MÁLAGA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -
Tras el comunicado del sindicato CSIF Málaga en el que señala que ha enviado un escrito a la Delegación Territorial de Justicia e Interior exigiendo que se reanude de inmediato el servicio, el Colegio de Abogados aplaude esta reclamación.
Así, el decano, Francisco Javier Lara, ha afirmado que los principales perjudicados por esta situación son los ciudadanos de los municipios malagueños de Estepona, Manilva y Casares, "que merecen ser atendidos con unas condiciones mínimas de confidencialidad y comodidad".
"No vamos a prestar este servicio en un pasillo, en la puerta de un juzgado, que es a lo que nos abocaban, por respeto a los usuarios", ha manifestado. Además, el decano ha criticado que la Junta de Andalucía "no ha mostrado interés por encontrar una solución".
La función del Servicio de Orientación Jurídica consiste, conforme dispone la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, en orientar y encauzar las pretensiones de los peticionarios de asistencia jurídica gratuita, facilitarles la información necesaria en relación con el cumplimiento de los requisitos para su concesión y en ayudarles a redactar las solicitudes.
El SOJ de Estepona funcionaba de lunes a jueves de 10 a 12.00 horas en la sede judicial de la avenida Juan Carlos I y tramitaba cada año en torno a 1.700 expedientes de Justicia Gratuita.
El Colegio de Abogados puso la situación en conocimiento del Ayuntamiento de Estepona e informó a los ciudadanos interesados en solicitar asistencia jurídica gratuita para un procedimiento cuya competencia territorial sea Estepona que deben dirigirse al Juzgado Decano de este partido judicial o bien al Servicio de Orientación Jurídica del Colegio de Abogados en la Ciudad de la Justicia de Málaga.
"Lamentamos mucho esta situación, que se debe sin duda a la dejadez del Gobierno andaluz, y confiamos en que entre todos podamos hacerles ver la necesidad de recuperar el servicio con unas condiciones mínimas de dignidad", ha sostenido Lara.
El SOJ funciona en Estepona desde el año 1994. Según han precisado desde el Colegio de Abogados, "no es la primera vez que la Junta de Andalucía pone en riesgo su futuro, ya que en 2014 tuvo que interrumpirse el servicio durante un mes y medio por una situación muy parecida".
