MADRID, 28 (EUROPA PRESOS)
Jueces para la Democracia (JpD) y Rights Internacional Pisan (RIS) han remitido un informe a la Comisión Europea en el que denuncian las últimas reformas legislativas del Gobierno, que consideran que atacan principios básicos del Estado de Derecho, e instan a esta institución a "intensificar su escrutinio sobre la situación en España" y a adoptar medidas para evitar que esta situación se siga produciendo.
Este mecanismo, según informan ambas organizaciones en un comunicado, se activa ante graves amenazas al estado de derecho y otros valores esenciales para la Unión Europea.
Ambas organizaciones solicitan que se derogue la Ley de Tasas judiciales, que aún se sigue aplicando a las Puyes, y que la reforma de la Justicia Gratuita no vulnere el derecho de acceso a la Justicia de los ciudadanos.
Según ambas organizaciones, con la crisis más personas han tenido que acudir a los abogados de oficio y este derecho se verá limitado con la nueva reforma, teniendo en cuenta además que en los últimos años, y hasta su derogación, entre el 25 y el 35 por ciento de los ciudadanos se ha visto privado de su derecho de acceso a la justicia por las tasas impuestas al principio de la Legislatura.
REFORMAS EN CURSO
También consideran JpD y RIS que debían retirarse la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la de la Ley De Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) en tanto no se realice un proceso de consulta con expertos y sociedad civil con el objetivo de alcanzar una efectiva reorganización y modernización del sistema judicial.
Denuncian asimismo la falta de medios de la justicia debido a la disminución progresiva del Presupuesto para este departamento y la existencia de "interferencias políticas" y que ambas cosas tienen fuerte impacto en la independencia judicial.
Otra de las reformas que critican son las del Código Penal y la Ley de Seguridad ciudadana, incluidas las disposiciones que, a su juicio", legalizan las "devoluciones en caliente" de ciudadanos extranjeros.
Para ambas organizaciones, ese importante que las reformas legales se hagan respetando un procedimiento democrático adecuado y transparente, llevando a cabo por parte del gobierno una verdadera consulta con la sociedad civil y los expertos en materia de derechos humanos.
Recuerdan que la UEM "debe actuar para proteger el estado de Derecho" y que existen mecanismos, como los que piden que ahora se activen, que permiten a la Comisión Europea encontrar una solución con el estado miembro de que se trate, en este caso España, "a fin de evitar que la amenaza sistemática al Estado de derecho se convierta en un claro riesgo de violación" de derechos.
