MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -
Asimismo, ha rechazado "aplicar en la regulación legal ninguna consideración de perspectiva de género" porque, según ha defendido, "acercaría" al Código Penal a "legislaciones totalitarias montadas sobre los conocidos como delitos de autor".
Ante la voluntad del Gobierno de reformar en Código Penal, la asociación ha reclamado "una seria reflexión social y política". A su juicio, debe tenerse en cuenta "la gravedad de los hechos" y no "el sexo de la víctima".
En este sentido, la Asociación Europea de Abogados de Familia ha criticado "la manipulación social que algunos grupos de presión ideológica están ejerciendo con total desconocimiento" de la ley. Concretamente se dirige a "las asociaciones de género" --a las que acusa de "guardar escrupuloso silencio sobre otros asuntos de igual entidad si no más grave"-- así como a los partidos políticos "que actúan a su rebufo".
"Y ello bien porque las autoras de las agresiones fueran mujeres, bien porque la agresión o violación fuera de naturaleza homosexual y no heterosexual, bien porque la agresión, aun siendo heterosexual, estuviera presuntamente protagonizada por 'no españoles'", señala la asociación.
REFORMA "CONVENIENTE"
En su opinión, es "conveniente" una reforma del Código Penal "si bien teniendo presente que las agresiones son protagonizadas, indiferentemente por hombres y mujeres y tanto en relaciones homosexuales como heterosexuales". Es más, asegura que se está "obviando" que "se están incrementado los delitos de agresiones sexuales y abusos sexuales en los que las víctimas son varones y en algunos casos menores de edad".
La asociación también ha solicitado "reforzar la independencia judicial" para así evitar el "linchamiento" al que, a su juicio, "son sometidos algunos jueces por resolver en función de criterios técnicos, y no ideológicos".
Del mismo modo, la Asociación Europea de Abogados de Familia se ha mostrado "sumamente preocupada por el ataque a la independencia judicial" y ha tachado de "improcedentes" las palabras del ministro de Justicia, Rafael Catalá, sobre el juez que pidió la absolución de los cinco miembros de La Manada y emitió un voto particular.
Según sostiene la asociación, hay que "garantizar la independencia judicial, con el fin de evitar que con total desconocimiento de la realidad de los hechos enjuiciados, por parte de algunos partidos políticos y organizaciones sociales se produzcan linchamientos mediáticos de los jueces que se resistan a aplicar una justicia dictada no desde la realidad de los hechos, sino desde la imposición de las ideologías dominantes".
