FRONTERAS
Acabo de volver de un viaje con finalidades académicas por varios países hispanoamericanos invitado por universidades y diversas instituciones entre las cuales algún parlamento y cortes supremas. Es siempre emocionante comprobar el enorme afecto que conservan por España aquellas repúblicas, lo mucho que agradecen los contactos y acciones comunes y, en términos generales, el prestigio que se concede a nuestras opiniones e iniciativas. También es notable allí la preocupación por los desvaríos de la Madre Patria, cuando se producen.
A esta última clase pertenece la inexplicable decisión de incluir el español entre los programas de acción de la marca España, que ha sido unánimemente criticada y entendida como un intento de apropiación, con fines comerciales, de una lengua que es común a toda Hispanoamérica, y no propiedad de un Estado. No puede España usar el español como un producto mercantil e instituirse en accionista mayoritario de la sociedad hispanohablante. He oído esta protesta en docenas de ocasiones y sólo he podido contestar que ha sido un error de comunicación. O un disparate.
Pero el tema recurrente, sobre el que más veces se me ha invitado a discurrir en público y en privado, ha sido Catalunya. En general tienen buena información sobre el caso catalán. Hablo de los intelectuales y personas cultas. La inmensa mayoría deplora las ocurrencias del independentismo y lamenta que España esté pasando por un trance tan doloroso. No conciben una España mutilada ni creen que puedan llegar a verla. Pero en los encuentros organizados específicamente para hablar del problema, o en los interrogatorios finales de cualquier conferencia, siempre ha aparecido algún individuo dispuesto a buscar razones por las que un territorio puede pretender la independencia del Estado al que ha venido perteneciendo. Hay en América cierta sensibilidad hacia ese argumento porque determinados pueblos indígenas empiezan a utilizar el derecho de autodeterminación que le reconocen los convenios internacionales para pretender la constitución de unidades políticas soberanas. He estudiado de cerca, en esta ocasión, las aspiraciones de los mapuches chilenos y argentinos.
El fundamento mayor de la interpelación que formuló en este sentido un profesor mexicano de Teoría del Estado fue la apelación a una evidencia: no siempre ha existido en el mundo el mismo número de estados. No puede pretenderse que se haya llegado a establecer un mapa inamovible para siempre jamás. Le dije que su premisa era cierta e incluso que la conclusión era lógica y aceptable. Pero no tenía presentes algunos datos acerca de cómo se ha producido esa constatada variación de fronteras a lo largo de la historia. Las repúblicas americanas se formaron tras un costoso proceso de independencia de la metrópoli, dejando muchas vidas y desasosiegos en el camino. Las variaciones ulteriores de fronteras también han requerido confrontaciones bélicas. Recordé el ajuste de la frontera mexicana con Estados Unidos, por no ir más lejos, o la consolidación de las fronteras de este último país en una virulenta guerra civil.
En Europa las constituciones no conceden un derecho a decidir sobre la separación. Ninguna de ellas. El Reino Unido no tiene una Constitución escrita al uso de los estados continentales y el Parlamento retiene allí la soberanía. Fue el Parlamento, en un momento de dominio de un gobierno con justa fama de insensato, el que permitió el referéndum de Escocia. Se considera, con esta excepción, en toda Europa, que la separación es una decisión constituyente que sólo el pueblo soberano puede aprobar; no una parte de ese pueblo.
Estas prevenciones están enraizadas en el dolor y el desgarro que siempre han traído a los europeos los cambios de fronteras. Algunas de las que ahora delimitan los estados han surgido de dos terribles guerras mundiales que asolaron su territorio y dejaron en sus campos millones de cadáveres. Ni siquiera se ha salvado de este coste la última frontera establecida en Kosovo, surgida en tiempos asombrosamente recientes, cuando ya toda Europa se regía por principios democráticos. La alegre apelación a la declaración unilateral de independencia kosovar, que se ha invocado demencialmente como ilustración del camino que ha de seguir Catalunya, debería añadir, para ser honesta, alguna explicación sobre el hecho de que ha sido la muy sangrienta guerra de Serbia la que ha hecho posible que aquella independencia fuese proclamada y respetada. Lo recordaba hace pocos días el presidente de aquel nuevo Estado desestimando cualquier comparación con Catalunya.
Quienes aspiran a convertir la república independiente de Catalunya en el único objetivo político tendrían que advertir de sus posibles costes, que nadie, empezando por ellos mismos, está dispuesto a pagar. En este asunto cuesta ser valientes y sinceros. Mal están las ocultaciones y disimulos al servicio de la causa pero, por lo menos, es necesario que el programa independentista, obcecado con lo imposible, no margine la acción ordinaria de gobierno. Está empezando a dar la impresión de que a los políticos independentistas no les interesa gobernar, o que no consideran importantes las cuentas públicas, ni el progreso económico, ni los servicios sociales. La independencia, sostienen, vale más que ser un territorio rico y solidario. Pero si prefieren que los funcionarios estatales, vía 155 de la Constitución, gobiernen Catalunya por tiempo indefinido, van a acabar animando a la creciente masa de políticos y medios que no están dispuestos a consentir ni una sola concesión a los independentistas a que propongan una reforma constitucional para acabar con una autonomía menospreciada y en desuso. A medida que crece la intransigencia de los separatistas se hace más fuerte y exigente la otra España cerril. Por fortuna, ambas fuerzas hostiles son todavía minoritarias.
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