comenzaron a ejecutar sus servicios incluso antes de que el Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad los concediese formalmente, pese a que no era el órgano competente para ello. Además, los contratos y expedientes administrativos --que en ocasiones se trataron como si fuesen "menores sin publicidad"-- se elaboraron una vez finalizada la feria, lo que demostraría que "se construyeron" ad hoc y que "las fechas consignadas en todos los documentos obrantes en los mismos son falsas".
De la Mata considera que hay indicios suficientes de que el secretario del Ayuntamiento y las interventoras suscribieron los documentos para "dar apariencia de legalidad" a las actuaciones; mientras que el entonces director del IPD justificó "indebidamente" las memorias del organismo para acudir a un "procedimiento de urgencia" y Montenegro intervino en la elaboración de la documentación incorporada a los expedientes.
