MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -
La denegación se fundamenta en un Reglamento del Consejo de la Unión Europea que exceptúa la obligación de tramitar este tipo de notificaciones entre países miembros cuando "afectan a la responsabilidad del Estado en el ejercicio de su autoridad", como es el caso.
El expresident y los exconsejeros huidos a Bélgica -Toni Comín, Meritxell Serret y Lluis Puig-- y a Escocia -Clara Ponsatí-- interpusieron a principios de este mes la demanda civil conjunta ante la justicia belga contra Llarena por una supuesta "falta de imparcialidad" y por vulnerar su presunción de inocencia. Basándose en esta demanda, los investigados por presunta rebelión en el proceso independentista recusaron al magistrado ante el Tribunal Supremo.
Fuentes jurídicas han señalado a Europa Press que la respuesta del juez decano de Madrid -al que le correspondía este trámite por figurar la sede del Tribunal Supremo en la capital como domicilio al que localizar a Llarena- ha consistido en decirle al juez belga que no procede citar a Llarena en cumplimiento del artículo 1 del Reglamento 1393/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo.
Este artículo establece las excepciones de cumplimiento cuando un documento judicial o extrajudicial en los ámbitos civil o mercantil deba transmitirse de un Estado miembro a otro. "No se aplicará, en particular, a los asuntos fiscales, aduaneros o administrativos, o a la responsabilidad del Estado por acciones u omisiones en el ejercicio de su autoridad", señala la norma, siendo de aplicación a este caso la última de las salvedades señaladas.
La acción judicial en Bélgica tiene consecuencias en España, ya que Puigdemont y el resto de investigados se han basado en ella para pedir al Supremo que aparte de la causa a Llarena "ya que el hecho de tener "una causa pendiente" con "una de las partes" es "motivo suficiente" para considerar su falta de imparcialidad, según explicó en su día Comín.
BUSCAN MULTA SIMBÓLICA
Esta demanda ha sido presenta por la vía civil por lo que no se reclamarán penas de cárcel para el magistrado del Tribunal Supremo sino que pague una "multa simbólica" de un euro "para reparar el daño causado", según explicó el pasado 5 de junio uno de los abogados belgas de los exconsejeros, Christophe Marchant.
"El juez no se ha limitado a escribir una serie de posicionamientos que consideramos que ponen de manifiesto que estamos perseguidos por nuestras ideas políticas", dijo en dicha ocasión Comín, "sino que también lo ha hecho fuera de los tribunales", en referencia a unas declaraciones que Llarena hizo a la prensa tras una conferencia en Oviedo el pasado febrero.
