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Riesgo de desahucio

El Gobierno de la Región de Murcia y el CGPJ ayudarán a las familias que viven en alquiler y están en riesgo de desahucio

13/12/2018
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El Gobierno regional y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ampliarán el servicio de ayuda que ya prestan a familias en situación de desahucio por impago de su hipoteca y, como novedad, lo harán extensivo a las que tienen su primera vivienda en régimen de alquiler y corren el mismo riesgo de lanzamiento.

MURCIA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Así lo ha hecho saber la portavoz del Gobierno regional, Noelia Arroyo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que en su reunión de este miércoles ha dado luz verde a la celebración de este convenio entre la Comunidad Autónoma, a través de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, y el CGPJ.

El objetivo de este convenio es ayudar a las familias que estén en situación de riesgo y alcanzar "desahucios cero", tanto por impago de la hipoteca como del alquiler de su única vivienda, según Arroyo.

La principal novedad de este acuerdo, que complementa las actuaciones del Gobierno regional en este sentido a través del Servicio de Mediación Hipotecaria y de la Vivienda de la Región de Murcia, es "atajar el problema de los desahucios por impago del alquiler, además de hipotecas, y proteger a las familias que se encuentran en un procedimiento de lanzamiento de su vivienda habitual".

El convenio establece un protocolo de colaboración específico para atender y dar solución de manera inmediata a las familias que atraviesen una situación de vulnerabilidad. Así, los servicios y funcionarios judiciales que detecten a una familia afectada derivarán el caso al Servicio de Mediación Hipotecaria y de la Vivienda para evitar el desahucio.

Las familias recibirán de manera gratuita información, asesoramiento jurídico y económico-financiero ante una ejecución hipotecaria o por impago de alquiler, y podrán beneficiarse de una mediación con las entidades financieras. Asimismo, a través de este servicio, se ahondará en la posibilidad de encontrar alternativas en la resolución de la situación y se les informará del derecho a solicitar asistencia letrada gratuita.

"NO HAY AUMENTO DE DESAHUCIOS"

Arroyo ha recordado que el Servicio de Orientación y Mediación Hipotecaria y de la Vivienda ha realizado 1.380 atenciones desde su puesta en servicio en el año 2013, lo que supone un 90 por ciento de casos resueltos. Este servicio cuenta con la colaboración de la Federación de Municipios, el Colegio de Economistas, los colegios de abogados y de procuradores de Murcia, Cartagena y Lorca y los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria.

Asimismo, Arroyo ha recordado que la Comunidad habilitó, a partir de 2018, las ayudas de hasta 400 euros al mes y durante tres años para las familias en riesgo de desahucio para financiar el 100% de su alquiler social.

Además, el Gobierno regional, en colaboración con Cáritas y con Columbares en Cartagena, ha ayudado desde 2014 a 533 familias que no tenían recursos para pagar el alquiler. Así, se ha evitado el desahucio con ayudas de entre 300 y 750 euros al mes durante un año.

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha garantizado este año también los suministros básicos de agua, luz y gas a 3.000 familias de la Región. Se trata de unas 10.000 personas en riesgo de exclusión social que, gracias a las ayudas para paliar los efectos de la pobreza energética aprobadas por el Gobierno regional han podido tener también atención para este problema.

Como novedad, ha anunciado que el Gobierno regional va a incrementar en 2019 la partida para garantizar el suministro básico de agua, luz y gas en un millón de euros, hasta sumar un total de dos millones de euros.

Al ser preguntada por el motivo de aumentar las ayudas, Arroyo ha justificado que el objetivo es que "cualquier familia que pueda encontrarse en esta situación se pueda acoger a esas ayudas", pero ha desmentido que se haya producido un incremento de desahucios.

De hecho, ha manifestado que el número de lanzamientos practicados en el tercer trimestre de 2018 ha sido de 565, lo que supone un descenso del 26 por ciento si se compara con el segundo trimestre de 2018. "Queremos actuar con presupuesto, pero no se debe a que hay una mayor incidencia", ha aclarado.

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