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Audiencia de Jaén

Aplazado hasta el 23 de abril el juicio a cuatro empresarios acusados de certificar peonadas falsas

27/03/2018
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El juicio a cuatro empresarios de la provincia, tres hombres y una mujer, acusados de dar altas ficticias de trabajadores en la Seguridad Social con la única finalidad de justificar la realización de las 35 jornadas requeridas para obtener la prestación de la renta agraria, ha sido aplazado hasta el próximo 23 de abril, según han informado fuentes judiciales a Europa Press.

JAÉN, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El aplazamiento se ha debido a cuestiones de agenda y también para garantizar la asistencia de todos los acusados con sus defensas correspondientes, según las mismas fuentes.

Cuando llegue el momento, no se sentarán solos en el banquillo de la Audiencia de Jaén, les acompañarán otras diez personas, nueve mujeres y un hombre, que supuestamente se beneficiaron de estas altas ficticias en la Seguridad Social para poder cobrar las prestaciones en concepto de renta agraria.

Según recoge el escrito de calificación del Ministerio Fiscal al que ha accedido Europa Press, los hechos se remontan a diferentes periodos de tiempo comprendidos entre los años 2011 y 2015. A través de tres empresas ubicadas en la provincia de Jaén y dedicadas a la agricultura y al cultivo de frutos oleaginosos, los acusados les dieron de alta en la Seguridad Social "simulando así relaciones laborales inexistentes con la finalidad de acreditar a las mismas la realización de las 35 jornadas que se requieren para obtener el subsidio de la renta agraria, sin que efectivamente hubiesen realizado las citadas jornadas".

Con este proceder, los empresarios ahora acusados permitieron a los nueve falsos trabajadores percibir indebidamente 105.866 euros en prestaciones de renta agraria.

El Ministerio Público acusa tanto a los cuatro empresarios como a al resto de procesados de un delito continuado contra la Seguridad Social por los que le reclama inicialmente un año y once meses de prisión, además de la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones y del derecho a gozas de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social por un periodo de tiempo de cuatro años y medio.

Además, en concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía les pide que indemnicen a la Administración del Estado; en concreto, al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), en 105.866 euros.

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