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Adiós a los imputados; por Carlos Domínguez Luis, abogado del Estado y académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.

18/03/2015
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El día 18 de marzo de 2015, se ha publicado en el diario El Mundo, un artículo de Carlos Domínguez Luis, en el cual el autor opina sobre la sustitución del concepto de ‘imputado’ por el de ‘investigado’ contemplada en el proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal.

ADIÓS A LOS IMPUTADOS

El Gobierno acaba de aprobar un proyecto de ley de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en el que, entre otras medidas, se sustituye la figura del imputado por la del investigado en las primeras fases de la causa penal.

No puede discutirse el acierto de la medida, dada la completa desnaturalización que el concepto de imputado había experimentado en los últimos años en nuestro país, hasta el punto de que el término en cuestión era utilizado con frecuencia en sentido peyorativo o como arma arrojadiza hacia el adversario, más que con el alcance jurídico que le era propio.

Hemos llegado a un punto en el que, si la imputación recaía sobre una persona con cierta relevancia pública, la situación era extrema. Reconozcámoslo: en esos supuestos, en España había dejado de haber imputados propiamente dichos. Sólo había condenados. Condenados profesionalmente, socialmente, políticamente. En suma, lo más parecido a la muerte civil.

Ahora bien, ¿cómo, en un Estado de Derecho, que proclama como derecho fundamental la presunción de inocencia, hemos podido llegar a esta situación? Máxime si, como es sabido, estar imputado, desde una perspectiva netamente procesal, no es algo malo: implica una garantía para el inculpado, que permite ejercer su derecho de defensa con total plenitud.

Quizá sea interesante analizar algunas de las razones -probablemente habrá muchas más- que han conducido al contexto sobre el que se ha decidido aplicar el bisturí, fundamentalmente para evitar que, en el futuro, el nuevo término acuñado, investigado, no corra la misma suerte que aquél al que ha venido a sustituir.

Desde un punto de vista un tanto simplista, podría sostenerse que la proliferación actual de medios de comunicación, la profusa judicialización de la vida pública y el contrastado interés del público en general por los procesos penales -sobre todo cuando en ellos están involucrados personajes públicos- son circunstancias que, por sí mismas, explicarían el efecto estigmatizador que en una persona genera su simple citación para declarar como imputado ante un tribunal: sea finalmente condenada o absuelta, siempre será vista -y recordada- como una persona que se ha visto inmersa en un proceso penal por algo.

Sin embargo, las razones por las que se ha llegado a este estado de situación, a esta tergiversación del concepto de imputado, van más allá.

La incesante instrumentalización del proceso penal como mecanismo de combate hacia el adversario ha contribuido a ello. Para muchos, la vía penal sigue siendo un arma poderosa y ágil para destruir al contrincante. Comoquiera que la rectitud judicial es proclive a dotar cuanto antes a toda persona de la posibilidad de defenderse en el proceso -con la consiguiente atribución de la condición de imputado-, es claro que, para que esta lacerada tendencia halle frutos inmediatos, ha de “anticiparse la condena”, convirtiendo al simple imputado en un claro sospechoso que, con el paso de los días, pasará a ser condenado definitivamente por la opinión pública. Las filtraciones interesadas de actuaciones procesales y la retransmisión casi en directo del desarrollo de las investigaciones -a modo de juicio paralelo en muchos casos- contribuirán, desde luego, al éxito de la estrategia. Y, aunque luego todo quede en nada, la mayor de las veces, el efecto estigmatizador perseguido se habrá logrado.

Este dato apunta a otra consideración que resulta aquí de alguna relevancia: en los sistemas democráticos como el nuestro, la reputación tiene importancia. La condición básica de una democracia liberal es, precisamente, la existencia de un proceso de elección institucionalizado al que los líderes políticos deben someterse a intervalos regulares. En la pugna por la obtención del éxito electoral, una buena reputación se erige en un recurso vital. De ahí que los dirigentes políticos deban tratar de evitar por todos los medios el riesgo de ver su reputación mancillada como consecuencia de un escándalo -no digamos nada si éste se torna en una imputación penal-.

Estas estrategias, además, se ven a menudo aderezadas con presiones hacia los propios jueces, muchas de ellas provenientes de grupos de presión, con descaradas indicaciones de lo que tienen que hacer, cuando no con comentarios que inciden directamente en lo personal.

El objetivo no parece otro que la creación de un clima de opinión favorable a la descalificación de lo que un juez o tribunal decide cuando no concuerda con el parecer de quien opina, unido a la presión psicológica sobre la persona en sí, con el fin de propiciar su parcialidad.

Estas tendencias se basan en algo en lo que muchos erróneamente consideran que es una realidad: el supuesto carácter impresionable de algunos miembros de la carrera judicial. Quienes lo defienden suelen aducir dos datos, ya antiguos:

1.- El 9.º Barómetro externo del Consejo General del Poder Judicial del año 2005, en el que se reflejaba que a un 51% de los españoles les parecía que los tribunales, al dictar sentencia, se dejan influir por lo que dicen los medios de comunicación. Para algunos, este dato demuestra la existencia de una opinión bastante generalizada acerca de que el juez está condicionado por los medios y más pendiente de lograr la aprobación social que de administrar justicia con libertad.

2.- El segundo dato: la encuesta realizada en 2006, también por el CGPJ, a todos los jueces y magistrados. En ella se constata que a un 75% de la carrera judicial le importa algo o mucho que los medios de comunicación se fijen en un asunto de su competencia, frente a un 22%, que no le preocupa nada.

Pero la realidad de los hechos evidencia que esta línea de opinión, por más que pueda seguir creando tendencia en parte del tejido social, resulta equivocada. Y prueba de ello es la frecuencia con que las condenas de imprenta quedan inanes por posteriores sentencias absolutorias, muchas de ellas, por cierto, alejadas de la notoriedad que se brindó a las imputaciones iniciales.

Existe otro motivo por el que se ha desnaturalizado el concepto de imputado. Vivimos muy deprisa. En la sociedad actual -bautizada hace unos lustros como sociedad de la información-, los acontecimientos se suceden a un ritmo vertiginoso y, gracias a los avances técnicos, pueden ser conocidos por todos casi de un modo inmediato. Evidentemente, los tiempos de la Justicia -más aún de las investigaciones penales- no son los tiempos de las redes sociales actuales. En una instrucción penal, se escruta, en última instancia, la vida de una persona y las decisiones judiciales pueden afectar a algo tan preciado como la libertad o el patrimonio personales. Un mínimo sentido de la prudencia impone que esas decisiones -como sucede casi siempre- sean consecuencia de la reflexión y de la valoración de todos los elementos de juicio disponibles, sin merma del derecho de defensa de las partes. Y ello exige tiempo.

Un tiempo que, a veces -sobre todo en casos especialmente execrables-, la opinión pública y la sociedad en general no concedemos. En estos supuestos, se hace urgente la localización del culpable. De ahí que no sea infrecuente que el simple imputado se presente a la luz pública como un verdadero condenado, cuyas opciones de defensa social quedan prácticamente anuladas.

Hay, por último, una tercera razón que ha contribuido al cambio semántico experimentado por el concepto de imputado. Se trata de la banalización de las técnicas jurídicas -y, sobre todo, del proceso de juzgar- a la que, lamentablemente, hemos asistido en los últimos años. Y es que aquí de Justicia entiende todo el mundo. Parece que cualquiera -al margen de sus estudios o profesión- se encuentra dotado de los conocimientos técnicos suficientes para opinar fundadamente sobre cualquier asunto judicial -al margen de su complejidad-, al punto, incluso, de crear opinión en la sociedad.

La valoración de la prueba, por ejemplo, es, que sepamos, una actividad puramente técnica, como lo es la construcción de un edificio, la ejecución de una cirugía cardiovascular o la fabricación de un coche. Y su desarrollo está reservado, en exclusiva, a los tribunales de Justicia. Sin embargo, todos hemos presenciado valoraciones de pruebas hechas por expertos en platós de televisión.

Sabido es que la siembra en los campos de la Justicia es siempre una siembra de ciclo largo. Sólo el tiempo y la diligencia social en el uso de los términos evidenciarán o no el éxito de la reforma ahora impulsada por el Gobierno.

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