BARCELONA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -
La comisión mixta Conselleria-TSJC, que no se reunía desde mediados de 2017, ha contado con la presencia de la secretaria general del departamento, Patricia Gomà; el secretario de Relaciones con la Administración de Justicia, Joan Abad; la juez decana de Barcelona, Mercè Caso, y el presidente de la Audiencia de Barcelona, Antonio Recio, entre otros.
Capella ha destacado ante los medios que es la tercera vez que se reúne con Barrientos y que sus encuentros se enmarcan "dentro de la normalidad para hacer posible que la Administración de Justicia de Catalunya sea un auténtico servicio público".
Sobre el nuevo juzgado, aprobado por el Consejo General del Poder Judicial, y que se prevé que pueda centrarse en los juicios rápidos por hurto, muchos con riesgo de prescribir por las dilaciones en los señalamientos, la consellera ha dicho que están a la espera de que el Ministerio de Justicia dote presupuestariamente al juez y al letrado.
Barrientos lo ha considerado una "exigencia inaplazable" que esté en marcha a finales de enero ante una situación de riesgo de prescripción.
El presidente del alto tribunal catalán ha indicado que no se pueden "permitir escenarios de impunidad para determinados tipos de conducta", como son los hurtos, que este año han aumentado un 19%.
SEGURIDAD
Al preguntársele por si se ha abordado en la reunión la seguridad de los edificios judiciales tras las últimas acciones de protesta (como pintadas y lanzamiento de excrementos), Capella ha insistido en que la seguridad de los edificios judiciales "es buena y en estos momentos no hay un problema de seguridad en los edificios judiciales y no consta ninguna denuncia".
Por su parte, Barrientos ha puntualizado que las cuestiones de aseguramiento del entorno de edificios judiciales "no es una materia a abordar en la comisión mixta" sino que se deben tratar en reuniones con los cuerpos policiales encargados de los temas de seguridad.
INVERSIÓN
Capella ha destacado en su intervención "el esfuerzo presupuestario" de la Generalitat para el servicio de la Justicia, y que destinarán 66 millones de euros a la mejora de las infraestructuras hasta 2025, entre nuevos edificios y reformas.
En concreto, se invertirán 40 millones de euros en nuevos edificios judiciales, como por ejemplo el nuevo Palacio de Justicia de Tortosa (Tarragona), y la ampliación de los juzgados de Mataró (Barcelona).
Ante estos anuncios, Barrientos ha reconocido el esfuerzo del departamento de Justicia para atender las necesidades de los juzgados pero ha precisado que "tampoco llega a dar satisfacción" a todas sus necesidades.