PAMPLONA, 5 (EUROPA PRESS)
Por ello, la Comisión Permanente ha acordado este viernes por unanimidad retirar del orden del día el punto relativo al informe presentado por la vocal Victoria Cinto, a la que se encomendó la tramitación, con la colaboración del Comité de Protección de Datos del CGPJ, de las diligencias informativas incoadas el pasado 8 de mayo para determinar si se había producido una vulneración de la normativa en materia de protección de datos de carácter personal en relación con la sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra sobre el caso de La Manada, notificada el pasado 26 de abril.
Los miembros de la Comisión Permanente consideran que, antes de adoptar una decisión sobre el posible funcionamiento regular o irregular en materia de protección de datos, es necesario recabar más información sobre los aspectos contemplados en las diligencias informativas, cuyo informe provisional de conclusiones aprecia "un funcionamiento irregular en materia de protección de datos" por parte de la letrada de la Administración de Justicia de la citada Sección.
Así, la Permanente ha acordado dirigirse al Gobierno de Navarra para conocer con qué medidas de seguridad cuenta la Sede Judicial Electrónica para acceder al contenido íntegro de las resoluciones judiciales y si se ha adoptado alguna adicional en vista de lo ocurrido.
El CGPJ también requerirá al Gobierno navarro para que le informe de si ha podido acreditar qué documentos concretos se descargaron desde el servidor web entre los días 26 de abril y 8 de mayo, fecha en la que se tuvo conocimiento de la filtración de datos personales de la víctima en el proceso judicial seguido ante la Sección Segunda.
Además, el órgano de gobierno de los jueces pedirá al Gobierno de Navarra información sobre los contenidos concretos de la formación sobre el expediente judicial electrónico y, concretamente, sobre el Código Seguro de Verificación (CSV), que fue impartida a los miembros de la Carrera Judicial y letrados de la Administración de Justicia en esa Comunidad y solicitará la entrega de los materiales formativos.
También requerirá a la presidenta de la Audiencia Provincial de Navarra para que informe de cuándo y cómo tuvo conocimiento de que se había producido un acceso indebido a la referida sentencia y qué medidas se adoptaron.
