ALBACETE, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -
Además, deberá abonar a la Junta de Comunidades la cantidad correspondiente a los abonos efectuados con los vales de gratuidad emitidos a nombre de niños con clave B que ascendían a 3.809 euros.
La sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, considera como hechos probados que, durante los cursos escolares 2006-2007, 2007-2008 y 2008-2009, el acusado, en el ejercicio de su cargo de director del colegio público Virgen de Los Llanos de Albacete, procedió a alterar los datos personales de determinados alumnos.
Eran alumnos que se habían trasladado o tenían intención de trasladarse a otros centros educativos de Castilla-La Mancha, y los modificó con la finalidad de mantenerlos formalmente matriculados en este colegio.
De esta forma los alumnos, a los que el acusado añadía al nombre y apellidos la letra 'B' para que el programa informático no los detectara en otro centro, tenían una duplicidad de inscripciones. Así, durante esos tres cursos escolares, el acusado no cumplió la obligación de dar de baja en el sistema informático, anulando la matrícula de los alumnos que habían abandonado el centro educativo.
De esta forma, el acusado intentaba mantener en el centro educativo la ratio o el número de alumnos necesario para tener tres líneas para cada nivel o curso escolar, en aras a la obtención de subvenciones, expedición de vales de gratuidad para la adquisición de material escolar y a la adjudicación del número de profesores en el centro.
En el curso escolar 2006-2007, el número de alumnos que permanecían matriculados en el centro de forma ficticia alcanzó la cuantía de 69, en el curso escolar 2007-2008 fueron 45 y en el siguiente curso 44 alumnos.
Con esta situación, fueron, además, evaluados y promocionados de curso de forma ficticia un total de 30 alumnos en el curso escolar 2006-2007, 15 alumnos en el curso 2007-2008 y 19 alumnos en el curso escolar 2008-2009.
La sentencia, que lo considera culpable de un delito continuado de falsedad en documento oficial y otro de malversación de fondos públicos, lo absuelve del delito de prevaricación por el que también se le juzgaba.
