VALLADOLID, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -
La sentencia de la Sección Cuarta de lo Penal, a la que tuvo acceso Europa Press en fuentes jurídicas, impone al letrado una pena de dos años y medio de privación de libertad por delito continuado de estafa, junto con su inhabilitación profesional durante idéntico periodo de tiempo, así como otros dos años más de cárcel por delito de coacciones y el pago de una multa de 1.080 euros por un delito leve de apropiación indebida.
Además, en concepto de responsabilidad civil, el condenado habrá de devolver a sus clientes cuantías que se elevan, en su conjunto, a 7.100 euros, al tiempo que el tribunal acuerda declarar nulos los contratos suscritos en su día con los clientes personados como acusación particular.
Contra esta sentencia cabe la posibilidad de interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo, en el plazo de cinco días, por infracción de ley o quebrantamiento de forma.
Las acusaciones, que inicialmente solicitaban entre cinco y diez años de cárcel, aplicaron finalmente rebajas hasta situar las peticiones entre dos años y medio, en el caso del fiscal, y los ocho interesados por una de las particulares, junto con su inhabilitación profesional durante el tiempo de la condena, al retirar el acusador público la agravante de aprovechamiento de la credibilidad empresarial y el delito de falsedad en documento privado, cargo este último también excluido por los letrados de los afectados.
A lo largo del proceso, en el que el abogado se defendió a sí mismo, mantuvo su inocencia y recta actuación y atribuyó las denuncias interpuestas contra su persona a una "conjura" urdida por los propios denunciantes y el Colegio de Abogados de Valladolid, creencia que le ha llevado a iniciar acciones no sólo contra estos últimos sino contra la letrada que ejerce una de las acusaciones particulares y contra la propia juez de Instrucción número 4.
Los hechos se remontan a 2014, año en el que distintas personas acudieron al despacho profesional de A.P.F.M. para que éste les representara en distintos pleitos, en uno de los casos para reclamar a un banco la supresión de una cláusula suelo, en otro para pedirle consejo respecto de una vivienda tras una separación matrimonial y en el tercer caso para consultarle sobre la posibilidad de una ejecución hipotecaria dado que el cliente no podía hacer frente al pago de las cuotas del préstamo.
LES DIJO QUE ERA UN MERO FORMALISMO
En los tres casos, las acusaciones sostuvieron que el abogado no sólo no realizó las tareas comprometidas sino que presentó a los denunciantes--una pareja y su hija, otro matrimonio y un quinto cliente--diversos documentos e insistió en que los firmaran, asegurándoles que era un mero formalismo, sin que la clientela se percatara de que de este modo figuraban como receptores de un crédito de 5.000 euros del acusado que nunca recibieron, junto con una serie de obligaciones en concepto de honorarios.
Entre esas obligaciones recogidas en los documentos, los clientes se veían obligados a entregar diferentes cantidades en concepto de honorarios, que devengarían de forma mensual, al tiempo que se pactaba un interés del 16 por ciento anual por las cantidades debidas al letrado en caso de impago, y junto a ello los afectados se comprometían también, si saberlo, a entregarle las cuantías que las entidades bancarias pudieran devolverles en el supuesto de que las cláusulas suelo fueran declaradas ilegales.
Los clientes, una vez en casa, se percataron del trasfondo de lo que habían firmado, una vez leídos con más atención los documentos, e intentaron la resolución de esos contratos, si bien, siempre según la acusación pública, el abogado encausado no sólo se negó a ello sino que les amenazó con ir contra ellos.
