PAMPLONA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -
Bajo la dirección de la presidenta de la Audiencia Provincial de Navarra, Esther Erice, la comisión está diseñada en toda España para velar por la unidad de acción de las diferentes instituciones en la prevención y respuesta contra la violencia sobre las mujeres.
En Navarra, en el ámbito judicial, va a estar formada por la titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Pamplona, Margarita Pérez-Salazar; la juez de lo Penal número 5 de Pamplona, órgano que enjuicia en exclusiva todos los delitos de violencia de género con penas de hasta 5 años de prisión, Esther Fernández Arjonilla; el presidente de la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra, el tribunal que juzga todos los delitos de este tipo con penas de más de 5 años, José Francisco Cobo, el responsable en esta materia de la fiscalía, Francisco Úriz, así como el secretario de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, Francisco Javier Isasi.
Asimismo, formarán parte de esta comisión las unidades de todos los cuerpos policiales especializadas en la investigación de estos delitos y protección de las víctimas, los forenses de valoración integral encargados de una actuación global e integral en casos de violencia de género, las oficinas de ayuda a las víctimas, la responsable de la Delegación del Gobierno en la materia, personal de los servicios sociales del Ayuntamiento de Pamplona, los decanos de los colegios de abogados y procuradores y la directora del Instituto Navarro para la Igualdad, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN).
Según recoge el protocolo para su creación, la comisión abordará, entre otros asuntos, los errores detectados en cada sector o institución y formas de resolverlos, cuestiones novedosas que se aporten o propongan por los responsables de cada área para mejorar la lucha contra la violencia de género y las cifras sobre la concesión de las órdenes de protección.
También tratará el análisis y la valoración de las situaciones de riesgo en las víctimas y la actuación de las unidades de policía judicial adscritas y del Instituto de Medicina Legal. Se analizará la articulación de medidas específicas para detectar el riesgo de las víctimas cuando hayan comunicado a su pareja su decisión de separarse y ésta hubiera cometido un delito de violencia de género o cuando la víctima hubiera interesado expresamente medidas de protección alegando miedo o temor al agresor.
De igual forma, también estudiará medidas de asistencia letrada a las víctimas desde dependencias policiales y quejas realizadas por víctimas de malos tratos por mala praxis en su atención; y propondrá a las comunidades autónomas o al Ministerio de Justicia las necesidades presupuestarias de mejora en cada zona.
