Sentarse en el banquillo es siempre incómodo. Más cuando se es una persona regia y, hasta ahora, no hay banquillos a la medida. Sin embargo, como dijo el padre de la acusada, “todos somos iguales ante la ley”. Lo que parecía una boutade lleva camino de convertirse en una aplastante realidad. Sinceramente, ¿quién hace tres años, dos años, un año, tres meses, un mes, hubiera dicho que la infanta Cristina se sentaría en el banquillo de los acusados, como cooperadora necesaria en dos delitos fiscales, por importe superior a dos millones de euros?
Ahora se iniciará una batalla procesal pública y, acaso, otra política y privada. Aunque no hay fundamento legal para recurrir el auto, la defensa de la Infanta, apoyada con seguridad por el fiscal del caso, lo va a intentar. No hay margen legal para admitir un recurso que la ley excluye expresamente. Habrá que esperar a que siente en el banquillo y que, en las llamadas cuestiones previas, el tema se vuelva a suscitar, con idénticos apoyos que para sí querrían todos los justiciables. Entonces veremos el nulo efecto de las hipotéticas gestiones subterráneas.
Con el Estado de derecho en la mano, pese a lo maltrecho que en ocasiones aparece, la Infanta tiene pocas posibilidades de no verse sometida a juicio. La doctrina Botín se creó para un caso concreto y sin base legal. En esencia, convierte el delito fiscal, pese a afectar al interés general, en un delito particular, pues impide a la acusación popular ejercer la acusación si no la ejercen ni el Abogado del Estado ni fiscalía. La doctrina Atutxa, que la enmendó, vino a reconocer algo más que un error. Dejémoslo aquí. Ocasión habrá para volver sobre el tema.
Con la legislación en la mano se imponen dos cosas, según lo veo. Procesalmente, dada además la doble acusación por responsabilidad civil a título lucrativo, la del fiscal y la de la acusación popular, por algo más de dos millones de euros, podría aliviar su situación un pacto con las acusaciones; así, reconocer los hechos, abonar lo que haya de abonar y recibir una pena benigna, no sería una mala solución: el caso no sería sometido al escrutinio de un juicio oral y público. Políticamente, sea cual sea el desenlace, la situación de la Infanta, como Infanta, se antoja insostenible, pues está procesada nada menos que por un delito detestable: cooperación en delito fiscal. Cuanto más se aplace lo que desde fuera parece inevitable, mayor será el desgaste y el descrédito. Una retirada oportuna, dejando el orgullo de lado, no es nunca una mala solución.
