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La Constitución española de Juan Carlos I; por Ramón López Vilas, Académico de Número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España

19/11/2018
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El día 18 de noviembre de 2018 se ha publicado, en el diario ABC, un artículo de Ramón López Vilas en el cual el autor considera que para calibrar bien el protagonismo y la proyección institucional de la figura de don Juan Carlos en la etapa Constituyente hay que empezar por situarse en los años difíciles de su proclamación.

LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE JUAN CARLOS I

Al conmemorarse en estas fechas el 40 aniversario de la Constitución, me voy a permitir exteriorizar un profundo sentimiento personal que permanece en mí desde entonces. No tengo para ello más legitimación que el haber ocupado en el período constituyente un puesto privilegiado, desde el que viví intensamente esos años decisivos de nuestra Historia reciente. Gracias a la benevolencia de mi maestro, Antonio Hernández Gil, fui en dicho período, director general del Gabinete del presidente de las Cortes y del Consejo del Reino, lo que me permitió comprobar y constatar el papel decisivo jugado por el Rey don Juan Carlos I en la implantación de la democracia.

Don Juan Carlos siempre quiso conducirse como “el Rey de todos los españoles”, haciendo suyo lo que su augusto padre don Juan de Borbón, repetía en su exilio de Estoril a quienes tuvimos el honor y la honra de visitarle en varias ocasiones, en mi caso como simple miembro de la JUME (Juventud Monárquica Española) desde 1966, año en que empecé a frecuentar en Madrid la casa de Eugenio Vegas Latapié, que había sido preceptor de don Juan Carlos en su infancia en Lausana y, años después, depurado por Franco de su condición de letrado del Consejo de Estado por su total sintonía y cercanía con don Juan de Borbón.

Para calibrar bien el protagonismo y la proyección institucional de la figura de don Juan Carlos en la etapa Constituyente hay que empezar por situarse en los años difíciles de su proclamación, en cuyo discurso ya dejó constancia de la llegada de una nueva época a España. Liberado del rígido encorsetamiento del franquismo con la muerte de Carrero Blanco, el cese de Arias Navarro y la elección de Adolfo Suárez, don Juan Carlos consideró necesario reconocer la encarnación de la soberanía por el pueblo, por entender que de éste, representado en la Cortes, emanan los poderes del Estado y que tales principios tendrían que ser recogidos en la Constitución salida de la Transición, para así sedimentar y afianzar la Monarquía parlamentaria como forma política del Estado español.

Con Adolfo Suárez en la presidencia del Gobierno y un sector numeroso de políticos formados, como él, en el Régimen anterior, la idea de cambio se acrecentó y se hizo inaplazable con la llegada y confluencia de las bien organizadas fuerzas y partidos de izquierda, ya perfectamente visibles y reconocidos legalmente, que de inmediato pusieron de manifiesto su asentamiento e influencia en diversos ámbitos de la vida española; no sólo en sectores obreros y universitarios, sino también en el mundo intelectual y académico, con nombres de indudable prestigio y predicamentos.

Se llegó así, con anhelos y esfuerzos convergentes, al mes de junio de 1977, fecha que significó el punto de inflexión definitivo para la instauración en nuestra patria de una auténtica democracia: las primeras elecciones celebradas el 15 de ese mes. Y al tiempo, el nombramiento por el Rey, como presidente de las Cortes Constituyentes, de Antonio Hernández Gil, jurista de máximo prestigio, sin relación personal alguna con la etapa política anterior y hombre de acreditada independencia, que acababa de ser distinguido por el propio Monarca como senador por designación Real. Hernández Gil, desde la presidencia de las Cortes Generales, que se sobreponía a las dos Cámaras legislativas (Congreso y Senado), puso enseguida de manifiesto sus excepcionales dotes, moderando tensiones e imponiendo un especial cultivo del respeto democrático, del diálogo eficiente y de la cortesía institucional. Cualidades que don Juan Carlos entendió como imprescindibles para presidir unas Cortes Generales cuya razón de ser era, cabalmente, la elaboración de una Constitución, con vocación de permanencia duradera y que, además, iba a nacer, no de una Comisión de expertos juristas, como la republicana de 1931, sino del mayor consenso posible de los diversos y heterogéneos partidos políticos con representación en el nuevo Parlamento bicameral, en cuyo seno se daban cita figuras históricas relevantes y muy antagónicas en sus respectivas ideologías.

Y llegamos a otra fecha muy destacada de la Transición: la apertura solemne, en sesión conjunta de ambas Cámaras y bajo la presidencia de los Reyes y del Príncipe de Asturias, de las primeras Cortes democráticas, el 23 de Julio de 1977, con un discurso memorable del Rey, inequívocamente definidor de sus deseos y de su convencimiento del papel y del compromiso de la Corona, que él asumió pública y decididamente en vísperas de iniciarse las labores legislativas en aquellas Cortes Constituyentes, proclamando “el establecimiento pacífico de la convivencia democrática sobre la base del respeto a la Ley, manifestación de la soberanía del pueblo”, reiterando más adelante que “este solemne acto tiene una significación histórica muy concreta: el reconocimiento de la soberanía del pueblo español” “en una España que queremos armónica en lo político, justa en lo social, dinámica en lo cultural y progresiva en todos los aspectos”.

Concluida año y medio después la redacción definitiva del texto constitucional, el Rey volvió a dejar claro su compromiso con nuestra Carta Magna en palabras pronunciadas en el solemne Acto de Sanción de la Constitución, que tuvo lugar, como cierre de la etapa constituyente, el 27 de diciembre de 1978. Después de expresar su emocionado agradecimiento “a todos los miembros y grupos de las Cortes Generales”, volvió a referirse al pueblo español, confirmándolo como: “Verdadero artífice de la realidad patria, representado por las distintas fuerzas parlamentarias y que ha manifestado en el referéndum su voluntad de apoyo a una Constitución que a todos debe regirnos y todos debemos de acatar”. Tras esta proclamación del obligado acatamiento de todos los españoles a la Ley de leyes y, en consecuencia, de condena implícita, pero inequívoca, de los extremismos políticos inviables por ser frontalmente inconstitucionales, don Juan Carlos nos ofreció un párrafo donde brilla, en todo su esplendor y vigencia, la Corona como institución integradora, pidiendo en sede parlamentaria: ”el intento de armonización de nuestras opiniones con las de los otros, la combinación del ejercicio de nuestros derechos con los de los demás, la postergación de los egoísmos y personalismos a la consecución del bien común”, para así lograr “una España unida en sus deseos de paz y de armonía”.

Constitución vigente que sigue representando, 40 años después, una auténtica “lección de democracia” que “devolvió a los españoles la soberanía nacional y reconoció la diversidad de sus orígenes, culturas, lenguas y territorios”, tal como nos ha recordado brillantemente don Felipe VI, símbolo de la unidad y permanencia del Estado, en la entrega de los últimos premios Princesa de Asturias y que, como expresión de rigurosa continuidad dinástica, ha reiterado muy recientemente la Heredera en su primer acto como protagonista en las Cortes en este año de conmemoración constitucional, con la acertadísima elección de la lectura pública del artículo 1.º CE, auténtico frontispicio de la, felizmente vigente, “Constitución Española del Rey Juan Carlos I”.

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