LUGO, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -
En concreto, según ha explicado la Diputación, entre las modificaciones que propuso el PP en los Estatutos y que anula la justicia está que "el presidente de Suplusa no sea el de la Diputación" sino que lo nombre la mayoría simple del consejo de administración". Este hecho permitía que el alcalde de Becerreá, Manuel Martínez, presidiese este ente.
El fallo, con fecha del 13 de junio de 2018, señala que contra dicha resolución no cabe recurso ordinario, si bien puede interponerse el recurso extraordinario de casación o por infracción procesal en un plazo de 20 días.
Al respecto, en un comunicado la institución provincial explica que esta sentencia es ejecutiva, lo que significa que las modificaciones en los Estatutos que propuso el Partido Popular y que salieron adelante en la junta general del 30 de septiembre de 2016 "dejan de tener validez" por lo que "vuelven a estar vigentes los anteriores".
Así, el portavoz de la Diputación, Álvaro Santos, ha asegurado que lo que dice esta sentencia es que "la realidad normativa que pretendió imponer el Partido Popular en Suplusa es ilegal". "Y así lo llevamos advirtiendo desde este Gobierno", señala Santos.
En esta línea, el portavoz destaca que, con este fallo, "se entiende" porque desde el Gobierno provincial se afirmaba que la situación de Suplusa era "absolutamente irregular", instalada en un "disparate" del que el Partido Popular "es el protagonista fundamental" ya que "fue el que propuso las modificaciones declaradas ilegales".
"Incluso fue Elena Candia, portavoz y presidenta del PP provincial, la que se habilitó en la junta general de este organismo para hacer la inscripción de sus nuevos estatutos, desarrollar toda su tramitación y defenderlos por la trascendencia que para ella y para su partido político tenía todo esto", señala.
MODIFICACIONES ANULADAS
En concreto, entre las modificaciones que propuso el Partido Popular en los Estatutos y que anula la justicia, según indica la Diputación, está que "el presidente de Suplusa no sea el presidente de la Diputación" sino que o nombre la mayoría simple del consejo de administración".
Además, anula que el consejo de administración no esté integrado por los siete diputados provinciales que representen a todos los grupos políticos que integren el pleno de la institución, sino nueve diputados con independencia de la proporcionalidad que existe en la corporación.
También rechaza que el gerente de no sea nombrado y cesado por el presidente de Suplusa y también de la diputación, sino por la mayoría del consejo de administración de Suplusa; y, por último, que el objeto social de esta sociedad sea ser entidades prestadora de servicios sociales cuando la Xunta dijo en 2011 "que no podía ser así" y que "debía ser directamente la Diputación".
