BARCELONA, 26 (EUROPA PRESS)
La sentencia considera que el contenido de la ley 13/2017, de 6 de julio, invade competencias que corresponden al Estado en esta materia, fundamentalmente en materia penal del artículo 149.1.6 de la Constitución.
La sentencia, cuyo ponente ha sido el magistrado Ricardo Enríquez, considera que el cannabis contiene elementos o principios activos susceptibles de aplicación terapéutica, pero no es un medicamento sino "una sustancia calificada como estupefaciente, lo que significa que es una competencia en materia penal reservada al Estado".
