MADRID, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -
El convenio, según informan desde el Gobierno, servirá para afrontar los retos que se plantean en el ámbito de la seguridad: El tráfico de personas, el terrorismo, el narcotráfico y las "nuevas manifestaciones de la delincuencia trasnacional organizada". El Ejecutivo remite el acuerdo a las Cortes Generales porque el consentimiento del Estado para obligarse al mismo requiere la previa autorización del Congreso y del Senado.
Entre los delitos que entran dentro de la cooperación entre estados, son especialmente relevantes los relacionados con la lucha contra el crimen organizado con referencia específica al terrorismo. Además, desde el Gobierno destacan como relevante la "colaboración en la actividad operativo-investigadora de las distintas modalidades delictivas".
El convenio remitido a las Cortes establece además las condiciones para proceder al intercambio de información entre estados y garantizará la protección de la confidencialidad y el uso de la información en virtud de las respectivas legislaciones nacionales.
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