MADRID, 11 (EUROPA PRESS)
El pasado mes de diciembre, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 fijó el 30 de marzo de 2022 la fecha tope para acabar con la investigación de esta macrocausa, que arrancó hace más de cuatro años y que reúne más de 200 personas investigadas en un total de 16 piezas. Este auto aludía a unas "nuevas líneas de investigación que darán lugar unas nuevas diligencias".
Unas semanas después, el 10 de enero, el juez remitió a la Fiscalía Anticorrupción una providencia en la que instaba a proponer una reestructuración de la causa, precisando los hechos y sujetos afectados en cada una de las piezas.
Esta decisión de ampliar el plazo de instrucción fue recurrida por varios de los imputados, a los que la Sala ha dado parte de la razón. En un auto con fecha de este jueves, los magistrados ven una contradicción en la justificación que se dio en septiembre de 2015, cuando se decidió la formación de distintas piezas, y el sentido por el que hace unos meses el juez instructor acordó prorrogar la instrucción.
EVITAR LA DILATACIÓN DE PLAZOS PARA ENJUICIAR
Los magistrados recuerdan que en ese auto de 2015 la "idea" era la de "no condenar a dilatar plazos" para enjuiciar los hechos, mientras que en la resolución de finales del año pasado se enumeraron "aleatoriamente" todas aquellas diligencias anunciadas por el Ministerio Público que "corresponderían a distintas piezas" pero "sin concretar las afectadas".
Para la Sala --que considera "admisible" la reestructuración del proceso--, el hecho de que se vaya a practicar nuevas diligencias no tiene por qué afectar a todas las piezas, ya que algunas se encuentran pendientes de ser juzgadas y ya constan escritos de acusación. En estos casos, "difícilmente les puede alcanzar" lo expuesto en el auto recurrido, apunta.
Con todo ello, ha dado un plazo de 18 meses más, a contar a partir del 6 de diciembre de 2018, para que finalice la investigación de este caso de corrupción. Añade que espera que el resultado de todas estas pruebas que solicita la Fiscalía se obtengan "transcurrido el periodo temporal instructorio".
Hasta ahora, sólo se ha juzgado un asunto relacionado con Púnica: el 'chivatazo' que recibió el ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados de que estaba siendo investigado. Por ello, ha sido condenado a dos años de prisión, pena que ya ha sido confirmada por el Tribunal Supremo.
