BILBAO, 29 May. (EUROPA PRESS) -
Este evento cuenta con el patrocinio de la UNESCO y en su organización colaboran la Asociación Internacional de Magistrados de la Juventud y la Familia (AIMJF), Terre des hommes Foundation (Tdh), Penal Reform International (PRI), Child Rights International Network (CRIN), Defensa de Niñas y Niños Internacional (DNI) y el Instituto de Formación Judicial (IGO-IFJ).
El Congreso Mundial sobre Justicia para Niños, Niñas y Adolescentes reúne, durante tres días, a un millar de asistentes y ponentes, en su mayoría representantes de administraciones, instituciones y agencias públicas encargadas de la gestión de los servicios de Justicia Juvenil, así como jueces, fiscales y profesionales especializados en los sistemas de justicia de menores.
San José ha presentado los resultados del modelo de Justicia Juvenil de Euskadi que, tras una experiencia acumulada de más de veinte años, ha pasado a ser uno de los "principales referentes en la materia", ha destacado el Ejecutivo.
BUENAS PRÁCTICAS
Precisamente, la intervención de María Jesús San José se ha enmarcado dentro del Foro Iberoamericano encargado de analizar las buenas prácticas, estándares y resultados alcanzados en materia de mediación penal juvenil y ejecución de medidas no privativas de libertad.
En este sentido, María Jesús San José ha destacado el importante descenso experimentado por la tasa de reincidencia penal juvenil, que ya se sitúa por debajo del 17%, según la evaluación externa realizada por el Instituto de Criminología de la Universidad del País Vasco.
"Los principios que modulan la actividad del Servicio de Justicia Juvenil de Euskadi --ha indicado San José-- son fruto de la experiencia acumulada a lo largo de los últimos años; de la confrontación con otros modelos de éxito, no sólo en el terreno de la Justicia Juvenil, sino sobre todo en el mundo educativo y de la intervención social".
"El trabajo coordinado con otros departamentos del Gobierno (Salud, Educación, Seguridad, Empleo y Políticas Sociales) y con otras administraciones (Diputaciones y Ayuntamientos) ha penetrado en el ADN de la Justicia Juvenil de Euskadi", ha añadido.
PRIORIZAR LA PREVENCIÓN
Según la consejera, desde las instituciones y entidades que trabajan en Justicia Juvenil se debe priorizar la prevención, la intervención en los sistemas generales y, únicamente, acudir a la intervención especializada en situaciones excepcionales y con carácter subsidiario, teniendo siempre presente la finalidad de "vuelta" a los sistemas comunes para toda la población.
"La expresión, intervenir pronto es tarde, --ha añadido San José-- cobra una importancia máxima cuando nos referimos al campo de la Justicia Juvenil. La mejor prevención es la satisfacción de los derechos que a los menores de edad corresponden desde el nacimiento hasta que alcanzan la edad adulta".
El modelo del Servicio de Justicia Juvenil de Euskadi se estructura en tres niveles, complementarios y subsidiarios: los procesos de mediación (conciliación y reparación), las medidas no privativas y las medidas privativas de libertad.
Los procesos de mediación tienen una especial relevancia en el modelo vasco. Durante el pasado año representaron una tercera parte del millar de intervenciones realizadas en justicia de menores y culminaron de forma positiva en el 78% de los casos.
REPARACIÓN DIRECTA
Una referencia constante en el proceso de ejecución de las medidas es abrir a la persona infractora menor de edad la posibilidad de la asunción directa de su responsabilidad y propiciar la reparación directa o simbólica del daño causado a la víctima o a la comunidad.
Según ha explicado San José, "los informes de los equipos
técnico-psicosociales juegan un papel trascendente para encontrar la respuesta más adecuada a la realidad de cada chico y chica y adecuarla a su evolución y contexto". "Otro principio fundamental lo constituye la intervención mínima; la sanción penal sólo deba aplicarse cuando no exista otro medio para responder con la misma eficacia a la conducta infractora y la medida de internamiento sólo debe aplicarse cuando no exista otro medio igualmente eficaz", ha agregado.
Por último, María Jesús San José ha recordado que el punto de partida y referencial de todas las actuaciones a desarrollar en Justicia Juvenil es la condición de los adolescentes en un periodo de tránsito a la vida adulta, dentro de una realidad en continua evolución, en la que el conflicto, la confrontación con su entorno y con el mundo de las personas adultas son "inseparables".
"Se encuentran en un periodo de sus vidas inundado de cambios en todos los ámbitos -psicológico, afectivo, emocional, social, familiar, formativo y biológico. Sólo partiendo de esta realidad la intervención cobra sentido y, sobre todo, con respuestas específicamente diseñadas para estas personas", ha manifestado.
EL SERVICIO DE JUSTICIA JUVENIL
Según la Memoria 2017 del Servicio de Justicia Juvenil de Euskadi, elaborado por el Instituto Vasco de Criminología de la UPV-EHU, durante el pasado año se impusieron 839 medidas firmes y cautelares a un total de 554 chicos y chicas. (71% con una medida, 18% con dos, 6% con tres y 5% con cuatro o más medidas).
En su mayoría fueron chicos (80%), nacidos en Euskadi o en otras CCAA (68%), que convivían en su familia de origen, extensa o de acogida (72%), que tenían o habían tenido relación con los Servicios Sociales (70%), con comportamientos importantes de impulsividad (42%), con escaso control parental efectivo y continuado en el tiempo (22%) y con un patrón de consumo de tóxicos habitual y en ocasiones problemático (28%).
Así mismo, estaban sin escolarizar un 34%, su nivel de estudios era inferior al que les correspondería por su edad y la mayoría de los escolarizados (79%) habían tenido un rendimiento malo o regular. Un 48% pertenecía a un grupo de iguales con comportamientos de riesgo social y el 58% no realizaba ningún tipo de actividad de ocio estructurado.
En 2017 la medida impuesta con mayor frecuencia fue la libertad vigilada (41%), seguida de los Internamientos (18%) y las prestaciones en beneficio de la comunidad (15%).
LIBERTAD VIGILADA
El 91% de las medidas impuestas fueron medidas firmes que sumaron un total de 764 (312 libertad vigilada, 135 internamientos, 115 prestaciones en beneficio de la comunidad y 90 tareas socioeducativas). El 73% fueron de cumplimiento en medio abierto y el resto en centro educativo.
La mayoría fueron impuestas a chicos (83%). El 68% de las personas a las que se les aplicó este tipo de medidas habían nacido en Euskadi o en otras Comunidades Autónomas y el 32% en el extranjero.
Los cuatro hechos delictivos más habituales fueron el robo con violencia y/o intimidación (16%), las lesiones (un 11,1%), el robo con fuerza (10%), la violencia familiar (9%).
Ya en relación con las medidas cautelares impuestas en 2017, fueron un total de 75 (33 de internamiento, 32 libertad vigilada, 9 convivencia en centro educativo y 1 prohibición de aproximarse a la víctima), la mayoría fueron impuestas a chicos (93%).
Respecto a la duración, un 88% de las medidas cautelares no superó los seis meses y en cuanto al lugar de nacimiento de las personas a las que se les impuso medidas cautelares, se observa que el 61% de estas medidas correspondieron a personas nacidas en Euskadi o en otras Comunidades Autónomas, frente al 39% nacidas en el extranjero.
