MADRID, 11 (EUROPA PRESS)
Según el auto dictado por la Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso Europa Press, el riesgo de fuga del investigado "ha disminuido" y se le pone en libertad aunque, "para asegurar la presencia del reclamado en el momento que sea necesario", deberá comparecer dos veces por semana ante este órgano judicial.
Asimismo, la Sala determina la retirada de su pasaporte y le prohíbe salir del territorio nacional. También deberá dejar constancia del domicilio en el que va a residir provisionalmente en Madrid, domicilio en el que deberá permanecer mientras su situación sea la de libertad provisional.
El exmagistrado estaba siendo investigado por delitos de cohecho y tenía prohibido abandonar su país, pero salió de forma clandestina la madrugada del pasado 7 de octubre y fue detenido diez días después en España, donde pidió asilo, en ejecución de una orden cursada por Interpol.
Tras ser puesto a disposición de la Audiencia Nacional, el juez instructor José de la Mata acordó por riesgo de fuga enviarle a prisión en tanto la justicia peruana tramitaba la solicitud de extradición, una decisión que confirmó el pasado 28 de enero descartando las alegaciones del exjuez.
La Sección Primera de la Sala de lo Penal avaló el 13 de marzo mantenerle en prisión hasta la vista de extradición por tratarse de una persona fugada de su país "para no afrontar una responsabilidad penal presunta", si bien ahora contempla que el riesgo de fuga ha disminuido.
ACUSACIONES
Hinostroza está acusado en Perú de liderar "una organización criminal dedicada a realizar nombramientos y ratificaciones ilegales dentro del Poder Judicial, utilizando su cargo", red que "estaría dedicada a la comisión de delitos de corrupción de funcionarios en todas las áreas del Poder Judicial a nivel de Lima Metropolitana".
También se le imputa haber realizado "coordinaciones ilícitas como juez supremo de la República con el Consejo Nacional de la Magistratura para patrocinar al juez Ricardo Chang Racuay en un proceso de ratificación", así como de "apoyar de forma clandestina por gestiones ilícitas para una mejora laboral de Verónica Rojas Aguirre en la Corte Superior del Callao".
De igual modo, las autoridades peruanas reclaman la entrega del exjuez por haber realizado supuestamente "negociaciones en la contratación incompatibles de personal jurisdiccional en la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Superior de Justicia de la República a consecuencia de gestiones ilícitas con el exconsejero Sergio Noguera Ramos".
De acuerdo con la orden internacional de detención cursada por Interpol, estos hechos podrían constituir en Perú "delitos de patrocinio ilegal, tráfico de influencias, negociación incompatible y organización criminal", previstos en el Código Penal del país sudamericano, y la pena máxima que podrían alcanzar en una sentencia asciende a 15 años de prisión.
