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SISEJ

Secretarios judiciales desmontan los "mitos" de la Justicia y denuncian la falta de estadísticas del Ministerio

03/12/2014
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El SISEJ advierte de que todos los Ministerios de Justicia de Europa publican sus datos y España tiene una "histórica inactividad"

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El Sindicato de Secretarios Judiciales (SISEJ) han desmontado en un informe los "mitos" de la Administración de Justicia ante los datos sobre litigiosidad y carga de trabajo contradictorios entre distintos organismos y al estar "totalmente desaparecida" la Comisión Nacional de Estadística Judicial, adscrita al Ministerio de Justicia.

En un informe, recogido por Europa Press, la asociación pone de relieve que España cuenta con un ratio de 11,2 jueces por cada 100.000 habitantes y destaca que otros países europeos no disponen de un Cuerpo de Secretarios Judiciales y sus competencias corren a cargo de los propios jueces.

El SISEJ destaca que un 24% de los órganos judiciales no alcanzan el indicador medio de carga de trabajo y considera "muy cuestionable" el modelo de medición que antes tenía el CGPJ. "Dado que la tasa de resolución es de 1, no puede hablarse de colapso de la Administración de Justicia", ha remachado.

DATOS DEL CGPJ NO IDÓNEOS

Dicho esto, ha denunciado el "déficit" de idoneidad de los datos ofrecidos por el Consejo General del Poder Judicial elaborados a partir de "boletines anticuados y defectuosos" y con cifras contradictorias con las de la Fiscalía General del Estado o el Instituto Nacional de Estadística.

A ello se suma, el hecho de que es "completamente imposible" encontrar un solo dato publicado por esta comisión en la página web del Ministerio de Justicia o en el Portal de la Administración de Justicia, lo cual "es especialmente preocupante". "Todos los Ministerios de justicia europeos publican sus estadísticas y en España este hueco lo cubre el CGPJ ante la histórica inactividad del Ministerio", ha añadido.

Concluye que la actual estructura judicial determina la "inoperatividad" del sistema y considera imprescindible acometer programas de políticas públicas que permitan reorganizar la Justicia a largo plazo para lograr un servicio más ágil y eficaz.

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