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Asignación de derechos de régimen de pago básico de la Política Agrícola Común

22/12/2014
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Real Decreto 1076/2014, de 19 de diciembre, sobre asignación de derechos de régimen de pago básico de la Política Agrícola Común (BOE de 20 de diciembre de 2014). Texto completo.

REAL DECRETO 1076/2014, DE 19 DE DICIEMBRE, SOBRE ASIGNACIÓN DE DERECHOS DE RÉGIMEN DE PAGO BÁSICO DE LA POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN

El Reglamento (UE) n.º 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 por el que se establecen normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la Política Agrícola Común y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.º 637/2008 y (CE) n.º 73/2009 del Consejo, establece un nuevo régimen de pagos directos desacoplados de la producción, basados en el régimen de pago básico. El título V del reglamento desarrolla el régimen para los pequeños agricultores, de aplicación facultativa para los Estados miembros y que busca establecer un régimen simplificado para aquellos productores que perciban menos de una determinada cantidad.

La percepción de todas estas ayudas queda supeditada a que el agricultor que las solicite cumpla con el criterio de agricultor activo, criterio que se constituye, por tanto, como la llave de entrada para el nuevo sistema de ayudas, y cuyo cumplimiento intenta evitar que personas físicas o jurídicas sin ningún tipo de actividad agraria puedan resultar beneficiarios de las ayudas, tal y como ha denunciado el Tribunal de Cuentas europeo en diversos informes.

Este real decreto debe ser complementado con el Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo rural, en el que se regulan los pagos directos que se podrán solicitar en cada campaña y en el que se incluyen las definiciones de agricultor activo y de actividad agraria, así como las características de la solicitud de la ayuda anual para el Régimen de Pago Básico, para el pago de las prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente, el pago para los jóvenes agricultores, el pago a través del régimen simplificado para los pequeños agricultores, y los pagos acoplados, tanto para la agricultura como para la ganadería, así como el pago específico al algodón.

Con el fin de garantizar una mejor distribución de la ayuda entre las tierras agrícolas, un nuevo régimen de pago básico debe sustituir al régimen de pago único creado en virtud del Reglamento (CE) n.º 1782/2003 del Consejo de 29 de septiembre de 2003 por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores y por el que se modifican los Reglamentos (CEE) n.º 2019/93, (CE) n.º 1452/2001, (CE) n.º 1453/2001, (CE) n.º 1454/2001, (CE) n.º 1868/94, (CE) n.º 1251/1999, (CE) n.º 1254/1999, (CE) n.º 1673/2000, (CEE) n.º 2358/71 y (CE) n.º 2529/2001, y mantenido en virtud del Reglamento (CE) n.º 73/2009, que combinó mecanismos de ayuda previamente existentes en un único régimen de pagos directos disociados. Esta iniciativa debe, en principio, poner fin a los derechos de pago obtenidos en virtud de dichos Reglamentos y debe suponer la asignación de otros nuevos. Esta asignación de nuevos derechos de pago se basará, como norma general, en el número de hectáreas admisibles a disposición de los agricultores en el 2015, primer año de aplicación del régimen.

En España se va a establecer un modelo uniforme de aplicación de la Política Agrícola Común en todo el territorio nacional con base en la competencia del estado para establecer la planificación general de la actividad económica, en este caso del sector agrario. El régimen de pago básico, por lo tanto, se aplicará con base en un modelo nacional de regionalización. Además, con el objetivo de evitar una excesiva fragmentación del territorio y facilitar la comprensión de las regiones a establecer por parte de los beneficiarios, conviene que el modelo contemple un número de regiones limitado.

En el proceso de definición de las regiones creadas para la gestión del régimen de pago básico se han tenido en cuenta los cuatro criterios básicos citados en el artículo 23.1 reglamento (UE) n.º 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, como son el criterio administrativo, con base en el cual se utiliza la comarca agraria como unidad básica para establecer la regionalización; a su vez, las comarcas agrarias, atendiendo al criterio agronómico, se dividen según las orientaciones productivas que presentaban en la campaña de referencia 2013. Estas orientaciones productivas son las tierras de cultivo, cultivo permanente y pasto permanente; en el caso concreto de las tierras de cultivo, y por su impacto en España, se han subdividido en tierras de cultivo de secano y tierras de cultivo de regadío. Además, se utiliza el potencial agrario regional, basado en los rendimientos y capacidad productiva de las comarcas agrarias en la campaña 2013. Finalmente, se tiene también en cuenta el criterio socioeconómico para ponderar la importancia de determinados cultivos y producciones en algunas comarcas agrarias.

En resumen, con base en estos tres criterios, las regiones se establecen agrupando las diferentes orientaciones productivas comarcales, siguiendo como criterio de agrupación un potencial agrario regional semejante.

Para el cálculo del valor unitario inicial se tomará como referencia el nivel de pagos percibidos en la campaña 2014, antes de reducciones y exclusiones, correspondientes a los esquemas de ayudas pagados en dicha campaña y cuyos importes se mantienen desacoplados o pasan a desacoplarse parcial o totalmente a partir de 2015. Estos importes son los correspondientes al régimen de pago único, como pago desacoplado y un determinado porcentaje de los pagos percibidos en concepto de la prima a la vaca nodriza y la prima complementaria a la vaca nodriza, los pagos percibidos con base en el programa nacional para fomento de rotaciones de cultivo en tierras de secano, los pagos percibidos con base en el programa nacional para el fomento de la calidad del tabaco y los pagos percibidos con base en el programa nacional para el fomento de la calidad del algodón, como pagos que pasan a desacoplarse en el nuevo periodo.

Por otro lado, el acercamiento de los valores unitarios iniciales hacia el valor medio regional se va a hacer de forma progresiva, para evitar grandes impactos a nivel individual, sectorial y territorial. Para ello, los agricultores que tengan pagos directos por debajo de la media de su región, saldarán parcial y progresivamente esta brecha hasta la campaña 2019. Por otra parte, para evitar valores unitarios de derechos que disten mucho de su media regional, y alcanzar el objetivo final de la convergencia de las ayudas hacia dicho valor, los derechos de pago en 2019 no tendrán un valor inferior a un determinado porcentaje de la media de la región correspondiente. Los agricultores con derechos de elevado valor unitario deben financiar esta convergencia, sobre la base de criterios objetivos y no discriminatorios, mediante la reducción del valor de los derechos de pago que en 2019 tengan un valor superior al de la media, aunque para evitar pérdidas desproporcionadas para algunos agricultores, se debe fijar un techo máximo en tales reducciones.

Para evitar que se dé la situación de que un incremento de la superficie admisible atenúe desproporcionadamente el importe de los pagos directos por hectárea y afecte, por tanto, al proceso de convergencia interna, cuando se efectúe la primera asignación de los derechos de pago, se podrán aplicar determinadas limitaciones a efectos de establecer el número de derechos de pago. En concreto, se establecerá una limitación individual de la superficie, de forma que se asignen tantos derechos de pago básico como el menor número de hectáreas resultante de comparar el total de las hectáreas admisibles declaradas en la solicitud única 2013 y el total de las hectáreas admisibles declaradas en la solicitud única 2015.

La experiencia adquirida con la aplicación del régimen de pago único ha puesto de manifiesto que deben mantenerse algunos de sus elementos principales, incluida la fijación de límites máximos nacionales para garantizar que el nivel total de la ayuda no rebasa las restricciones presupuestarias vigentes. Además, la experiencia también ha demostrado que no se utilizaba el importe total de los fondos disponibles en virtud de los límites máximos nacionales establecidos. Si bien el régimen que se va a poner en vigor reduce el riesgo de que se queden fondos sin gastar, se debe, no obstante, establecer la posibilidad de distribuir derechos de pago por un valor superior al importe disponible para el régimen de pago básico, a fin de facilitar una utilización más eficiente de los fondos. Por consiguiente, respetando los límites máximos netos para los pagos directos, se podrá incrementar la asignación de los pagos directos para optimizar el uso de los fondos disponibles.

Por otro lado, y tal y como establece la normativa europea, se va a constituir una reserva nacional. Esta reserva nacional debe utilizarse, de manera prioritaria, para facilitar la participación de jóvenes agricultores y de otros agricultores que comienzan su actividad agrícola en el régimen y debe también utilizarse para atender otras situaciones específicas.

De igual modo deben establecerse las normas que regulan las cesiones de derechos de pago básico según el Reglamento (CE) n.º 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, habiéndose considerado necesario transcribir algunos artículos del citado reglamento, en aras de una mejor comprensión del texto.

Con objeto de ayudar a preservar la agricultura a tiempo parcial que tanta importancia tiene en determinadas áreas rurales españolas y en aras de la simplificación, en España se va a instrumentar el régimen para pequeños agricultores. Éste se aplicará de oficio a todos los perceptores a los que les corresponda recibir menos de 1.250 € de ayudas directas, con la posibilidad de que ellos opten por la no participación si así lo solicitan. Este importe se calculará como un pago basado en el importe a pagar en el año 2015 a los agricultores. Sin embargo, el importe de los beneficiarios incluidos en este régimen no estará sometido al proceso de convergencia interna.

Además, para los participantes de este régimen deben introducirse normas simplificadoras de las formalidades mediante la reducción, entre otras cosas, de las obligaciones impuestas a los mismos en lo que se refiere al procedimiento para presentar la solicitud de ayuda, el cumplimiento de las prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente o el control de la condicionalidad, sin poner en peligro la consecución de los objetivos globales de la reforma. El objetivo de este régimen debe ser apoyar la estructura de las pequeñas explotaciones agrícolas existentes en España pero sin coartar el desarrollo de estructuras más competitivas.

El artículo 58 del Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, establece que se deben adoptar todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas y cualquier otra medida necesaria para garantizar una protección eficaz de los intereses financieros de la Unión, con el objetivo, entre otros, de garantizar una prevención eficaz contra el fraude, en particular en lo que atañe a los ámbitos con un elevado nivel de riesgo. Dichas medidas deberán tener un efecto disuasorio, teniendo en cuenta los costes y beneficios así como la proporcionalidad de las mismas. Por ello, cuando se demuestre que un beneficiario ha creado artificialmente las condiciones para la asignación de derechos de pago básico, no se le asignaran derechos de pago básico o esta asignación se verá limitada.

En la elaboración de esta norma se ha consultado a las comunidades autónomas y las entidades representativas de los sectores afectados.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con la aprobación previa del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 19 de diciembre de 2014,

DISPONGO:

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

1. Este real decreto tiene por objeto establecer la normativa básica reguladora de la asignación de derechos del régimen de pago básico establecida en el Reglamento (UE) n.º 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 por el que se establecen normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la Política Agrícola Común y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.º 637/2008 y (CE) n.º 73/2009 del Consejo.

2. Será de aplicación para establecer la asignación de los derechos de pago básico para el periodo de aplicación 2015-2020 que se concedan en virtud del Reglamento (UE) n.º 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013.

3. Por otro lado,se establece la aplicación de un régimen simplificado para pequeños agricultores basado en un sistema de derechos independiente en el caso de explotaciones cuyos importes de pagos directos en la campaña 2015 no superen los 1.250 €.

4. Este real decreto será de aplicación en todo el territorio nacional, salvo en la Comunidad Autónoma de Canarias donde se aplicarán sus programas específicos.

Artículo 2. Definiciones.

A los efectos de este real decreto serán de aplicación las previstas en el Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo rural, y en el Reglamento (CE) n.º1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013.

Artículo 3. Beneficiarios y requisitos.

1. Podrán concederse derechos de pago básico por dos vías:

a) En virtud del Reglamento (UE) n.º 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, a los agricultores activos que obtengan derechos de pago básico derivados de la primera asignación, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 10.

b) En virtud del Reglamento (UE) n.º 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, a los agricultores activos que obtengan derechos de pago básico:

1.º De la asignación de la reserva nacional regulada en el artículo 23.

2.º Mediante cesiones, reguladas en el artículo 28.

2. Los agricultores a que se refiere el apartado 1, para poder cobrar los importes correspondientes a sus derechos, deberán cumplir los requisitos establecidos en el Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo rural, en particular, en lo que se refiere a la definición y requisitos de agricultor activo y actividad agraria, a la declaración de hectáreas admisibles para justificar los derechos de pago de los que es titular así como el resto de condiciones establecidas en el artículo 13 de dicha norma.

Artículo 4. Tipos de derechos.

Los derechos de pago básico se clasifican en función de su origen:

a) Derechos procedentes de la asignación inicial: aquéllos que se asignan a los agricultores con arreglo a lo establecido en el artículo 10.

b) Derechos procedentes de la reserva nacional: aquéllos que se asignan a los agricultores que solicitan derechos de la reserva nacional con arreglo a lo dispuesto en el artículo 24.

Artículo 5. Sistema de identificación y registro de los derechos de ayuda.

1. En cumplimiento del Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre, sobre financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común, por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.º 352/78, (CE) n.º 2799/98, (CE) n.º 814/2000, (CE) n.º 1290/2005 y (CE) n.º 485/2008 del Consejo, se establece en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, un sistema de identificación de derechos de ayuda de ámbito nacional que contará con un registro electrónico en el que se incluirán, al menos, los siguientes elementos:

a) El titular o titulares del derecho con indicación de su NIF.

b) El valor de los derechos, incluyendo el importe unitario desde 2015 a 2019.

c) La fecha de constitución de cada derecho.

d) La fecha de la última utilización de los derechos.

e) El origen del derecho: asignación inicial y reserva nacional.

f) El año de asignación del derecho.

g) La indicación de si el derecho está temporalmente arrendado a otro titular.

h) El porcentaje de participación del derecho.

i) La región a la que pertenece el derecho

2. Este sistema debe permitir verificar los derechos y realizar comprobaciones cruzadas con las solicitudes de ayuda y el sistema de identificación de las parcelas agrícolas, así como consultar los datos correspondientes, referidos como mínimo a los cinco años naturales consecutivos anteriores.

3. La base de datos de gestión de los derechos de pago básico, creada y mantenida con los datos que deben aportarse por las comunidades autónomas, estará disponible para cada una de ellas de forma que puedan efectuar la gestión anual relativa al régimen de pago básico.

Artículo 6. Establecimiento del modelo de regionalización del régimen de pago básico.

1. El régimen de pago básico se regionaliza, según lo previsto en el artículo 23.1 del Reglamento (UE) n.º 1307/2013 del Parlamento europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, siguiendo un modelo de aplicación nacional basado en regiones establecidas con base en criterios administrativos, agronómicos, socioeconómicos y de potencial agrario regional. La unidad básica para establecer la regionalización serán las comarcas agrarias, las cuales se agruparán en diferentes regiones en función de la orientación productiva de los distintos tipos de superficie agrícola de cada comarca, del potencial productivo que caracterizó a las mismas en el año 2013 y del impacto socioeconómico de determinadas producciones en las comarcas agrarias.

2. Las comarcas agrarias del plan de regionalización que se utilizarán para establecer las regiones del régimen de pago base y los municipios que en cada caso las integran quedan recogidas en el anexo I.

Artículo 7. Base territorial de las regiones.

1. La base territorial de las regiones se establece con base en el potencial productivo que presentan así como a la orientación productiva determinada en la campaña 2013 para las superficies declaradas en dicha campaña o al uso reflejado en el sistema de identificación geográfica de las parcelas agrícolas (SIGPAC) en 2013 para las superficies no declaradas en dicha campaña. Esta base territorial se fijará, antes del 1 de marzo de 2015, en una capa de referencia sobre el SIGPAC, capa que se considerará definitiva una vez se finalice el proceso de asignación de derechos de pago básico en el año 2015.

2. La definición territorial de las regiones queda determinada en el anexo II.

Artículo 8. Límite máximo nacional para el régimen de pago básico.

1. El límite máximo nacional anual del régimen de pago básico se determinará tras deducir del límite máximo nacional, que incluye el valor total de los pagos directos susceptibles de concederse en España, recogido en el anexo II del Reglamento (UE) n.º 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, los importes máximos anuales fijados para el pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente, el pago complementario para los jóvenes agricultores y las ayudas asociadas reguladas en el título IV del Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo rural.

2. Dichas cantidades se podrán revisar anualmente en función de las necesidades que se presenten para financiar la ayuda complementaria para los jóvenes agricultores establecida en el capítulo III del título III del Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo rural, de forma que el valor de todos los derechos de pago se aumentará o reducirá de forma lineal teniendo en cuenta esta circunstancia.

3. En aplicación del artículo 22.2 del Reglamento (UE) n.º1307/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, el límite máximo para el régimen de pago básico calculado como se indica anteriormente se incrementará anualmente en un 3 % para lograr una mejor utilización de los fondos disponibles. Una vez realizado este incremento, para cada campaña el límite máximo nacional para el pago básico será el determinado en el anexo II del Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo rural.

Artículo 9. Asignación regional del límite máximo del régimen de pago básico.

1.Los importes disponibles para el régimen de pago básico en el año 2015, según se recoge en el artículo 8, se distribuirán con base en las regiones establecidas en el artículo 7, sobre la base de criterios objetivos y no discriminatorios, como son sus características agronómicas y socioeconómicas, su potencial agrario regional o su estructura institucional o administrativa, una vez aplicada la reducción lineal para la reserva nacional establecida en el artículo 23.

2. El importe final disponible para cada una de las regiones quedará fijado en función de las solicitudes presentadas en la campaña 2015 y constituirá el límite máximo de cada una de las regiones para el año 2015.

3. Los límites máximos regionales para los años comprendidos entre 2016 y 2020 reflejarán la evolución del límite máximo nacional para el régimen de pago básico. Para ello, los límites máximos regionales para cada campaña se calcularán aplicando un porcentaje fijo al límite máximo nacional establecido para esta ayuda en el artículo 8.

Este porcentaje fijo se calculará dividiendo el respectivo límite máximo regional para el año 2015, por el límite máximo nacional establecido para el régimen de pago básico en el anexo II del Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo rural, una vez aplicada la reducción lineal para la reserva nacional establecida en el artículo 23.

4. El valor total de los derechos de pago básico en cada una de las regiones deberá respetar cada uno de los límites regionales establecidos.

5. Los valores medios regionales definitivos, desde 2015 hasta 2020, que caracterizarán a cada región, se determinarán una vez finalizado el periodo de presentación de solicitudes de pagos directos correspondientes a la campaña 2015.

Asimismo, con base en las solicitudes de asignación de derechos presentadas en la campaña 2015 y teniendo en cuenta el número de derechos de pago básico a asignar según queda recogido en el artículo 12 de este real decreto, se establecerá el número máximo de derechos de pago básico que se pueden asignar en cada región, con independencia de los derechos que se asignen vía reserva nacional.

CAPÍTULO II

Asignación de derechos

Artículo 10. Primera asignación de derechos de pago básico.

1. Se asignarán derechos de pago básico en 2015 a los agricultores activos que tengan derecho a recibir pagos directos de conformidad con los artículos 8, 9 y 10 del Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo rural, siempre que:

a) Soliciten la asignación de los derechos de pago en virtud del régimen de pago básico a más tardar en la fecha final de presentación de la solicitud única de 2015, salvo en caso de fuerza mayor o de circunstancias excepcionales tal y como se definen en el artículo 17, y

b) Hayan tenido derecho a recibir los pagos, antes de toda reducción o exclusión respecto de una solicitud de ayuda de pagos directos de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 73/2009 en 2013, o

c) Tengan derecho a recibir derechos de pago básico de conformidad con los artículos 18 y 19 del presente real decreto.

2. No obstante lo indicado en el apartado 1, todas las compraventas o arrendamientos de derechos de pago único con tierras, así como las finalizaciones de arrendamientos de tierras con venta o donación de los derechos al arrendador, comunicadas a la autoridad competente desde el 17 de febrero de 2014 hasta el 15 de mayo de 2014, de conformidad a lo establecido en el artículo 29 Vínculo a legislación del Real Decreto 1680/2009, de 13 de noviembre, sobre la aplicación del régimen de pago único en la agricultura y la integración de determinadas ayudas agrícolas en el mismo a partir del año 2010, transmiten junto a los derechos de pago único y las hectáreas, el cumplimiento del requisito establecido en el apartado 1 b).

Se asimilará al párrafo anterior toda cesión de derechos de pago único sin tierras asociada a una transferencia completa y definitiva de una explotación ganadera siempre y cuando las hectáreas asociadas a la explotación no se hayan podido incluir en la cesión de derechos al no ser éstas propiedad del cedente.

Igualmente, se asimilarán al párrafo primero del presente apartado las cesiones de derechos de pago único en 2014 en las que el cedente de los derechos tuviese una explotación ganadera con una concesión de pastos comunales en 2013 que finalizara en 2014, mientras que el cesionario de dichos derechos tuviera, en el 2014, una nueva concesión de pastos comunales para su explotación ganadera por, al menos, el mismo número de hectáreas que las que hubiera dejado de recibir de la entidad gestora del pasto comunal el cedente. En estos casos, la cesión de derechos de pago único sin tierras entre cedente y cesionario se asimilará, a efectos de la asignación de derechos de pago básico en 2015, a una cesión de derechos de pago único con tierras.

3. De la misma forma, los cambios de titularidad de una explotación, tramitados como cesiones de derechos de pago único en la campaña 2014, por motivo de herencias, jubilaciones en las que el cesionario de los derechos sea un familiar de primer grado del cedente, programas aprobados de cese anticipado de la actividad agraria, finalización de arrendamientos de derechos y tierras en la campaña 2013, incapacidad laboral permanente, fusiones, escisiones y cambios de denominación o del estatuto jurídico de la explotación, transmiten igualmente, junto a los derechos de pago único, el cumplimiento del requisito establecido en el apartado 1 b).

4. La transmisión del derecho derivado de haber cobrado algún tipo de ayuda directa en 2013, referida en los apartados 2 y 3, será realizada de oficio por la autoridad competente de modo que el cesionario de la transferencia de derechos de pago único 2014, no tendrá que justificar documentalmente el cumplimiento del requisito del apartado 1 b) con respecto a su solicitud de asignación de derechos de pago básico en 2015.

5. Cuando se demuestre que un beneficiario ha creado artificialmente las condiciones para la asignación de derechos no se le asignarán derechos de pago básico o esta asignación se verá limitada, conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del presente real decreto.

6. No se asignarán derechos de pago básico a explotaciones en las que, tras la realización de los controles, se haya determinado la existencia de menos de 0,2 hectáreas admisibles.

Artículo 11. Solicitud de admisión al régimen de pago básico.

1. Para poder recibir la asignación de derechos de pago básico en propiedad con base en el artículo 10 los agricultores deberán solicitar en el primer año de aplicación del régimen de pago básico la admisión al mismo.

2. Los agricultores solicitarán la admisión al régimen de pago básico a la vez que soliciten el cobro de dicho régimen mediante la solicitud única 2015 regulada en el artículo 91 del Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo rural.

3. La solicitud de admisión al régimen de pago básico se deberá presentar en las fechas y lugares establecidos para la presentación de la solicitud única de 2015.

4. Salvo causas de fuerza mayor o circunstancias excepcionales incluidas en el artículo 17 no se concederán derechos de ayuda si no se solicita la admisión al régimen de pago básico.

Artículo 12. Número de derechos de pago básico a asignar.

1. Los derechos de pago básico se expresarán en una cifra que corresponda a un número de hectáreas admisibles determinadas. Por ello, el número de derechos de pago asignados será igual al número de hectáreas admisibles determinadas que declare el agricultor en su solicitud de ayuda 2015 o al número de hectáreas admisibles determinadas que haya declarado conforme al artículo 34.2 del Reglamento (CE) n.º 73/2009 del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, en 2013 en su solicitud de ayudas si esta cifra fuera menor, en aplicación de la limitación individual de superficies establecida en el artículo 24.4 del Reglamento (UE) n.º 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013.

2. En el caso que hubiera que aplicar una limitación individual a las superficies declaradas en 2015, se aplicará un porcentaje de reducción sobre toda la superficie admisible determinada declarada en 2015. Este porcentaje se calculará como el cociente entre el número de hectáreas admisibles determinadas conforme al artículo 34.2 del Reglamento (CE) n.º 73/2009 del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, declaradas en la solicitud de ayudas 2013 y el número de hectáreas admisibles determinadas declaradas en la solicitud de ayudas 2015.

3. A aquellos agricultores que declaren en su solicitud única 2015 superficies de pastos permanentes y no figuren, a la fecha de finalización de la presentación de la solicitud única 2015, en el Registro de explotaciones ganaderas (REGA) no se les asignarán derechos de pago básico en dichas superficies de pastos con base en el artículo 8 del Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo rural.

4. A efectos de lo dispuesto en el apartado 1, se entenderá que todos los supuestos recogidos en los apartados 2 y 3 del artículo 10 y en las letras d) y e) del artículo 19.1 conllevan la cesión de oficio, del cedente al cesionario, de todas las hectáreas admisibles incluidas en la transferencia y declaradas en la solicitud única de 2013 conforme al artículo 34.2 del Reglamento (CE) n.º 73/2009 del Consejo, de 30 de noviembre de 2009.

5. Toda transmisión definitiva o arrendamiento total o parcial de una explotación comunicada a la autoridad competente de conformidad a lo establecido en el artículo 19, en la que se transfiera junto con la explotación el valor de los correspondientes derechos de pago básico que deban asignarse en 2015 en la misma, conllevará la cesión del cedente al cesionario, del número de hectáreas admisibles determinadas declaradas en la solicitud única de 2013 conforme al artículo 34.2 del Reglamento (CE) 73/2009 correspondiente a la parte de la explotación que se transfiere.

6. Toda transmisión definitiva o arrendamiento de una explotación o parte de la misma en la que no exista acuerdo de cesión del valor de los correspondientes derechos de pago básico que deban asignarse en 2015 en dicha explotación, no conllevará ninguna cesión de las hectáreas admisibles determinadas declaradas en la solicitud única de 2013 conforme al artículo 34.2 del Reglamento (CE) n.º 73/2009 del Consejo de 30 de noviembre de 2009, incluidas en la transferencia del cedente al cesionario, siendo susceptible de aplicarse en estos casos el artículo 21.

Artículo 13. Establecimiento del valor inicial de los derechos de pago básico.

1. El valor unitario inicial de los derechos de pago básico se fijará en función de los regímenes de ayuda recogidos en el Real Decreto 202/2012, de 23 de enero Vínculo a legislación, sobre la aplicación a partir del 2012 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería, y financiados con fondos FEAGA, que van a permanecer como pagos desacoplados o van a pasar a serlo total o parcialmente, percibidos en la campaña 2014.

2. Al objeto de determinar los pagos directos relativos a 2014 que entrarán a computar en el cálculo del valor unitario inicial de los derechos de pago básico únicamente se tendrán en cuenta los pagos de aquellos agricultores activos que tengan derecho a recibir pagos directos de conformidad con los artículos 8, 9 y 10 del Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo rural.

3. Los importes, antes de reducciones y exclusiones, que computarán para el cálculo del valor inicial de los derechos de pago básico serán:

a) Los importes correspondientes al régimen de pago único, título II del Real Decreto 202/2012, de 23 de enero Vínculo a legislación.

b) El 51,32 % de los importes correspondientes a la prima a la vaca nodriza, título IV del Real Decreto 202/2012, de 23 de enero Vínculo a legislación.

c) El 51,32 % de los importes, gestionados con fondos comunitarios, correspondientes a la prima complementaria a la vaca nodriza, título IV del Real Decreto 202/2012, de 23 de enero Vínculo a legislación.

d) Los importes correspondientes al programa nacional para el fomento de rotaciones de cultivo en tierras de secano, sección 1.ª, capítulo I del título V del Real Decreto 202/2012, de 23 de enero Vínculo a legislación.

e) Los importes correspondientes al programa nacional para el fomento de la calidad del tabaco, sección 4.ª, capítulo I del título V del Real Decreto 202/2012, de 23 de enero Vínculo a legislación.

f) Los importes correspondientes al programa nacional para el fomento de la calidad del algodón, sección 5.ª, capítulo I del título V del Real Decreto 202/2012, de 23 de enero Vínculo a legislación.

Artículo 14. Cálculo del valor inicial de los derechos de pago básico.

1.El cálculo del valor inicial total de los derechos de pago básico para cada agricultor se realizará aplicando un porcentaje fijo a los importes que el agricultor haya percibido en 2014, calculados antes de reducciones y exclusiones, correspondientes a los regímenes de ayuda citados en el artículo anterior.

El porcentaje fijo indicado anteriormente será el resultado de dividir el límite máximo nacional del régimen de pago básico, una vez aplicada la reducción lineal establecida en el artículo 23, por el importe total de los pagos realizados a nivel nacional en 2014, antes de reducciones y exclusiones, correspondientes a los regímenes de ayudas que computan para el régimen de pago básico.

2. El cálculo del valor unitario inicial de cada uno de los derechos de pago básico que se asignen a un agricultor en 2015, excluyendo aquellos asignados a partir de la reserva nacional, se realizará:

a) En el caso que el agricultor declare superficie en una sola región, dividiendo el valor inicial total correspondiente por el número total de derechos de pago básico que tenga asignados en dicha región, excluyendo aquellos asignados a partir de la reserva nacional.

b) En el caso que el agricultor declare superficie en más de una región, se asignará en cada región una parte de los pagos totales percibidos en 2014 por el agricultor. Para ello, se realizará un reparto, con base en criterios objetivos y no discriminatorios, de los importes percibidos en 2014 entre la superficie declarada por cada productor en cada región. Posteriormente se calculará el valor unitario inicial de cada derecho de pago básico en cada región dividiendo los importes asignados en dicha región por el número de derechos de pago básico asignados en la misma, excluyendo aquellos asignados a partir de la reserva nacional.

En este proceso de reparto, para garantizar su aplicación uniforme en todo el territorio, cuando se detecte que se han creado, de manera intencionada, condiciones artificiales para obtener un beneficio derivado del reparto de los importes citados y del proceso de convergencia que se establece en el artículo 16, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente establecerá limites objetivos y no discriminatorios en función de las superficies declaradas en la solicitud única 2015.

3. Una vez calculado el valor inicial de los derechos para el año 2015 dicho valor será corregido en función del proceso de convergencia establecido en el artículo 16.

4. Los derechos de pago se calcularán en una primera fase hasta el tercer decimal y en una segunda fase se redondearán, por exceso o por defecto, al segundo decimal más cercano. Si el cálculo arroja un resultado en el que el tercer decimal es 5, la cifra se redondeará por exceso al segundo decimal.

Artículo 15. Cálculo del valor medio regional en 2019.

El valor medio regional en 2019 se calculará dividiendo la cifra correspondiente al límite máximo regional de pago básico en 2019, calculado tal y como se recoge en el artículo 9, por el número de derechos de pago en 2015 en la región de que se trate, excluyendo los asignados a partir de la reserva nacional en 2015.

Artículo 16. Convergencia.

El valor de los derechos de pago básico en 2015, excluyendo los asignados a partir de la reserva nacional, se basará en su valor unitario inicial, calculados de conformidad con lo indicado en el artículo 14.

A partir del año 2015 se aplicará una convergencia al valor de los derechos de pago básico hacia el valor medio regional correspondiente en 2019 basado en los siguientes principios:

a) Los derechos de pago básico, cuyo valor unitario inicial sea inferior al 90 % del valor medio regional en 2019, se incrementarán, para el año de solicitud de 2019, en una tercera parte de la diferencia entre su valor unitario inicial y el 90 % del valor medio regional en 2019.

b) La cantidad total derivada de los incrementos del valor de los derechos de pago básico cuyo valor inicial sea inferior al 90% del valor medio regional se financiará mediante la reducción necesaria a tal efecto de aquellos cuyo valor unitario inicial supere el valor medio regional.

c) En cualquier caso, la reducción máxima del valor unitario inicial de los derechos de pago básico cuyo valor unitario inicial sea superior al valor medio regional en 2019 será del 30 %.

d) Ningún derecho de pago básico tendrá un valor unitario inferior al 60 % del valor medio regional en 2019, salvo que de ello se derive una reducción máxima por encima del porcentaje superior del umbral máximo de reducción descrito en el apartado anterior. En esos casos, el valor unitario mínimo se fijará en el nivel que sea necesario para respetar dicho umbral.

El paso del valor unitario inicial de los derechos de pago básico a su valor unitario final en 2019 se efectuará en cinco etapas idénticas, comenzando en 2015.

Artículo 17. Causas de fuerza mayor o dificultades excepcionales de aplicación.

En la asignación de derechos de pago básico, serán de aplicación las causas de fuerza mayor previstas en el artículo 1105 Vínculo a legislación del Código Civil, las del artículo 2.2 del Reglamento (UE) n.º 1306/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, y en todo caso las que se establecen a continuación:

a) Fallecimiento del beneficiario o desaparición del mismo.

b) Incapacidad laboral de larga duración del beneficiario.

c) Catástrofe natural grave o fenómeno climatológico adverso asimilable a catástrofe natural que haya afectado seriamente las tierras agrarias de la explotación. Para poder acogerse a este supuesto, deberá existir declaración de zona catastrófica por parte de la autoridad competente, en la región donde este situada la explotación, establecida mediante la publicación de una norma legal, estatal o autonómica, que califique, en primer lugar, el suceso destructivo acaecido como catástrofe natural o fenómeno climatológico asimilable a catástrofe natural, delimitándose a continuación la zona afectada por la catástrofe bien en esa norma legal o en otra norma complementaria posterior.

d) Destrucción accidental de los locales ganaderos de la explotación.

e) Epizootia, reconocida por la autoridad competente, que haya afectado a una parte o a la totalidad del ganado de la explotación del beneficiario.

f)Plaga vegetal o enfermedad vegetal causada por microorganismos patogénicos o factores ambientales, reconocida por la autoridad competente, que hayan afectado a una parte o a la totalidad de los cultivos de la explotación del beneficiario.

g) Circunstancias excepcionales relacionadas con el diseño del programa nacional para el fomento de actividades agrícolas específicas que reporten mayores beneficios agroambientales en determinadas especies del sector de los frutos de cáscara establecido en el año 2013 en el Real Decreto 202/2012, de 23 de enero Vínculo a legislación, que hayan impedido el cobro de esta ayuda en ese año por existir una exigencia de rotación de parcelas que impidiese solicitar dichas ayudas sobre determinadas superficies en esa campaña.

h) La expropiación de la totalidad o de una parte importante de la explotación, si esta expropiación no era previsible el día en que se presentó la solicitud.

i) Problemas en la tramitación de la solicitud de ayuda de las campañas 2013 ó 2014 que no sean responsabilidad del agricultor y que hayan dado lugar a la no presentación de dicha solicitud. Estos casos se deberán acreditar mediante la presentación de una certificación de la entidad que haya cometido el error, asumiendo ésta la responsabilidad de la falta de tramitación de la solicitud y, si procede, la documentación que demuestre que el agricultor ha sido compensado, por el seguro de responsabilidad correspondiente, por los daños causados. Además, el beneficiario deberá haber presentado las solicitudes de ayuda correspondientes, al menos, a las campañas 2011, 2012, y en su caso, 2013 o 2014.

Artículo 18. Alegaciones por causa de fuerza mayor o dificultades excepcionales.

1.A efectos de determinar el importe de los pagos relativos a 2014 para estimar el valor unitario de los derechos, según lo establecido por el artículo 13, se considerará alegación por causa de fuerza mayor o dificultades excepcionales la no percepción o la percepción de una cuantía menor a la debida por parte del solicitante, de uno o varios de los pagos directos en 2014 derivados de los regímenes de ayuda que se enumeran en dicho artículo. En estos casos, por aplicación del artículo 19.1 del Reglamento Delegado (UE) n.º 639/2014, de la Comisión, de 11 de marzo de 2014, que completa el Reglamento (UE) n.º 1307/2013, por el que se establecen normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la política agrícola común y que modifica el anexo X de dicho reglamento, el cálculo del valor unitario inicial de los derechos se realizará en función de los importes percibidos en el primer año anterior no afectado por la causa de fuerza mayor, siempre y cuando los pagos directos correspondientes al año 2014 sean inferiores al 85 % de los importes correspondientes en el año anterior a los años afectados, de acuerdo con lo estipulado por el artículo 19.2 de dicho reglamento delegado.

2. Estas alegaciones deberán presentarse ante la autoridad competente en la que se presente la solicitud única del año 2015 en el plazo de presentación de la misma, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo rural, conteniendo, al menos, lo indicado en el anexo III.

Artículo 19. Comunicaciones relativas a cambios en la titularidad de la explotación.

1.Se considerarán los siguientes tipos de comunicaciones:

a) Comunicación a la autoridad competente de las compraventas de explotaciones o parte de ellas, con tierras, que hayan sido formalizadas en el periodo comprendido entre el 16 de mayo de 2014 y el 15 de mayo de 2015 con aplicación, según proceda, de la cláusula contractual contemplada en el artículo 24.8 del Reglamento (UE) n.º 1307/2013, de 17 de diciembre de 2013 y de la contemplada en el artículo 20 del Acto Delegado n.º 639/2014, de la Comisión de 11 de marzo de 2014. Tanto el comprador como el vendedor deberán ser agricultores activos según lo establecido en los artículos 8, 9 y 10 del Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo rural. En estos casos la solicitud de asignación de los derechos de pago deberá ser realizada por el comprador y contendrá una copia del contrato de compraventa incluyendo la cláusula contractual correspondiente por la que se traspasa el valor de los derechos de pago básico que vayan a asignarse en la superficie objeto de la compraventa y en la que se incluirá una autorización expresa del vendedor al comprador para poder presentar dicha solicitud de asignación.

Se incluyen entre estas comunicaciones también las finalizaciones de arrendamientos de tierras, que tengan lugar entre el 16 de mayo de 2014 y el 15 de mayo de 2015 en las que el arrendatario junto con la devolución de las tierras traspase, mediante la correspondiente cláusula contractual, el valor de los derechos de pago básico que vayan a asignarse en la superficie que se está devolviendo al arrendador.

b) Comunicación a la autoridad competente de los arrendamientos de explotaciones o parte de ellas, con tierras, que hayan sido formalizadas en el periodo comprendido entre el 16 de mayo de 2014 y el 15 de mayo de 2015, con aplicación, según proceda, de la cláusula contractual contemplada en el artículo 24.8 del Reglamento (UE) n.º 1307/2013, de 17 de diciembre de 2013 y de la contemplada en el artículo 21 del Reglamento Delegado (UE) n.º 639/2014, de la Comisión de 11 de marzo de 2014. Tanto el arrendador como el arrendatario deberán ser agricultores activos según lo establecido en los artículos 8, 9 y 10 del Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo rural. En estos casos, la solicitud de asignación de los derechos de pago, deberá ser realizada por el arrendatario y contendrá una copia del contrato de arrendamiento incluyendo la cláusula contractual correspondiente por la que se cede el valor de los derechos de pago básico que vayan a asignarse en la superficie objeto de arrendamiento y en la que conste la autorización expresa del arrendador al arrendatario para poder presentar dicha solicitud de asignación. Los derechos de pago básico serán asignados al arrendador que los cederá automáticamente en régimen de arrendamiento al arrendatario, quien se beneficiará del pago de los mismos durante las campañas que dure dicho arrendamiento.

c) Comunicación a la autoridad competente de los cambios de la titularidad de la explotación como consecuencia de sucesión mortis causa, jubilaciones en las que se transmita la explotación a un familiar de primer grado, programas aprobados de cese anticipado de la actividad agraria, incapacidad laboral permanente, fusiones, escisiones y cambios de denominación o del estatuto jurídico de la explotación, ocurridos en el periodo comprendido entre el 16 de mayo de 2014 y el 15 de mayo de 2015. Se incluirán también aquí aquellos cambios de titularidad derivados de la inscripción de una explotación en el registro de explotaciones de titularidad compartida, según queda regulado en la Ley 35/2011, de 4 de octubre Vínculo a legislación, siempre que el titular previo siga formando parte de dicha explotación. En todos estos cambios de titularidad, tanto el cedente como el cesionario deberán ser agricultores activos según lo establecido en los artículos 8, 9 y 10 del Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo rural, salvo en el supuesto de sucesión mortis causa en que, de no serlo el sucesor, podrá transmitir a un agricultor activo la explotación para que se le asignen los derechos de pago básico.

d) Comunicación a la autoridad competente de las compraventas o arrendamientos de explotaciones o parte de ellas, con tierras, que hayan sido formalizadas en el periodo comprendido entre el 16 de mayo de 2013 y el 15 de mayo de 2014, en los que casos en que el titular transmisor de la explotación cumpliera con la condición establecida en el artículo 10.1 b) del presente real decreto pero sin disponer ni en 2013 ni en 2014 de derechos de pago único asignados, y el nuevo titular declarase la explotación objeto de la transmisión en su solicitud única de 2014.

En estos casos deberá existir, cuando proceda, la cláusula contractual contemplada en el artículo 24.8 del Reglamento (UE) n.º 1307/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013. La solicitud de asignación de los derechos de pago deberá ser realizada por el nuevo titular y contendrá una copia del contrato de compraventa o arrendamiento incluyendo, en su caso, la cláusula contractual correspondiente, en la que se incluirá una autorización al nuevo titular para poder presentar dicha solicitud de asignación.

e) Comunicación a la autoridad competente de los cambios de la titularidad de la explotación como consecuencia de sucesión mortis causa, jubilaciones en las que se transmita la explotación a un familiar de primer grado, programas aprobados de cese anticipado de la actividad agraria, incapacidad laboral permanente, fusiones, escisiones y cambios de denominación o del estatuto jurídico de la explotación, ocurridos en el periodo comprendido entre el 16 de mayo de 2013 y el 15 de mayo de 2014, en los que el titular transmisor de la explotación cumpliera con la condición establecida en el artículo 10.1 b) del presente real decreto pero sin disponer en 2013 ni en 2014 de derechos de pago único asociados y el nuevo titular declarase la explotación objeto de cambio de titularidad en su Solicitud Única 2014. Se incluirán también aquí aquellos cambios de titularidad derivados de la inscripción de una explotación en el registro de explotaciones de titularidad compartida, según queda regulado en la Ley 35/2011, de 4 de octubre Vínculo a legislación, sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias, siempre que el titular previo siga formando parte de dicha explotación.

2. Las comunicaciones descritas en el presente artículo deberán presentarse ante la autoridad competente en la que se presente la solicitud única del año 2015 en el plazo de presentación de la misma, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo rural, conteniendo, al menos, la información indicada en el anexo IV. En las mismas deberá incluirse la autorización para que la autoridad competente recabe de la Agencia Tributaria la información fiscal para poder determinar el cumplimiento de los criterios de agricultor activo. En caso de no presentar dicha autorización, el solicitante deberá aportar dicha documentación.

Artículo 20. Comunicación del valor y del número de derechos de pago.

1.En 2015 se informará a los agricultores del valor que tendrán sus derechos cada uno de los años desde 2015 hasta 2019.

2. Cuando la información a los agricultores contemplada en el apartado anterior se base en datos provisionales, una vez realizados todos los controles necesarios con arreglo al artículo 74 del Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 y, en cualquier caso, antes del 1 de abril de 2016, se establecerán y comunicarán a los agricultores el valor y el número definitivos de los derechos de pago básico.

3. Para realizar las comunicaciones referidas en el apartado anterior las comunidades autónomas, una vez que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente haya enviado los datos necesarios para tal fin, remitirá a los beneficiarios del régimen de pago básico, definidos en el artículo 3, por cualquiera de las formas posibles que permitan a los mismos el conocimiento de sus datos, incluida la posibilidad de acceso a la base de datos, una comunicación de derechos de pago básico que contendrá al menos la siguiente información:

a) El importe de referencia establecido resultado de los importes percibidos en 2014, antes de sanciones y penalizaciones, por ayudas directas que será utilizado para estimar el valor unitario inicial, como consecuencia de la incorporación de las ayudas de cada uno de los sectores en el régimen de pago básico.

b) El número y valor de los derechos de ayuda definitivos para cada año entre 2015 y 2019 que se determinen por cada región del régimen de pago básico.

4. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.6 Vínculo a legislación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, esta comunicación podrá ser sustituida por la publicación de dicha información en el diario oficial de la comunidad autónoma, con indicación en su caso de la dirección electrónica en la página web y del lugar al que los ciudadanos podrán dirigirse para conocimiento del contenido íntegro, tanto de las comunidades autónomas como del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, conforme a las indicaciones recogidas en el artículo 61 de la citada ley.

Artículo 21. Aplicación de la cláusula de beneficio inesperado.

1.Se aplicará, cuando proceda, la cláusula de beneficio inesperado, según lo dispuesto en el artículo 28 del Reglamento (CE) n.º 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, en los siguientes casos de transmisiones totales o parciales de la explotación que hayan tenido lugar a partir del 16 de mayo de 2014, ocasionando un aumento del valor de los derechos de pago que se vayan a asignar al beneficiario en cuestión, que no se hubiera producido de no haberse dado la variación de la superficie admisible de la explotación declarada en 2015 en relación con la declarada en 2014, derivada de dicha cesión:

a) Como consecuencia de la formalización de compraventas de tierras sin que el vendedor acuerde con el comprador la firma de la cláusula contractual establecida por el artículo 20 del Reglamento Delegado (UE) n.º 639/2014 de la Comisión, de 11 de marzo de 2014, y donde no se sustituyen las hectáreas vendidas por un número similar de hectáreas en su declaración correspondiente a la solicitud única 2015, generando una reducción de la superficie admisible de la explotación declarada en 2015 en relación con la declarada en 2014 superior al 25 %, siempre que esta variación sea superior a las dos hectáreas.

b) Como consecuencia de la finalización antes del 15 de mayo de 2015 de arrendamientos de tierras, según lo establecido al respecto en la Ley 49/2003, de 26 de noviembre Vínculo a legislación, de arrendamientos rústicos, incluidas las finalizaciones anticipadas de los mismos, sin que el arrendatario formalice la cláusula contractual establecida por el artículo 20 del Reglamento Delegado (UE) n.º 639/2014 de la Comisión, de 11 de marzo de 2014, ni sustituya las hectáreas devueltas por un número similar de hectáreas en su declaración correspondiente a la solicitud única 2015, generando una reducción de la superficie admisible de la explotación declarada en 2015 en relación con la declarada en 2014 superior al 25 %, siempre que esta variación sea superior a las dos hectáreas.

c) Como consecuencia de la formalización de arrendamientos de tierras en 2015, según el procedimiento y la casuística descrito en el artículo 19, sin que el arrendador acuerde con el arrendatario la firma de la cláusula contractual establecida por el artículo 21 del Reglamento Delegado (UE) n.º 639/2014, de la Comisión, de 11 de marzo de 2014, ni substituya las hectáreas arrendadas por un número similar de hectáreas en su declaración correspondiente a la solicitud única 2015, generando una reducción de la superficie admisible de la explotación declarada en 2015 en relación con la declarada en 2014 superior al 25 %, siempre que esta variación sea superior a las dos hectáreas.

2. El beneficio inesperado no se aplicará en los casos en los que la variación de la superficie declarada derive de modificaciones provocadas por cambios en las concesiones o arrendamientos de superficies de pastos o por cambios del coeficiente de admisibilidad de pastos establecido en el artículo 3 del Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo rural.

3. El aumento del valor de los derechos de pago determinado según lo establecido en el apartado 1 se determinará como la diferencia entre el valor de los derechos tras la compraventa, finalización de arrendamiento o arrendamiento de tierras y el valor teórico que tendrían si no se hubiese realizado tal venta, finalización de arrendamiento o arrendamiento de tierras. El aumento estimado será ingresado en la reserva nacional.

Artículo 22. Creación de condiciones artificiales.

1.De acuerdo con el artículo 58 del Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, cuando se demuestre que un beneficiario ha creado artificialmente las condiciones para la asignación de derechos de pago básico, no se le asignarán dichos derechos o esta asignación se verá limitada conforme a lo dispuesto en el apartado siguiente.

2. Las operaciones consideradas de posible naturaleza especulativa que serán analizadas, caso por caso, a efectos de establecer una posible creación de condiciones artificiales para recibir una asignación de derechos de pago básico contraria a la reglamentación son:

a) La adquisición o arrendamiento de superficies admisibles realizadas después del 18 de octubre de 2011 con el único objetivo de incrementar de forma artificial la superficie de la explotación declarada en la solicitud única 2013 sin que se observe ninguna finalidad de carácter empresarial. Se considera que se generan condiciones artificiales cuando el incremento de la superficie respecto al 2011 supere el 25% y este sea superior a 40 hectáreas. En estos casos su superficie admisible para la asignación de derechos se limitará a la declarada en el año 2011.

b) La adquisición de derechos de pago único sin tierra en la campaña de cesiones 2014, con el único objetivo de incrementar el valor de los futuros derechos de pago básico de manera que el importe unitario de los derechos de pago básico a asignar sea superior a un valor inicial de 3.000 euros por hectárea, creándose además una clara desproporción en comparación con los derechos de pago único previos del adquirente y el valor unitario regional de la región a la que pertenezcan los nuevos derechos asignados. En estos casos, se limitará el valor unitario de los derechos de pago básico asignados a un máximo de 3.000 euros.

c) La concentración de importes que resulten en un incremento desmesurado del valor unitario de los derechos como consecuencia de una disminución artificial de las hectáreas declaradas en 2015, de manera que el importe unitario de los derechos de pago básico a asignar sea superior a un valor inicial de 3.000 euros por hectárea, creándose además una clara desproporción en comparación con los derechos de pago único previos del adquirente, siempre y cuando no sea de aplicación la cláusula de Beneficio Inesperado, prevista en el artículo 21. En estos casos, se limitará el valor unitario de los derechos de pago básico asignados a un máximo de 3.000 euros.

d) La búsqueda de una convergencia artificial al alza mediante la venta de derechos de pago único sin tierra en 2014, que suponga que el valor unitario inicial de los derechos de pago básico a asignar sea inferior al 60 % de la media de su región, de forma que, mediante el proceso de convergencia de los derechos de pago básico, se incremente el beneficio obtenido con la venta de los derechos. En estos casos, no se aplicará dicha convergencia.

e) La obtención del registro de explotaciones ganaderas REGA en 2014 o en 2015 al no disponer del mismo en 2013, sin justificación de actividad ganadera y con el único objetivo de cumplir los requisitos sobre agricultor activo establecidos en el Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo rural. En estos casos no se asignarán derechos sobre las superficies de pastos permanentes declaradas en la solicitud única.

f) La creación de condiciones artificiales para el cumplimiento de la normativa en lo que se refiere a los requisitos derivados de la definición de agricultor activo y actividad agraria. En estos casos no se asignarán derechos sobre las superficies que no resulten determinadas por el incumplimiento de dichos requisitos.

g) La incorporación artificial de jóvenes agricultores como socios de empresas agrarias con personalidad jurídica, con el único objetivo de cualificar a aquellas empresas para recibir, con carácter prioritario, derechos de la reserva nacional así como para percibir el pago para jóvenes agricultores establecido en capítulo III del título III del Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y el establecimiento del sistema integrado de gestión y control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo rural. No se asignarán derechos en este caso.

h) Cualquier otra práctica que tenga por objeto el obtener o incrementar de manera artificial los derechos de pago básico asignados, incluidos los casos en los que un agricultor pueda obtener unos beneficios desproporcionados derivados del reparto, con base en datos históricos, de los importes entre las regiones en las que declara superficie unido a un exceso de ganancia producida por el proceso de convergencia que se establece en el artículo 16.

CAPÍTULO III

Gestión de los derechos: reserva nacional y cesión de derechos

Artículo 23. Constitución de la reserva nacional.

1.A la reserva nacional, constituida de conformidad con el artículo 30 del Reglamento (UE) n.º 1307/2013, de 17 de diciembre de 2013, se incorporarán en 2015 los importes contemplados en el apartado 1 de dicho artículo, hasta un máximo del 3 %. Sin embargo, este porcentaje de retención podrá ser mayor en 2015. Asimismo, se podrá aplicar una reducción lineal del valor de los derechos de pago en campañas posteriores si dicho incremento o dicha reducción son necesarios:

a) Para cubrir los casos de sentencias o actos administrativos definitivos.

b) Para cubrir, cuando se considere necesario, los casos de jóvenes agricultores y de los agricultores que comiencen su actividad agrícola.

2. Además, se integrará en la reserva nacional:

a) Todo derecho de ayuda del que no se haya hecho uso durante un periodo de dos años consecutivos, salvo en casos de fuerza mayor o circunstancias excepcionales establecidas en el artículo 17.

b) Derechos de pago voluntariamente cedidos por los agricultores.

c) Los importes obtenidos por la aplicación del beneficio inesperado establecido en el artículo 21.

d) Todos los importes retenidos por aplicación de los porcentajes deducidos como consecuencia de las ventas y cesiones a que se refiere el artículo 29.

Artículo 24. Acceso a la reserva nacional.

1.Los agricultores activos que deseen solicitar derechos de pago básico con cargo a la reserva nacional, deberán presentar la correspondiente solicitud, acompañándola de la documentación señalada en el anexo V, en el plazo de presentación de la solicitud única de cada año y ante la autoridad competente correspondiente, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo rural.

2. Obtendrán derechos de pago básico de la reserva nacional, siempre que cumplan las condiciones establecidas:

a) Agricultores legitimados para recibir derechos de ayuda o para aumentar el valor de los derechos existentes en virtud de una sentencia judicial firme o de un acto administrativo firme de acuerdo con lo establecido en el artículo 30.9 del Reglamento (UE) n.º 1307/2013, de 17 de diciembre.

b) Con carácter prioritario, los jóvenes agricultores y los agricultores que comiencen su actividad agrícola, aunque hubieran ya percibido una primera asignación de derechos de pago único a través de la reserva nacional 2014, que cumplan los criterios establecidos en el presente artículo.

c) Agricultores que no hayan tenido acceso a la primera asignación de derechos de pago básico en 2015 por causas de fuerza mayor o circunstancias excepcionales.

3. Se entenderá por joven agricultor a efectos de lo dispuesto en este artículo:

a) A las personas físicas que no tengan más de 40 años de edad en el año de presentación de la solicitud de derechos de pago básico de la reserva nacional y:

1.º Que dispongan de un expediente favorable de concesión de la ayuda de primera instalación en el ámbito de un Programa de Desarrollo Rural o que acrediten haber realizado su instalación como agricultor profesional en una explotación prioritaria en los términos definidos en la Ley 19/1995, de 4 de julio Vínculo a legislación, de Modernización de las Explotaciones Agrarias, mediante la obtención de la correspondiente certificación de los registros existentes en las comunidades autónomas o del Catálogo General del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, aun cuando por dicha instalación no hubieran obtenido ayudas, o bien que hayan solicitado la catalogación como explotación agraria prioritaria en el período de la solicitud única en el que presenten su solicitud de reserva nacional y dispongan de la correspondiente catalogación antes de la asignación de derechos.

2.º Que inicien su actividad en alguno de los sectores que estuviesen incorporados en el régimen de pago único hasta el año 2013 o de los otros sectores citados en el artículo 13 que se incorporan en 2015 al régimen de pago básico, o que hubiera percibido asignación de derechos de pago único de la reserva nacional en 2014.

3.º Que se instalen por primera vez en una explotación agraria como responsable de la explotación, o que se hayan instalado en dicha explotación en los cinco años anteriores a la primera presentación de una solicitud al amparo del régimen de pago básico. A efectos de los apartados 3.a) y 3.b), la primera instalación se considerará desde la fecha de alta en el régimen de Seguridad Social correspondiente a la actividad agraria que determine su incorporación.

b) A las personas jurídicas, independientemente de su forma jurídica, si cumplen las siguientes condiciones:

1.º En que el control efectivo a largo plazo sobre la persona jurídica que solicita asignación de derechos de pago básico a la reserva nacional corresponda a un joven agricultor que cumpla lo dispuesto en el apartado 3.a). Se entenderá que un joven ejerce el control efectivo sobre la persona jurídica cuando las acciones o participaciones del joven supongan al menos un capital social igual o superior que el del socio con mayor participación y además forme parte de su junta rectora u órgano de gobierno.

2.º Cuando varias personas físicas, incluidas las personas que no sean jóvenes agricultores, participen en el capital o la gestión de la persona jurídica, el joven agricultor estará en condiciones de ejercer ese control efectivo a largo plazo de forma individual o en colaboración con otros agricultores. Cuando una persona jurídica sea individual o conjuntamente controlada por otra persona jurídica, las condiciones establecidas en el párrafo anterior, se aplicarán a cualquier persona física que ejerza el control de esa otra persona jurídica.

A estos efectos se entenderá que la referencia a la “instalación” que se hace en el apartado 3.a), está hecha a la instalación de los jóvenes agricultores que ejercen el control de la persona jurídica.

4. Se entenderá por agricultor que comienza su actividad agrícola para lo dispuesto en este artículo aquel:

a) Que acredite haber realizado su instalación como agricultor profesional en una explotación prioritaria en los términos definidos en la Ley 19/1995, de 4 de julio Vínculo a legislación, mediante la obtención de la correspondiente certificación de los registros existentes en las comunidades autónomas o del Catálogo General del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, o bien que hayan solicitado la catalogación como explotación agraria prioritaria en el período de la solicitud única en el que presenten su solicitud de reserva nacional y dispongan de la correspondiente catalogación antes de la asignación de derechos.

b) Que inicien su actividad en alguno de los sectores que estuviesen incorporados en el régimen de pago único hasta el año 2013 o de los otros sectores citados en el artículo 13 que se incorporan en 2015 al régimen de pago básico, o que hubiera percibido asignación de derechos de pago único de la reserva nacional en 2014.

c) Que comience su actividad agraria en el año 2013 o posterior, siempre que en los cinco años previos a la fecha de comienzo de la nueva actividad no haya desarrollado ninguna actividad agraria por su propia cuenta y riesgo, ni haya ejercido el control de una persona jurídica dedicada a una actividad agrícola. A estos efectos, el comienzo de la actividad se considerará desde la fecha de alta en el régimen de seguridad social correspondiente a la actividad agraria que determine su incorporación.

d) Que presente una solicitud de reserva nacional para el régimen de pago básico a más tardar dos años después del año natural en que hayan iniciado su actividad agrícola.

5. Se considerarán casos de fuerza mayor o circunstancias excepcionales a efectos de la reserva nacional los siguientes:

a) Aquellos agricultores que no cumplan con las condiciones establecidas en los apartados 24.3 y 24.4 y que han sido beneficiarios de la asignación de derechos de pago único de la reserva nacional en la campaña 2014 con base en su condición de nuevos agricultores que realizaron su primera instalación en el ámbito de un Programa de Desarrollo Rural establecido con base en el Reglamento (CE) n.º 1698/2005, del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

b) Los agricultores que por fuerza mayor o circunstancias excepcionales no cumplan con el artículo 10.1 b) de este real decreto, por no haber tenido pagos en 2013 y soliciten derechos de pago básico con cargo a la reserva nacional.

c) Los agricultores que por fuerza mayor o circunstancias excepcionales no cumplan con el artículo 10.1 a), por no haber presentado su solicitud única en 2015 y soliciten, posteriormente, derechos de pago básico con cargo a la reserva nacional. En los casos en que se produzca esta situación, el beneficiario afectado o su derechohabiente deberá notificar por escrito a la comunidad autónoma competente la alegación por causa de fuerza mayor o circunstancias excepcional que le impidió presentar la solicitud citada en el plazo reglamentario, adjuntando las pruebas pertinentes a satisfacción de dicha autoridad, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que el beneficiario o su derechohabiente esté en condiciones de hacerlo, según lo establecido en el artículo 4.2, del Reglamento Delegado (UE) n.º 640/2014, de la Comisión de 11 de marzo de 2014, por el que se completa el Reglamento (UE) n.º 1306/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que respecta al sistema integrado de gestión y retirada de los pagos y sobre sanciones administrativas aplicables a los pagos directos a la ayuda al desarrollo rural y a la condicionalidad.

6. Si la reserva nacional supera el 0,5 % del límite máximo anual para el régimen de pago básico se podrán aumentar linealmente el valor de todos los derechos de pago básico asignados, siempre que queden disponibles cantidades suficientes para las asignaciones por sentencia o acto administrativo firme y las asignaciones de los jóvenes agricultores y de los agricultores que comiencen su actividad agrícola.

Artículo 25. Condiciones para el acceso a la reserva nacional.

1. Los agricultores que accedan a la reserva nacional deberán cumplir, en todo caso, las siguientes condiciones generales:

a) Ser agricultor activo de conformidad con lo establecido en los artículos 8, 9 y 10 del Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo rural.

b) Disponer de hectáreas admisibles determinadas a efectos del pago básico para que los derechos se puedan asignar con base en dichas hectáreas.

c) La superficie por la que se solicitan derechos de pago básico de la reserva nacional debe estar a disposición del solicitante en el momento de presentar la solicitud única de la campaña que corresponda con la solicitud de derechos a la reserva nacional realizada y, por tanto, debe figurar en la misma.

2. Los agricultores que accedan a la reserva nacional para el caso de jóvenes agricultores, además de las condiciones generales deberán cumplir, en su caso, las siguientes condiciones específicas:

a) La primera instalación en el ámbito de un programa de desarrollo rural se entenderá realizada cuando exista una resolución favorable de concesión de la ayuda de primera instalación, a la fecha de finalización del plazo de presentación de la solicitud única, con superficie vinculada a alguno de los sectores incorporado al régimen de pago básico.

b) En el caso de los agricultores titulares de una explotación prioritaria deberán figurar inscritos en el registro correspondiente de la autoridad competente a fecha de finalización del plazo de presentación de la solicitud única, o bien haber solicitado la catalogación como explotación agraria prioritaria en el período de la solicitud única en el que presentan su solicitud de reserva nacional y disponer de la correspondiente catalogación antes de la asignación de derechos. En ambos casos deberán contar con superficie vinculada a alguno de los sectores incorporado al régimen de pago básico.

c) La instalación o el registro se debe haber producido en el plazo de los cinco años anteriores a la primera presentación de una solicitud al amparo del régimen de pago básico.

d) El agricultor no puede haber recibido derechos de la reserva nacional en anteriores asignaciones de derechos de pago básico de la reserva nacional, excepto en el caso de sentencias judiciales firmes.

e) El agricultor debe haberse incorporado a la actividad agraria y estar dado de alta en la seguridad social en la actividad agraria, tal y como establezca la legislación vigente, a la fecha final del plazo de presentación de la solicitud de derechos de pago básico de la reserva nacional.

f) El agricultor, en la solicitud única del año correspondiente a la solicitud a la reserva nacional, deberá realizar la declaración de la explotación donde ejerce la actividad agraria y de la cual posee la titularidad o cotitularidad en régimen de propiedad o arrendamiento.

g) No haber ejercido la actividad agraria en las cinco campañas anteriores a la fecha considerada como de su primera instalación.

3. Los agricultores que accedan a la reserva nacional como agricultores que comiencen su actividad agrícola, además de cumplir las condiciones generales, deberán cumplir las siguientes condiciones específicas:

a) El agricultor no puede haber recibido derechos de la reserva nacional en anteriores asignaciones de derechos de pago básico de la reserva nacional, excepto en el caso de sentencias judiciales firmes.

b) Al tratarse siempre de agricultores titulares de una explotación prioritaria deberán figurar inscritos en el registro correspondiente de la autoridad competente a fecha de finalización del plazo de presentación de la solicitud única, con superficie vinculada a alguno de los sectores incorporado al régimen de pago básico.

c) El agricultor debe haberse incorporado a la actividad agraria y estar dado de alta en la Seguridad Social en la actividad agraria, tal y como establezca la legislación vigente, a la fecha final del plazo presentación de la solicitud de derechos de pago básico de la reserva nacional.

d) El agricultor, en la solicitud única del año correspondiente a la presentación de la solicitud a la reserva nacional, deberá realizar la declaración de la explotación donde ejerce la actividad agraria y de la cual posee la titularidad o cotitularidad en régimen de propiedad o arrendamiento.

e) No haber ejercido la actividad agraria en las cinco campañas anteriores a la fecha considerada como de su primera instalación.

Artículo 26. Establecimiento de los derechos de pago de la reserva nacional.

1. Para los agricultores que acceden a la reserva nacional por los casos de jóvenes agricultores o agricultores que comiencen su actividad agrícola:

a) El valor de los derechos de pago a asignar corresponderá con el valor medio regional de los derechos en el año de asignación.

b) El valor medio regional se calculará dividiendo el límite máximo regional correspondiente al pago básico para el año de asignación, por el número total de derechos asignados en dicha región.

c) Cuando un joven agricultor o un agricultor que inicie su actividad y no posea derechos de pago básico en propiedad o en arrendamiento, solicite derechos de la reserva nacional, recibirá un número de derechos de pago igual al número de hectáreas admisibles determinadas que posea, en propiedad o en arrendamiento en la fecha límite de presentación de su solicitud de asignación. El valor de dichos derechos se calculará según queda indicado en letra a).

d) Cuando un joven agricultor o un agricultor que inicie su actividad, solicite derechos de la reserva nacional pero ya disponga de algunos derechos de pago en propiedad o en arrendamiento, recibirá un número de derechos de pago igual al número de hectáreas admisibles determinadas que posea, en propiedad o en arrendamiento, en la fecha límite de presentación de su solicitud de asignación, con respecto a las cuales aún no posea ningún derecho de pago básico. El valor de dichos derechos se calculará según queda indicado en la letra a).

En este caso, además, cuando el valor de los derechos de pago que ya posee el agricultor, en propiedad o en arrendamiento, sea inferior a la media regional a la que se refiere la letra a), los valores unitarios anuales de dichos derechos podrán aumentarse hasta dicha media regional.

e) En los casos en que un joven se incorpore dentro de una persona jurídica el número de derechos calculado según la letra a) se ajustará teniendo en cuenta la proporción de superficie admisible determinada equivalente al porcentaje de participación en la persona jurídica de los jóvenes que cumplan las características establecidas en el artículo 24.3 a) que sean socios de dicha persona jurídica.

2. En los casos de casos de fuerza mayor o circunstancias excepcionales:

a) Se establecerán los valores unitarios anuales de los derechos de pagos como en la asignación inicial, según lo establecido en los artículos 14, 15 y 16 del presente real decreto.

b) Un agricultor que no posea derechos de pago, en propiedad o en arrendamiento, que tenga derecho a recibir tales derechos de la reserva nacional de acuerdo con el artículo 24 y que los solicite, recibirá un número de derechos de pago igual al número de hectáreas admisibles determinadas que posea, en propiedad o en arrendamiento, en la fecha límite de presentación de su solicitud de asignación.

c) Un agricultor que ya posee derechos de pago, en propiedad o en arrendamiento, que tenga derecho a recibir derechos de pago de la reserva nacional de acuerdo con el artículo 24 y que los solicite recibirá un número de derechos de pago igual al número de hectáreas admisibles determinadas que posea, en propiedad o en arrendamiento, en la fecha límite de presentación de su solicitud de asignación, con respecto a las cuales aún no posea ningún derecho de pago en propiedad o arrendamiento.

3. En el caso de agricultores legitimados para recibir derechos de ayuda o para aumentar el valor de los derechos en virtud de una sentencia o de un acto administrativo firme, recibirán los derechos en el número y valor que correspondan con base en la sentencia o acto administrativo firme.

4. En primer lugar se asignarán los derechos establecidos en los casos del artículo 24.2 a). Si tras realizar esta asignación existe remanente en la reserva, se asignarán los derechos establecidos en los casos del apartado 2.b) del mismo artículo, priorizando a los titulares de una explotación en régimen de titularidad compartida, según regula la Ley 35/2011, de 4 de octubre Vínculo a legislación, y que estén inscritos en el registro correspondiente a tal efecto. Si tras la segunda asignación sigue existiendo remanente en la reserva se asignarán los derechos establecidos en los casos del apartado 2.c) de dicho artículo, priorizando también en este caso a los titulares de una explotación en régimen de titularidad compartida, según regula la citada ley y que estén inscritos en el registro correspondiente a tal efecto.

Artículo 27. Asignación de derechos de la reserva nacional.

1. Las comunidades autónomas remitirán al Fondo Español de Garantía Agraria la información contenida en las solicitudes a que hace referencia el artículo 24, así como una relación de las propuestas de resolución ordenadas en dos grupos. En un primer grupo se incluirá a los solicitantes que hayan solicitado asignación de la reserva nacional con base en el artículo 24.2 a) y en un segundo grupo el resto de solicitantes. Con base en la información recibida y las disponibilidades de la reserva nacional, el Fondo Español de Garantía Agraria establecerá los derechos que se asignarán a cada agricultor y remitirá dicha información a cada comunidad autónoma.

2. Las comunidades autónomas comunicarán la asignación de derechos a los agricultores de su ámbito antes del 28 de febrero del año siguiente al de presentación de la solicitud de derechos a la reserva nacional. Transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado y comunicado la resolución expresa, los interesados podrán entender desestimada su solicitud, de conformidad con lo establecido en el artículo 44.1 Vínculo a legislación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, de acuerdo con lo previsto en el artículo 59.6 Vínculo a legislación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, esta comunicación podrá ser sustituida por la publicación de dicha información, conforme a lo dispuesto en el artículo 20.4.

Artículo 28. Transferencias de derechos de pago básico.

1. Los derechos de pago básico sólo podrán ser cedidos dentro de la misma región del régimen de pago básico donde dichos derechos hayan sido asignados, bien en venta, arrendamiento o mediante cualquier otra forma admitida en derecho. Tanto la venta como el arrendamiento de los derechos de ayuda podrán ser realizados con o sin tierras. Las finalizaciones de arrendamientos de tierras con venta o donación de los derechos de pago básico al arrendador serán consideradas como ventas de derechos con tierras.

2. Se podrán ceder voluntariamente a la reserva nacional todos los derechos de ayuda que no se vayan a utilizar.

3. En el caso de cesiones de fracciones de derechos, se realizará el cálculo y asignación del valor del derecho de acuerdo con criterios proporcionales.

4. Según lo dispuesto por el artículo 34 del Reglamento (UE) n.º 1307/2013, de 17 de diciembre, los derechos de pago solo podrán transferirse a un agricultor considerado activo según lo establecido en los artículos 8, 9 y 10 del Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo rural, excepto en el caso de las herencias.

5. Las cesiones se podrán realizar en cualquier momento del año.

Artículo 29. Retenciones aplicables a las transferencias de derechos.

1. En el caso de la venta o arrendamiento de derechos de ayuda sin tierras se restituirá a la reserva nacional el 20 % del valor de cada derecho excepto en el caso de que se trate de cesiones por la totalidad de los derechos realizadas por productores cuyo importe total de derechos de pago básico sea inferior a los 300 € de tal manera que se facilite la venta de sus derechos.

2. En el caso de la venta o arrendamiento de derechos de ayuda con tierras no se aplicará retención alguna.

3. No se aplicará tampoco ninguna retención en los siguientes supuestos:

a) En caso de venta o cesión definitiva de los derechos de ayuda con o sin tierras a un agricultor que inicia la actividad agraria.

b) En los casos de sustitución del titular con motivo de herencias, jubilaciones en los que el cesionario de los derechos sea un familiar de primer grado del cedente, programas aprobados de cese anticipado, incapacidad laboral permanente, cambios de denominación o del estatuto jurídico de la explotación, agrupaciones de varias personas físicas o jurídicas en otra persona jurídica o ente sin personalidad jurídica y escisiones de personas jurídicas o de agrupaciones de personas físicas. Se incluirán también aquí aquellos cambios de titularidad derivados de la inscripción de una explotación en el registro de explotaciones de titularidad compartida, según queda regulado en la Ley 35/2011, de 4 de octubre Vínculo a legislación, siempre que el titular previo siga formando parte de dicha explotación. Todas estas circunstancias deberán ser probadas mediante los correspondientes documentos públicos o privados liquidados de impuestos.

Artículo 30. Comunicación de las cesiones de derechos a la Administración.

1.El cedente comunicará la cesión de los derechos de ayuda a la autoridad competente ante la que haya presentado su última solicitud única entregando junto a dicha comunicación los documentos necesarios, en función del tipo de cesión elegida, para acreditar la misma. El período de comunicación se iniciará el 1 de noviembre y finalizará cuando termine el plazo de presentación de la solicitud única del siguiente año.

2. Se entenderá que la cesión ha sido aceptada si a los seis meses desde la comunicación, la autoridad competente no ha notificado motivadamente su oposición. No obstante, a efectos de aplicación de los distintos porcentajes de retención contemplados en el artículo 29 del presente real decreto, la autoridad competente podrá aceptar la comunicación atendiendo al tipo de cesión que sea acreditada mediante la documentación aportada por el cedente. En cualquier caso, la autoridad competente notificará su objeción al cedente tan pronto como sea posible.

3. Todos los cambios de titularidad por motivo de herencias, jubilaciones en los que el cesionario de los derechos sea un familiar de primer grado del cedente, programas aprobados de cese anticipado, incapacidad laboral permanente, fusiones o escisiones y cambios de personalidad jurídica, así como las modificaciones de los arrendamientos debidos a cambios de titularidad, se notificarán a las autoridades competentes, aportando, al menos, la información que figura en el anexo VI, antes de la fecha límite del plazo de presentación de la solicitud única.

Artículo 31. Recuperación de derechos de pago básico indebidamente asignados.

1. En aplicación de lo establecido en el artículo 6 del Reglamento de ejecución (UE) n.º 809/2014 de la Comisión de 17 de julio de 2014, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento 1306/2013 Vínculo a legislación, del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere al sistema integrado de gestión y control, las medidas de desarrollo rural y la condicionalidad y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 10, relativo a la primera asignación de derechos, si se demuestra que el número de derechos de pago que han sido asignados a un agricultor excede al número de derechos que en realidad le debieran corresponder, el número de derechos de pago indebido revertirá a la reserva nacional.

2. En el caso de que la asignación erróneamente realizada referida en el apartado anterior fuera causada por la autoridad competente o por otra autoridad, sin que este hecho pudiera ser razonablemente detectado por el beneficiario, se ajustará el valor de los restantes derechos de ayuda asignados a este último consecuentemente.

3. En caso de haberse producido las transferencias de derechos con anterioridad al ajuste al que se refieren los apartados anteriores éstos se detraerán a los cesionarios proporcionalmente al número de derechos de pago que les han sido cedidos.

4. Asimismo, si se demuestra que el valor de los derechos de pago básico asignados a un agricultor está por encima del valor que en realidad le debiera corresponder, dicho valor se ajustará, transfiriéndose a la reserva nacional el importe asignado indebidamente. Si los derechos citados anteriormente han sido cedidos a otros agricultores de forma previa al ajuste, el valor resultante se repercutirá a los derechos del cesionario, los cuales podrán exigir el correspondiente resarcimiento del cedente.

5. Si se demuestra que para el mismo beneficiario, se ha realizado una asignación que excede al número de derechos que en realidad le debiera corresponder y el valor de dichos derechos de pago asignados está por encima del valor que en realidad le corresponde, primero se ajustará el valor de los derechos de pago transfiriéndose el importe asignado indebidamente a la reserva nacional y a continuación, revertirá a la reserva nacional los derechos de pago indebidamente asignados.

6. El ajuste de la cantidad o valor de derechos de ayuda previsto en el presente artículo no dará lugar a un nuevo cálculo sistemático de la convergencia de las regiones a la que pertenecen dichos derechos.

CAPÍTULO IV

Régimen simplificado para pequeños agricultores

Artículo 32. Régimen simplificado para pequeños agricultores: beneficiarios y requisitos.

La asignación del régimen simplificado para pequeños agricultores se regula en el título V del Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo rural.

Artículo 33. Cálculo del pago.

1.Se fijará un importe igual al valor total de los pagos directos que deban concederse al agricultor en 2015, con arreglo a lo establecido en dicha campaña para el régimen de pago básico y pagos relacionados y para las ayudas asociadas, de acuerdo con el título III y el título IV, respectivamente, del Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo rural. A partir de 2015, este importe substituirá, en el caso de los agricultores acogidos al régimen de pequeños agricultores, a los que deban concederse anualmente de conformidad con los citados regímenes de ayudas.

Las superficies que servirán de base para establecer los importes contemplados en el apartado anterior, seguirán siendo las mismas durante todo el período de participación del agricultor en el régimen para pequeños agricultores, y no será de aplicación la convergencia que establece el artículo 16.

Por tanto, el importe que se calcule para la campaña 2015 se mantendrá constante durante las campañas sucesivas.

2. Una vez que se haya realizado el cálculo definitivo de los pagos a percibir por cada agricultor, se fijará mediante orden el límite anual máximo para el pago a los agricultores acogidos al régimen de pequeños agricultores.

3. Para financiar el pago a los agricultores incluidos en el régimen de pequeños agricultores se deducirán de los importes totales disponibles para los respectivos pagos, los importes correspondientes a los importes a los que tendrían derecho los pequeños agricultores:

a) Con arreglo al pago básico.

b) Como pago para las prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente.

c) Como pago para los jóvenes agricultores.

d) Como ayuda asociadas a los agricultores y a los ganaderos.

Artículo 34. Creación de condiciones artificiales.

No se concederá ninguna ventaja a aquellos agricultores respecto de los que se demuestre que, tras el 18 de octubre de 2011, han creado artificialmente las condiciones exigidas para acogerse al régimen simplificado para pequeños agricultores.

Artículo 35. Derechos de pago activados en el régimen simplificado para pequeños agricultores.

1.Los derechos de pago activados en 2015 por un agricultor que participe en este régimen se considerarán derechos activados para todo el período de participación del agricultor en el mismo.

2. Los derechos de pago en propiedad o en arrendamiento de los agricultores durante la participación en dicho régimen no se considerarán derechos de pago no utilizados que deben revertir a la reserva nacional.

3. Los derechos de pago que posean los agricultores que participen en el régimen para pequeños agricultores no serán transmisibles, salvo en caso de herencias, jubilaciones en las que el cesionario de los derechos sea un familiar de primer grado del cedente, programas aprobados de cese anticipado o en casos de incapacidad laboral permanente. Los agricultores que mediante alguna de estas cesiones reciban derechos de pago de un agricultor que participe en el régimen de pequeños agricultores podrán optar a participar en dicho régimen, a condición de que cumplan los requisitos para beneficiarse del régimen de pago básico y reciban en la cesión todos los derechos de pago que posea el agricultor del que recibieron los derechos.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogado el Real Decreto 1680/2009, de 13 de noviembre Vínculo a legislación, sobre la aplicación del régimen de pago único en la agricultura y la integración de determinadas ayudas agrícolas en el mismo a partir del año 2010.

Disposición final primera. Facultad de desarrollo y modificación.

1. Se faculta al Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para adaptar a las exigencias derivadas de la normativa comunitaria:

a) los anexos

b) la modificación de fechas.

2. Se faculta al Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para establecer mediante orden:

a) los valores medios regionales definitivos y el número máximo de derechos que caracterizarán a cada una de las regiones del modelo de aplicación regional para el régimen de pago básico

b) los límites objetivos y no discriminatorios indicados en el artículo 14.2 de este real decreto en relación al proceso de asignación de los derechos de pago básico.

Disposición final segunda. Título competencial.

Este real decreto se dicta al amparo del artículo 149.1.13.ª Vínculo a legislación de la Constitución, que reserva al Estado la competencia exclusiva en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”.

ANEXOS OMITIDOS

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