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El CGPJ: reto para el nuevo Parlamento; por David Ortega, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos

19/02/2019
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El día 19 de febrero de 2019 se ha publicado, en el diario El Mundo, un artículo de David Ortega en el cual el autor opina que quedan pocas dudas de la importancia para nuestra vida democrática de cambiar el sistema de elección de los 20 vocales del CGPJ.

EL CGPJ: RETO PARA EL NUEVO PARLAMENTO

La calidad de un sistema democrático se mide principalmente por tres criterios: 1. respeto a los derechos fundamentales; 2. defensa del imperio de la ley; y 3. existencia de la separación de poderes. Se podría discutir si incluir algún otro criterio, pero no que los tres apuntados son decisivos en un verdadero sistema democrático. Vamos a centrarnos en el análisis del tercer criterio: la separación de poderes, donde, como es sabido, su columna vertebral es la independencia del poder judicial del resto de poderes del Estado que controla.

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, se reunió el pasado 10 de enero con las siete asociaciones que representan a los jueces y fiscales de nuestro país. Entre las diferentes reclamaciones que pidieron al Gobierno se encontraba la defensa de la independencia del poder judicial. Por este motivo, entre otros -reivindicaciones salariales y más medios humanos y materiales, principalmente-, ya hicieron una huelga general el 19 de noviembre del pasado año.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es el órgano de gobierno de los jueces. Entre otras funciones, tal y como señala el artículo 122.2 de la Constitución, tiene competencia en su “nombramiento, ascensos, inspección y régimen disciplinario”. Es pues un órgano clave y decisivo para garantizar, o no, la independencia de nuestros jueces. Los ciudadanos deben saber que, entre los años 1980 a 1985, el sistema de elección de los 20 vocales del CGPJ era bastante sensato y acorde con otros sistemas democráticos de nuestro entorno más próximo (Francia, Italia, Portugal). De hecho, el modelo italiano sirvió de inspiración a nuestro poder constituyente de 1977-78.

Pero todo se torció en 1985 cuando la mayoría absoluta del Gobierno liderado por Felipe González, que contaba con el respaldo de 202 diputados socialistas -ningún presidente ha vuelto a aproximarse a semejante mayoría parlamentaria-, decidió que los 12 vocales que elegían jueces y magistrados pasaran también a ser elegidos por el Congreso y el Senado, como los otros ocho vocales. El resultado final es que desde 1985 hasta hoy, los 20 vocales del CGPJ son elegidos por el Parlamento español.

Parémonos en este punto, merece un cierto análisis para que el lector entienda su gravedad. Insisto, estamos ante un órgano esencial para nuestra vida democrática, como ha quedado demostrado. Y Europa es muy consciente de ello, especialmente el Consejo de Europa, que nació en 1949 para la defensa de la democracia, principalmente. Aportemos tres datos relevantes sobre esta cuestión.

Primero. El Consejo de Europa, a través de su Recomendación CM/Rec (2010) 12, de 17 de noviembre, advierte de lo importante que es que “la autoridad competente en materia de selección y carrera de los jueces sea independiente de los poderes ejecutivos y legislativos”. Precisa más en el capítulo IV de dicha Recomendación, en cuyo punto 27 sostiene que “no menos de la mitad de los miembros de tales consejos (del poder judicial) deberían ser jueces elegidos por sus iguales de todos los niveles de la judicatura y con respeto al pluralismo dentro de la judicatura”.

Así lo hacen Italia y Francia y, en menor medida, Portugal, pues siete de los 17 miembros de su Consejo Superior de la Magistratura (CSM) son elegidos por los propios jueces. Para el caso del CSM portugués, la sentencia de 21 de junio de 2016 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, caso Ramos Nunes de Carvalo contra Portugal, condena a Portugal por la falta de independencia e imparcialidad en la composición de su CSM, concretamente por sancionar disciplinariamente a tres magistradas. Si sostiene esto el TEDH para el caso portugués, que al menos tiene siete de sus 17 miembros elegidos por los jueces, ¿qué opinaría el TEDH del CGPJ español, en el que todos sus vocales son elegidos por el poder legislativo?

Segundo. El Consejo consultivo de jueces europeos adoptó, en su undécima sesión plenaria de noviembre de 2010, la Carta Magna de los jueces, donde se defiende que el Consejo debe estar formado o exclusivamente por jueces o, al menos, por una mayoría sustancial de jueces elegidos por sus pares.

Tercero. Pero más graves son los reiterados informes del Grupo anticorrupción del Consejo de Europa (GRECO). El del año 2016 situaba a España a la cola de la independencia judicial de los 21 Estados evaluados, recordando expresamente a nuestro país que “las autoridades políticas no deben intervenir en ninguna de las etapas del proceso de designación de los magistrados”. Se alude en concreto a la falta de interés por modificar el sistema de elección de los miembros del CGPJ para mejorar la actual situación “tanto en apariencia como en realidad”.

Realmente, desde enero de 2014, GRECO no deja de criticar la politización del sistema español para elegir al poder judicial. Específicamente recomendaba a España que “se estipulen por ley los criterios objetivos y los requisitos de evaluación para el nombramiento de altos cargos en la judicatura, por ejemplo, jueces presidentes de las Audiencias Provinciales, de los Tribunales Superiores de Justicia, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo, con el fin de garantizar que estos nombramientos no pongan en tela de juicio la independencia, imparcialidad y transparencia de este proceso”.

Quedan pocas dudas de la importancia para nuestra vida democrática de cambiar el sistema de elección de los 20 vocales del CGPJ y de cómo Europa nos lleva sacando los colores unos cuantos años. Ante esto, ¿cuál es la reacción de nuestra clase política? No hay que olvidar que lo que defendemos es una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) de 1985. Por tanto, PSOE y PP en todos estos años han tenidos bastantes mayorías absolutas para hacer esta reforma, si hubieran tenido verdadera voluntad. En el año 2013 la mayoría absoluta del Partido Popular modificó la LOPJ y concretamente en lo que afecta a la elección de los 20 vocales del CGPJ. La clave se encuentra en el artículo 567, que siguió manteniendo la politización en su designación. A efectos prácticos la realidad es tozuda: les importa un bledo las críticas desde el Consejo de Europa. Pero es que el pasado 30 de octubre se aprobó en el Congreso de los Diputados una nueva reforma de medio centenar de artículos, con el apoyo de todos los grupos parlamentarios salvo la honrosa excepción del de Ciudadanos. Como se pueden imaginar, no se tocó la politización de la elección de los 20 vocales del CGPJ.

Evidentemente, la convocatoria de elecciones generales para el próximo 28 de abril nos ofrece un escenario diferente. Es importante que los votantes sepan que este punto es clave para nuestra vida democrática. Estimo que es una absoluta desvergüenza por parte de la mayor parte de nuestra clase política su pasividad y ninguneo, primero a los jueces, segundo al Consejo de Europa -¡vaya imagen de república bananera estamos dando!- y tercero a los propios españoles. Entiendo que los ciudadanos debemos apoyar en esta batalla la reivindicación más que justa de nuestros jueces, nos jugamos la calidad real de nuestro sistema democrático, así de claro. Estamos en un importante año electoral, el 28 de abril debemos ser coherentes con lo que votamos y defendemos, la despolitización del órgano de gobierno de los jueces me parece un asunto decisivo que no se puede posponer más.

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