MADRID, 13 (EUROPA PRESS)
"Estamos ante una persona que se ha fugado del país reclamante para no afrontar una responsabilidad penal presunta, estando el Reino de España vinculado por sus compromisos internacionales en materia de entrega de personas", señala el auto del que ha sido ponente el magistrado Enrique López.
El ex juez Hinostroza está acusado en Perú por delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios. Tenía prohibido abandonar el país, pero salió de forma clandestina la madrugada del 7 de octubre y fue detenido diez días después en España, donde había pedido asilo, en ejecución de una orden cursada por Interpol.
Tras ser puesto a disposición de la Audiencia Nacional, el instructor José de la Mata acordó por riesgo de fuga enviarle a prisión en tanto la justicia peruana tramitaba la solicitud de extradición, una decisión que confirmó después ante un recurso presentado por la defensa de Hinostroza, quien alegaba entre otras razones, que había solicitado protección internacional, que sus derechos fundamentales se verían afectados de regresar a Perú y que tenía arraigo en España como para descartar riesgo de fuga.
Para la Sección Primera, "lo único que puede y debe ser valorado con mayor profusión en este caso es el riesgo de fuga", dado que "una mera lectura de los hechos en que se basa la demanda extradicional" ya pondría de manifiesto la correspondencia con delitos tipificados en el Código Penal español y que la posible afectación a sus derechos fundamentales recibirá respuesta "tras la vista extradicional", aún no celebrada.
"No nos cabe duda de que se sustrajo voluntariamente e intencionadamente de la justicia peruana mientras esta advertía del inicio de un proceso contra el reclamado, si bien no podía actuar hasta que se obtuviera la necesaria acusación previa del Congreso de la República de Perú al tratarse de un miembro de la Corte Suprema", explica el auto del que ha sido ponente el magistrado Enrique López.
Razona además que el arraigo que alega no se puede considerar "ni absoluto ni relativo sino buscado de propósito en su consciente huida de la justicia peruana y ello al margen de que viva en España una de sus hijas". En esta línea, rechaza la posibilidad de un arresto domiciliario o una medida menos gravosa de restricción de su libertad, pues entiende que "en modo alguno está justificado y carece de causa para su adopción".
