MADRID, 11 (EUROPA PRESS)
El acuerdo se ha tomado a petición del presidente de la Sala Segunda (de lo Penal) del Supremo y del tribunal del 'procés', Manuel Marchena, y en aplicación del artículo 256 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que establece que una vez jubilado un magistrado, éste "deliberará, votará, redactará y firmará las sentencias, según proceda, en los pleitos a cuya vista hubiere asistido y que aún no se hubieren fallado".
De este modo, el CGPJ ha decidido que Varela continúe formando parte de la Sala Segunda del Supremo "durante la totalidad del juicio" y pueda así participar en "todas las actuaciones posteriores que sean precisas para el dictado de la oportuna sentencia".
El CGPJ ya había adoptado en el pasado numerosos acuerdos disponiendo que magistrados jubilados continuaran celebrando las sesiones de una vista oral en aplicación del artículo 256 de la LOPJ, "habilitaciones que respondían a una interpretación teleológica y de claros resultados útiles del citado precepto, pues no sólo se trataría de garantizar la tutela judicial efectiva, entendida esencialmente como derecho a la defensa, sino también como preservar el derecho a que no se produzcan dilaciones, como consecuencia de las actuaciones practicadas por el magistrado que se jubila a lo largo del tiempo al que se extiende el juicio oral, respetándose de esta manera los principios de inmediación, oralidad y concentración en las actuaciones procesales".
Entre los casos anteriores figuran los del presidente de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de San Sebastián Pablo Pérez Rubio (en 1995), el magistrado de la Audiencia Provincial de Badajoz Ramiro Baliña Mediavilla (en 1998), el presidente de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Málaga José María Muñoz Caparrós (en 2006) o el presidente de la Sección Tercera de esa misma Audiencia Carlos Prieto Macías (en 2010). Este último formaba parte del tribunal que enjuiciaba el llamado 'caso Minutas' cuando alcanzó la fecha de jubilación.
Existe incluso un precedente en la propia Sala Segunda del Tribunal Supremo, el del magistrado Enrique Bacigalupo Zapater, a quien la Comisión Permanente concedió la prórroga de jurisdicción el 8 de julio de 2008 "para la conclusión de las vistas, deliberación, votación, redacción y firma de las sentencias correspondientes" a los procesos sobre ilegalización de los partidos políticos Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) y Acción Nacionalista Vasca (ANV).
